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La catástrofe forestal revela la fragilidad del modelo territorial y la lógica neoliberal que convirtió la prevención en negocio secundario.
INCENDIOS COMO SÍNTOMA DE UN MODELO FRACASADO
Los incendios que devastan España no son un fenómeno natural sino político. 157.000 hectáreas calcinadas en apenas unas semanas de 2025 lo evidencian: estamos ante un colapso que no puede explicarse solo por la ola de calor o el viento cambiante. Lo que arde son décadas de desinversión en prevención, la desarticulación del mundo rural y la conversión del monte en un territorio abandonado.
En Zamora, el incendio de Uña de Quintana ya es el mayor de la historia del Estado, con 40.000 hectáreas arrasadas. En Ourense, Chandrexa de Queixa suma más de 20.000 hectáreas carbonizadas, récord en Galiza. Entre ambas provincias concentran casi 90.000 hectáreas, un territorio equivalente a un país pequeño europeo. Esta no es una anécdota, es una señal: los incendios son ya estructurales y se han convertido en un indicador político del fracaso de la gestión del territorio.
El filósofo Walter Benjamin advertía que cada catástrofe es continuidad de un orden existente, nunca accidente aislado. Aquí la continuidad es clara: se repite el ciclo inaugurado en 2012 y 2022, los dos peores años de fuegos registrados. Lo extraordinario se normaliza, lo histórico se vuelve cíclico, y lo evitable se transforma en destino.
LA POLÍTICA REDUCIDA A GESTIÓN DEL DESASTRE
La raíz del problema no está en la meteorología sino en la precarización del sistema de extinción. Bomberos forestales con sueldos de 1.300 euros mensuales y jornadas de 20 horas son la norma en comunidades como Madrid, Castilla y León o Galiza. El modelo externalizado y privatizado convierte la defensa del monte en un negocio temporal, donde el ahorro pesa más que la prevención. Lo advirtió un informe de la FAO en 2021: cada euro invertido en prevención ahorra siete en extinción. España eligió lo contrario.
La política institucional responde siempre igual: con teatralidad. Isabel Díaz Ayuso responsabiliza a la “agenda ideológica” de entorpecer la extinción, mientras Feijóo critica desde sus vacaciones. El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León no interrumpe una comida en Asturias y lo justifica con un “tenemos la mala costumbre de comer”. La indiferencia se viste de rutina, y la negligencia de normalidad.
El Gobierno central presume de haber desplegado 56 aeronaves, 1.400 efectivos de la UME y 5.000 guardias civiles. Sin embargo, como señalan las organizaciones ecologistas, España sigue gastando más en apagar que en prevenir. Pedro Sánchez propone un pacto de Estado frente a la emergencia climática, pero sin inversión radical en prevención y repoblación del medio rural será un pacto vacío.
Mientras tanto, Las Médulas, patrimonio de la humanidad, han ardido. El fuego ha entrado en Picos de Europa, obligando a evacuar diez localidades. El patrimonio natural y cultural se consume con la misma facilidad con que se consumen las promesas de los gobiernos.
Los incendios son un espejo: muestran no solo la crisis climática, sino la forma en que el neoliberalismo ha moldeado la gestión del territorio. La selva burocrática sustituye al bosque real. El gasto militar crece mientras el monte se convierte en yesca. Y en las aldeas, las vecinas y vecinos que apagan con cubos de agua recuerdan con brutal claridad que lo que se quema no es solo naturaleza, es la última frontera de la vida rural, de la memoria colectiva y de la dignidad social.
España no se quema, la queman sus estructuras. Y cada verano, entre cenizas, esa verdad se vuelve insoportable.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
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Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
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