Eslovenia abre la puerta al racismo de Estado mientras presume de legalidad 

Una ley que convierte a una minoría en “zona vigilada” no es seguridad: es segregación institucional.

Cuando un Gobierno dice que no discrimina mientras señala un territorio entero, la alarma no es retórica, es democrática.

UNA LEY QUE SE VENDE COMO SEGURIDAD Y SE APLICA COMO CASTIGO COLECTIVO

El Gobierno de Eslovenia ha aprobado una normativa que transforma barrios enteros habitados por personas gitanas en espacios de sospecha permanente, y lo ha hecho con el tono burocrático de quien tramita un trámite más, como si no fuera un parteaguas legal y moral en pleno 2025 dentro de la Unión Europea. La llamada “Ley Šutar”, aprobada en la medianoche del 17 de noviembre de 2025, permite que la policía entre en viviendas y vehículos sin orden judicial dentro de lo que denominen “zonas de riesgo para la seguridad”. Esas zonas serán decididas por directores policiales y no por jueces, con criterios discrecionales, evaluaciones internas y un margen de interpretación tan amplio como peligroso.

El detonante fue la muerte de Aleš Šutar, tras un altercado con un joven gitano de 21 años en Novo Mesto. El caso desató protestas masivas, la dimisión de dos ministros y un clima de histeria que el Gobierno ha decidido surfear en vez de contener. El primer ministro Robert Golob, autodefinido como centro-izquierda, repite que la ley “no va contra un grupo étnico en particular”. Pero la geografía, la historia y las estadísticas dicen otra cosa: las áreas señaladas coinciden, casi de forma quirúrgica, con barrios gitanos. El poder policial ilimitado siempre cae sobre la misma gente. Sobre las mismas casas. Sobre las mismas familias. Sobre quienes ya estaban más expuestos.

Mensur Haliti, vicepresidente de Roma Foundation for Europe, lo resume con precisión: “Esta ley convierte barrios enteros en zonas de seguridad y a sus residentes en categorías de seguridad”. Y añade algo más grave: reduce el coste político de perseguir a una minoría que ya vive excluida de la participación libre. No es una figura literaria, es una advertencia sobre la deriva autoritaria de un Estado miembro de la UE.

DE LA SEGURIDAD A LA SEGREGACIÓN: CUANDO EL MIEDO SE CODIFICA EN UNA LEY

El texto legal no solo otorga entrada policial sin autorización judicial. También habilita el uso de drones, sistemas de fotografía masiva y reconocimiento de matrículas siempre que la policía considere que “la vida o la propiedad” están en riesgo. Es la arquitectura perfecta para vigilar a toda una comunidad bajo la justificación de un único crimen. Es el sueño húmedo de cualquier política securitaria: un laboratorio donde probar hasta dónde puede llegar la excepcionalidad sin llamarla por su nombre.

La izquierda eslovena se negó siquiera a participar en la votación, calificando la reforma de represiva. Pero el Gobierno avanza cobijado en un dato inquietante: más del 60% de apoyo ciudadano, según una encuesta de RTV Eslovenia. El miedo fabrica mayorías cómodas y aplasta minorías incómodas. Nada nuevo. Pero sí especialmente peligroso cuando el país se aproxima a las elecciones de marzo de 2026, con el ex primer ministro Janez Janša y su Partido Democrático Esloveno —derecha nacionalista— a la espera de beneficiarse de cualquier giro reactivo del electorado.

Golob intenta blindarse como gestor, pero lo que está consolidando es otra cosa: una frontera interna que marca quién merece derechos y quién merece vigilancia. Una ley así no combate el crimen, lo territorializa. No protege a la ciudadanía, la clasifica. No desescala la tensión, la normaliza.

Haliti ha lanzado una advertencia que resuena más allá de Eslovenia: “Si la UE permite que el miedo se convierta en política interna no puede dar lecciones sobre democracia ni Estado de derecho”. La reflexión es incómoda, pero contundente. Europa lleva años alarmándose por Hungría, Polonia o los gobiernos ultras del continente. Ahora es un Ejecutivo de centro-izquierda el que impone medidas que, si se aplicaran a cualquier otro colectivo, serían consideradas una aberración.

Nada erosiona más rápido una democracia que la idea de que hay personas que deben ser vigiladas por definición. La ley ya está aprobada. El daño político también. Toca señalarlo con claridad: cuando normalizas la excepción, lo excepcional pasa a ser la libertad