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Palomera señala que la nueva acusación muestra que «cada vez hay más intereses en parar el movimiento por la vivienda»
Un nuevo caso de coacción a la libertad de protesta. Una jueza de Barcelona pide tres años de cárcel al portavoz del sindicato de inquilinos, Jaime Palomera, y a otras dos personas por las protestas que realizaron contra el desahucio planteado por los dueños de un edificio, los Fradera, una de las familias ricas de Barcelona con intereses en el sector cosmético e inmobiliario.
En su escrito de acusación, la Fiscalía considera que los inquilinos y Palomera incurrieron en un delito continuado de coacciones y otro de allanamiento de domicilio de persona jurídica por la divulgación de su caso en redes y tres manifestaciones ante el centro de estética propiedad de la familia en el año 2018.
Según la fiscal, llevaron a cabo «una campaña de difamación en redes sociales» tachando a su propietaria de «especuladora». En persona acudieron a su negocio de estética en dos ocasiones para manifestarse ante la puerta del local y el 17 de octubre entraron «megáfono en mano», detalla la fiscal, para protestar contra el desahucio.
El Ministerio Público define la protesta como una acción que «perturbó el funcionamiento ordinario del local asustando a clientes y trabajadores» hasta que sobre las 18:00h. de la tarde salieron tras conseguir una reunión para negociar las condiciones de su alquiler.
Para Palomera la nueva acusación muestra que «cada vez hay más intereses en parar el movimiento por la vivienda por parte no solo del sector inmobiliario, también por parte del Estado». «Pero no dejaremos la desobediencia civil no violenta, es nuestra forma de lucha y con la que hemos conseguido cambiar la ley de los alquileres», ha sentenciado.
Una subida de 450 euros
Todo empezó cuando Fran Ortega, de 35 años, y Alpha Mikeliuna, de 36, y los otros dos acusados, pidieron ayuda al Sindicato de Inquilino y Fem Sant Antoni para informar de que su alquiler podría subir hasta 450 euros al mes (1300 en total) y que al no poder pagar, podían acabar siendo desahuciados.
El sindicato se organizó para protestar en de las oficinas del propietario de la vivienda de Fran y Alpha, un edificio del Instituto de Belleza Francis, en la Ronda de Sant Pere, junto a la plaza de Urquinaona, en Barcelona.
La propiedad mantenía en un estado insalubre el inmueble, en el que se acumularon plagas de termitas, amianto y cañerías de plomo en mal estado, pese a lo cual los inquilinos siguieron abonando el alquiler. Fue cuando se afiliaron al Sindicato de Inquilinos que, según ellos, empezó el acoso por parte de la propiedad.
Al final la propietaria decidió no renovar el contrato y activar el desahucio de los inquilinos, que vivían en el piso con su hijo menor de edad. La denuncia pública del caso y la lucha lograran que los propietarios pudiesen firmar un contrato de alquiler social . El 2019, sin embargo, los Fradera los denunció a ellos y a Palomera.
El sindicato de inquilinos continúa exigiendo al Govern una «ley de alquileres para evitar casos como el que han denunciado hoy, en el que los inquilinos denunciaron acoso inmobiliario y vieron cómo no se les renovaba el alquiler”. Igualmente Palomera ha atacado a la fiscalía por su “beligerancia” y vinculando el juicio a una “criminalización de la protesta”.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.