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Ayuso usó el miedo como política de vivienda mientras ignoraba 200.000 pisos vacíos y 15.000 turísticos en Madrid
Isabel Díaz Ayuso lleva años alimentando un relato de terror inmobiliario: la okupación. Un enemigo útil, emocional, perfecto para desviar el foco del verdadero problema del acceso a la vivienda. La cifra con la que ha intentado justificar su propaganda: “más de 9.000 viviendas afectadas”. La realidad, según el Ministerio del Interior: 280 ocupaciones en un parque de casi tres millones de viviendas. Menos del 0,01 %. Es decir, una ocupación por cada 10.700 casas. Pero para Ayuso eso justifica leyes, millones en ayudas, teléfonos 24h y una narrativa mediática constante.
Desde 2022, el teléfono contra la okupación de Ayuso ha recibido solo 246 llamadas. En tres años. Un dato que, lejos de confirmar una epidemia, deja al descubierto una descomunal maquinaria propagandística diseñada para infundir miedo y servir a los intereses de los especuladores, no a las necesidades de las y los madrileños.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado ahora un nuevo protocolo contra la okupación, acompañado de asesoramiento jurídico y atención psicológica. Una campaña de imagen con dinero público para consolidar una amenaza residual. 44 desalojos en tres años. Dos por mes. Frente a eso, 15.000 pisos turísticos solo en Madrid ciudad, 200.000 viviendas vacías en la región y miles de personas sin acceso a un alquiler asequible.
UNA MENTIRA QUE CUESTA MILLONES Y EMPEORA LA CRISIS DE VIVIENDA
Ayuso afirma que la okupación y la ley estatal de vivienda son las culpables del alza del alquiler. Es decir: culpa a quienes no tienen casa, a quienes ocupan una vivienda vacía por necesidad, y a una ley que busca limitar abusos. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid sigue sin políticas eficaces para frenar la especulación, ni para movilizar los miles de inmuebles vacíos que se pudren en manos de fondos buitre, bancos y grandes tenedores.
La presidenta ha destinado más de dos millones de euros a compensar arrendadores por impagos o supuestas ocupaciones. En cambio, no ha habilitado una red pública suficiente de alquiler social, ni ha ampliado las ayudas legales para quienes enfrentan desahucios por impago o por subidas de alquiler inasumibles. El Sindicato de Inquilinas ha denunciado con claridad que el Gobierno de Ayuso se niega a abordar los problemas reales: la masificación turística, la falta de oferta pública, la especulación rampante y el abandono de la vivienda como derecho constitucional.
Mientras el Gobierno central impulsa medidas para proteger a quienes alquilan, Ayuso alienta la desconfianza, sugiere que alquilar es un riesgo y promueve que la vivienda se convierta en activo financiero y no en un bien social. Ella misma lo dijo sin rubor: “Esto provoca que otros muchos ciudadanos no se atrevan a poner su vivienda en el mercado”.
La presidenta no actúa como una responsable pública que garantiza derechos, sino como una gestora al servicio de los intereses inmobiliarios. Prefiere sembrar miedo con campañas como el ‘Proyecto 112 Ocupación’ que afrontar el hecho de que los verdaderos enemigos del acceso a la vivienda en Madrid son los lobbies turísticos, los fondos de inversión y la inacción política.
Ayuso ha construido una narrativa en la que quien ocupa por necesidad es el agresor, y quien mantiene pisos vacíos por codicia es la víctima. Es la misma lógica que lleva a perseguir a quienes duermen en la calle y a premiar a los que inflan precios y expulsan a familias de sus barrios.
¿Dónde está la alarma mediática por esas 200.000 viviendas vacías? ¿Por qué no hay una línea 112 para inquilinas e inquilinos acorralados por subidas del 50%? ¿Dónde está la psicóloga para la madre que va a ser desahuciada con su criatura por no poder asumir un alquiler que se ha duplicado en cuatro años?
El negocio de la vivienda en Madrid se sostiene sobre el miedo, la mentira y el castigo a la pobreza. Lo de la okupación era solo una coartada. Una cortina de humo más para ocultar que la emergencia habitacional no la crean quienes resisten, sino quienes saquean el derecho a techo en nombre del beneficio.
Y eso, por mucho teléfono y titular que inventen, ya no cuela.
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Puro fascísmo.
Como todo lo que hace en políticas sociales, 50 € de inversión y ningún resultado.