La resignificación imposible sigue siendo la herida abierta que el Estado intenta maquillar con 30,5 millones de euros enterrados a los pies de la cruz.
EL PASADO QUE NO SE QUIERE MIRAR
Cincuenta años después de la muerte del dictador, España mantiene en pie el mayor altar fascista de Europa. Un monumento construido con trabajo esclavo, diseñado para imponer miedo y celebrado todavía hoy como lugar de romería de ultras españoles e internacionales. Y aun así, el Estado dice querer resignificarlo. Convertir ese crimen de piedra en un espacio para la memoria democrática. Un malabarismo que nadie ha conseguido explicar sin retorcer argumentos.
El 24 de octubre de 2019 (seis años ya), los restos de Franco abandonaron el Valle. El 24 de abril de 2023 le siguió Primo de Rivera. Y el Gobierno corrió a venderlo como el inicio de una nueva era. Cambio de nombre, topónimo Cuelgamuros, promesa de resignificación inmediata. Sin embargo, la estructura más violenta del franquismo sigue intacta. La cruz continúa vigilando la sierra como un recordatorio vertical de quién mandó aquí. Y la comunidad benedictina (las y los mismos que oficiaron misas por la dictadura durante décadas) mantiene el control sobre la basílica, la hospedería y la escolanía.
El 11 de noviembre de 2025 el Gobierno anunció el proyecto ganador para transformar el enclave. Una intervención de Pereda Pérez Arquitectos y Lignum S.L.: eliminar la escalinata, levantar un gran soportal y construir un centro de interpretación soterrado. Coste: 30,5 millones. Inicio en 2027. Cuatro años de obra. Y una pregunta que atraviesa todo esto: ¿cómo se puede construir un museo de la memoria pegado a un santuario franquista que sigue en manos de la Iglesia católica?
Los familiares de las víctimas republicanas enterradas allí conocen la respuesta. No se resignifica lo que nunca dejó de ser un mausoleo del terror.
MEMORIA ENTERRADA BAJO 30 MILLONES
Mientras se anuncian audiovisuales “envolventes”, miles de cuerpos siguen abandonados en las criptas y osarios. Restos trasladados sin permiso, escondidos durante décadas y hoy atrapados en procedimientos forenses eternos. Desde junio de 2023 se han localizado 36 cajas con hasta 488 víctimas. Solo se han identificado 21. Un ritmo que condena a las familias a morir sin respuestas.
La historia no es nueva. En 2007, la Ley de Memoria Histórica ya prohibía exaltaciones franquistas en el recinto. En 2011, una comisión experta encabezada por historiadoras y politólogos elaboró un informe sobre su futuro. El Gobierno de Rajoy lo guardó en un cajón. Allí estuvo 14 años. Resignificar el Valle siempre ha sido un tabú político.
Carme Molinero, catedrática de Historia Contemporánea y miembro de aquella comisión, lo resume sin ambigüedades: “Las resistencias han sido siempre extraordinarias”. Para ella, el nuevo proyecto tiene valor: un centro previo a la basílica que contextualice el horror. Pero la pregunta vuelve: ¿qué memoria es posible si la Iglesia continúa controlando el corazón del complejo?
No todas y todos comparten ese optimismo. El historiador del arte Manuel Martín no se anda con rodeos: “Colocar un museo de memoria pared con pared con la basílica es un disparate”. Recuerda que en el tribunal del concurso participó un exmiembro de la escolanía del Valle. Y que la idea de colaboración con la Iglesia revela hasta qué punto “la democracia heredó, dócilmente, los límites que Franco dejó escritos”.
La ARMH va más lejos. Emilio Silva denuncia que la congregación gestiona sin concurso público la hospedería y actúa como anfitriona de los sectores más reaccionarios del país. Un negocio financiado con patrimonio del Estado, mientras las exhumaciones avanzan a paso de tortuga.
Otra crítica esencial: el lugar. ¿Un museo de la memoria en mitad de la sierra de Guadarrama, sin transporte público, sin accesibilidad, sin visibilidad? Martín lo sintetiza así: “La memoria democrática no debería quedar enterrada en un monte”.
Las cifras escuecen. Treinta millones para un museo. Casi nada para identificar a las víctimas. Y mientras tanto, como recuerda el historiador, el Valle entero es un crimen. No hay que resignificarlo porque no es un lugar neutral. Es un espacio construido para glorificar la violencia fundacional del franquismo. Un ecosistema de represión petrificada que no se modifica sustituyendo escalones por audiovisuales.
Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación, lo expresa con una claridad que no admite matices: “El Valle es irresignificable, solo tiene un significado”. El horror continuado del secuestro de los cuerpos. La mayor fosa común de España. En un país con unas 6.000 fosas y más de 100.000 desaparecidos.
Y añade algo que debería avergonzar al Estado: “Desde agosto de 2023 esperamos la identificación de restos ya recuperados”. Los hijos y sobrinos de los desaparecidos están falleciendo. Quedan las y los nietos. El tiempo se acaba.
Frente a eso, el Gobierno ofrece un museo soterrado. Un gesto arquitectónico. Un relato pulido. Una apuesta estética que evita tocar lo esencial: la cruz, la basílica, la comunidad benedictina, el carácter sacralizado del conjunto.
Navarro lo resume con una frase que pesa más que los 30 millones presupuestados: “Basta de eslóganes. Queremos compromisos reales”.
España lleva medio siglo intentando maquillar una herida que nunca se atrevió a coser. Y en Cuelgamuros, el silencio sigue sonando más fuerte que cualquier discurso sobre la memoria democrática.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
Durante años nos hablaron de la economía de la atención. Ahora, las grandes empresas tecnológicas han dado un paso más allá para monetizar algo mucho más íntimo: nuestro apego emocional. Desde dispositivos…
PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
Durante las últimas semanas hemos ido desgranando las figuras que convirtieron a la «PayPal Mafia» en una de las redes de poder e influencia más determinantes del planeta a través de los…