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Cuando una munición que arde a más de 1.200 °C cae sobre casas civiles, el problema no es técnico ni jurídico: es político.
El 3 de marzo, en los primeros días de la nueva escalada regional iniciada el 28 de febrero de 2026 con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, las Fuerzas de Defensa de Israel volvieron a utilizar fósforo blanco en una zona residencial del Líbano. La organización Human Rights Watch documentó que varios proyectiles impactaron sobre viviendas en la ciudad de Yohmor, en el sureste del país, provocando incendios en al menos dos casas y un coche.
No es un hecho aislado. Human Rights Watch ha certificado al menos tres usos de fósforo blanco contra población civil por parte de Israel desde el 7 de octubre de 2023. Primero en Gaza. Después en Líbano. Y ahora de nuevo en medio de una guerra regional que amenaza con incendiar Oriente Medio.
La cuestión ya no es si se usa. La cuestión es por qué se sigue usando y por qué el sistema internacional sigue mirando hacia otro lado.
Porque el fósforo blanco es una de esas armas que revelan una verdad incómoda del derecho internacional contemporáneo: las reglas existen, pero los poderosos aprenden a moverse en los huecos de esas reglas.
UN ARMA QUE QUEMA HASTA LOS HUESOS
El fósforo blanco es un compuesto formado por cuatro átomos de fósforo que adopta una textura sólida o cerosa. Cuando entra en contacto con el oxígeno, se inflama de forma inmediata y alcanza temperaturas que oscilan entre 800 °C y 1.200 °C, similares a la lava volcánica.
En el campo de batalla se utiliza habitualmente en proyectiles de artillería, como los M825 de 155 milímetros documentados en el ataque contra Yohmor. Estos proyectiles se abren en el aire y dispersan decenas de fragmentos incendiarios que generan un humo blanco espeso.
Su uso militar oficial es crear pantallas de humo para ocultar movimientos de tropas o vehículos.
Pero esa explicación técnica oculta la realidad material de lo que ocurre cuando cae sobre zonas habitadas.
El fósforo blanco no solo quema la piel. La atraviesa. Sigue ardiendo dentro del cuerpo mientras haya oxígeno.
Las partículas incendiarias pueden adherirse a la ropa, penetrar en la carne y continuar combustión en la herida. Si impactan en zonas vitales como la cabeza o el torso, pueden provocar la muerte en pocos minutos. Si no, las víctimas quedan expuestas a lesiones permanentes.
Según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) del Gobierno de Estados Unidos, la exposición al fósforo blanco puede provocar daños hepáticos, cardiacos y renales, además de quemaduras profundas y necrosis.
No es casual que su imagen recuerde a otras armas que marcaron el imaginario moral del siglo XX. Durante la guerra de Vietnam, la fotografía de Phan Thi Kim Phuc, una niña corriendo desnuda tras un ataque de napalm, se convirtió en un símbolo mundial de la brutalidad de la guerra moderna.
El fósforo blanco no es napalm. Pero el resultado sobre la piel humana pertenece a la misma familia de horrores.
LA ZONA GRIS QUE PROTEGE A LOS EJÉRCITOS
El problema jurídico del fósforo blanco es que vive en un limbo legal cuidadosamente construido.
Las dos grandes convenciones que prohíben armas por su naturaleza son la Convención sobre Armas Biológicas de 1972 y la Convención sobre Armas Químicas de 1993. Ambas prohíben sustancias diseñadas para matar o dañar mediante propiedades biológicas o tóxicas.
El fósforo blanco no entra en esa categoría.
Como explicó en 2022 el director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Fernando Arias González, el fósforo blanco no está diseñado para matar mediante toxicidad química, sino mediante propiedades térmicas e incendiarias.
En otras palabras, no mata porque sea venenoso. Mata porque arde a más de mil grados.
Esa distinción técnica es suficiente para dejarlo fuera del listado de armas químicas prohibidas.
La regulación pasa entonces a otro marco: la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales de 1981, especialmente su Protocolo III, que regula las armas incendiarias.
Ese protocolo establece algo que debería ser obvio: las armas incendiarias no pueden utilizarse contra población civil ni contra objetivos militares situados dentro de concentraciones de civiles.
Pero el mismo texto introduce una excepción clave.
Quedan fuera de esa definición las municiones que tengan efectos incendiarios “incidentales”, como las municiones iluminantes, trazadoras o generadoras de humo.
Y ahí aparece la puerta trasera.
El fósforo blanco puede presentarse oficialmente como munición fumígena, destinada a generar cortinas de humo. Aunque en la práctica produzca incendios y quemaduras.
La industria militar diseñó la ambigüedad. El derecho internacional la heredó.
Ese vacío no significa que todo esté permitido. El Derecho Internacional Humanitario, basado en los Convenios de Ginebra, establece tres principios obligatorios en cualquier conflicto armado: distinción, proporcionalidad y precaución.
Distinción entre civiles y combatientes.
Proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Precaución para evitar daños a la población civil.
Usar fósforo blanco en zonas residenciales viola esos principios aunque el arma en sí misma no esté explícitamente prohibida.
Por eso organismos como Human Rights Watch han denunciado repetidamente estos ataques.
Y por eso tanto la Corte Penal Internacional como la Corte Internacional de Justicia investigan actualmente la estrategia militar israelí en Gaza y la región por posibles crímenes de guerra y genocidio.
Pero la realidad política es más simple que el derecho.
Mientras existan aliados poderosos dispuestos a bloquear sanciones, el derecho internacional seguirá siendo un sistema con reglas para algunos y excepciones para otros.
Porque cuando una munición que arde a 1.200 °C cae sobre una casa civil, ya no estamos ante una discusión jurídica.
Estamos ante una decisión política sobre qué vidas merecen protección y cuáles pueden convertirse en humo blanco sobre el cielo de Oriente Medio.
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