Una ley que convierte a una minoría en “zona vigilada” no es seguridad: es segregación institucional.
Cuando un Gobierno dice que no discrimina mientras señala un territorio entero, la alarma no es retórica, es democrática.
UNA LEY QUE SE VENDE COMO SEGURIDAD Y SE APLICA COMO CASTIGO COLECTIVO
El Gobierno de Eslovenia ha aprobado una normativa que transforma barrios enteros habitados por personas gitanas en espacios de sospecha permanente, y lo ha hecho con el tono burocrático de quien tramita un trámite más, como si no fuera un parteaguas legal y moral en pleno 2025 dentro de la Unión Europea. La llamada “Ley Šutar”, aprobada en la medianoche del 17 de noviembre de 2025, permite que la policía entre en viviendas y vehículos sin orden judicial dentro de lo que denominen “zonas de riesgo para la seguridad”. Esas zonas serán decididas por directores policiales y no por jueces, con criterios discrecionales, evaluaciones internas y un margen de interpretación tan amplio como peligroso.
El detonante fue la muerte de Aleš Šutar, tras un altercado con un joven gitano de 21 años en Novo Mesto. El caso desató protestas masivas, la dimisión de dos ministros y un clima de histeria que el Gobierno ha decidido surfear en vez de contener. El primer ministro Robert Golob, autodefinido como centro-izquierda, repite que la ley “no va contra un grupo étnico en particular”. Pero la geografía, la historia y las estadísticas dicen otra cosa: las áreas señaladas coinciden, casi de forma quirúrgica, con barrios gitanos. El poder policial ilimitado siempre cae sobre la misma gente. Sobre las mismas casas. Sobre las mismas familias. Sobre quienes ya estaban más expuestos.
Mensur Haliti, vicepresidente de Roma Foundation for Europe, lo resume con precisión: “Esta ley convierte barrios enteros en zonas de seguridad y a sus residentes en categorías de seguridad”. Y añade algo más grave: reduce el coste político de perseguir a una minoría que ya vive excluida de la participación libre. No es una figura literaria, es una advertencia sobre la deriva autoritaria de un Estado miembro de la UE.
DE LA SEGURIDAD A LA SEGREGACIÓN: CUANDO EL MIEDO SE CODIFICA EN UNA LEY
El texto legal no solo otorga entrada policial sin autorización judicial. También habilita el uso de drones, sistemas de fotografía masiva y reconocimiento de matrículas siempre que la policía considere que “la vida o la propiedad” están en riesgo. Es la arquitectura perfecta para vigilar a toda una comunidad bajo la justificación de un único crimen. Es el sueño húmedo de cualquier política securitaria: un laboratorio donde probar hasta dónde puede llegar la excepcionalidad sin llamarla por su nombre.
La izquierda eslovena se negó siquiera a participar en la votación, calificando la reforma de represiva. Pero el Gobierno avanza cobijado en un dato inquietante: más del 60% de apoyo ciudadano, según una encuesta de RTV Eslovenia. El miedo fabrica mayorías cómodas y aplasta minorías incómodas. Nada nuevo. Pero sí especialmente peligroso cuando el país se aproxima a las elecciones de marzo de 2026, con el ex primer ministro Janez Janša y su Partido Democrático Esloveno —derecha nacionalista— a la espera de beneficiarse de cualquier giro reactivo del electorado.
Golob intenta blindarse como gestor, pero lo que está consolidando es otra cosa: una frontera interna que marca quién merece derechos y quién merece vigilancia. Una ley así no combate el crimen, lo territorializa. No protege a la ciudadanía, la clasifica. No desescala la tensión, la normaliza.
Haliti ha lanzado una advertencia que resuena más allá de Eslovenia: “Si la UE permite que el miedo se convierta en política interna no puede dar lecciones sobre democracia ni Estado de derecho”. La reflexión es incómoda, pero contundente. Europa lleva años alarmándose por Hungría, Polonia o los gobiernos ultras del continente. Ahora es un Ejecutivo de centro-izquierda el que impone medidas que, si se aplicaran a cualquier otro colectivo, serían consideradas una aberración.
Nada erosiona más rápido una democracia que la idea de que hay personas que deben ser vigiladas por definición. La ley ya está aprobada. El daño político también. Toca señalarlo con claridad: cuando normalizas la excepción, lo excepcional pasa a ser la libertad
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
Durante años nos hablaron de la economía de la atención. Ahora, las grandes empresas tecnológicas han dado un paso más allá para monetizar algo mucho más íntimo: nuestro apego emocional. Desde dispositivos…
PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
Durante las últimas semanas hemos ido desgranando las figuras que convirtieron a la «PayPal Mafia» en una de las redes de poder e influencia más determinantes del planeta a través de los…