En España se tortura: por el fin de la impunidad y la complicidad institucional y mediática 

Las autoridades del Estado, incluida la policía, tienen la obligación máxima de respetar y proteger el derecho a la libertad y a la manifestación. Por el fin de las torturas.

Desde las calles de Estados Unidos hasta las favelas de Río de Janeiro, pasando por los cuarteles de la Guardia Civil en España, el uso ilegítimo de la fuerza por la policía debe denunciarse y terminar. En incontables casos la policía recurre a la fuerza con demasiada rapidez para controlar protestas o manifestaciones utilizando la violencia de forma reiterada e ilegítima contra manifestantes.

Con demasiada frecuencia no se lleva ante la justicia a los agentes que han herido (o matado) a personas al hacer uso ilegítimo de la fuerza. Tenemos que lograr que la policía deje de usar la fuerza incumpliendo la ley, y que quienes hieren a ciudadanos y ciudadanas de forma ilícita rindan cuentas de sus actos.

El término “brutalidad policial” se usa para referirse a diversas violaciones de derechos humanos cometidas por la policía. Puede incluir palizas, insultos racistas, tortura, homicidio ilegítimo o el uso indiscriminado de represión de disturbios en manifestaciones.

Un ejemplo de esta violencia ejercida contra los manifestantes se pudo ver en la presentación de la campaña de Vox a las elecciones autonómicas del 4 de mayo este miércoles, que concluyó en el barrio madrileño de Vallecas en una batalla campal con cargas policiales. 

Cuando Vox decidió abrir su campaña en Vallecas, donde el voto de izquierdas supera el 65%, sabía perfectamente que se trataba de un entorno menos confortable para ellos que otras zonas de Madrid. Buscó la batalla. Pese a que el partido de extrema derecha carecía de autorización para celebrar un evento de esas características, la Policía Nacional evitó adoptar cualquier medida para impedir que se celebrase ese acto, que carecía de permisos. Tampoco actuó la Policía Local de Madrid, encargada de velar en este caso por el cumplimiento de la resolución dictada el pasado lunes. No detuvo a Abascal cuando decidió cruzar el cordón policial buscando agitar a quienes se manifestaban en su contra. 

Sin embargo, la policía sí cargó contra los antifascistas, dejando imágenes de represión y violencia policial. Cuando el uso policial de la fuerza es innecesario o excesivo, puede además constituir tortura u otros malos tratos. Además, el uso ilegítimo de la fuerza por la policía puede violar los derechos a no sufrir discriminación, a la libertad y la seguridad, y a la igualdad de protección ante la ley.

Es importante llegados a este punto recordar que las autoridades del Estado, incluida la policía, tienen la obligación máxima de respetar y proteger el derecho a la vida, a la libertad y a la manifestación.

Agredido estando detenido

Un ejemplo práctico de esta violencia policial la tuvimos estos días. Uno de los detenidos tras los disturbios ocurridos en Vallecas salía de la comisaría de Moratalaz con varias heridas que han sido provocadas por numerosos agentes de la Policía Nacional, según afirmaba.

Testificó ante el juez después de casi 48 horas detenido y, tras esto, dos Guardias Civiles le han vuelto a agredir ya en los juzgados de Plaza de Castilla, provocándole una brecha en la cabeza y diversos hematomas. Estos golpes se suman a los anteriores recibidos en la manifestación y en la comisaría: «Me han metido en un cuarto y me han dado una paliza», aseguró.

Su abogado afirma que en la entrevista reservada que ha mantenido con el joven, este le ha asegurado que los dos guardias civiles que están a la puerta de los calabozos de Plaza de Castilla le habían amenazado, «y como tal lo ha hecho constar en la declaración ante el juez», asegura el letrado.

El agredido afirma que las agresiones comenzaron en la propia detención. Tal y como explicita su hermana, «en el hospital tuvieron que darle varios puntos de sutura en lo oreja y le curaron algunas heridas que la Policía le había causado durante la detención». De allí volvió a Moratalaz, «y no le volvieron a hacer nada hasta que una abogada le visitó».

El joven presentaba hasta tres abrasiones en la cabeza y una «herida en piel de conducto auditivo externo de oreja derecha de cinco milímetros». En el tórax apreciaron cinco contusiones y otra abrasión; y en las extremidades valoraron siete contusiones más y una nueva abrasión. Tras una prueba facial, objetivaron una «fractura de la porción ósea del septo nasal hacia la fosa nasal derecha». La especialista en otorrinolaringología que le atendió, además, constató «una herida de un centímetro en zona inferior de antitrago», la cual fue limpiada y suturada mediante un punto. El especialista de urgencias de cirugía ortopédica y traumatología refleja «erosiones cutáneas de tipo erosivo y contusas con aspecto continuo que recuerdan a una barra». El juicio clínico que aparece en el informe médico es de «policontusión».

Rendición de cuentas

Nadie está por encima de la ley, especialmente quienes tienen la obligación de defenderla y respetarla. Todos los casos de uso policial de violencia deben someterse a una investigación exhaustiva, independiente, imparcial y transparente y, en caso de hallarse culpable, el agente presuntamente responsable debe ser procesado.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha documentado cómo los agentes de policía que matan o hieren ilícitamente a menudo quedan impunes. Hay múltiples razones para que esto suceda. En algunos casos, las fuerzas policiales y de seguridad presionan y amenazan a jueces, testigos o supervivientes para que se retiren los cargos. En otros se promulgan leyes que garantizan inmunidad a la policía o ponen trabas a la acción de la justicia, incluso si los agentes han actuado ilegalmente.

Los gobiernos tienen la obligación de garantizar que todas las personas pueden ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, incluso a través de la protesta.

Existen directrices internacionales muy claras sobre la conducta policial durante una protesta:

• Es responsabilidad de la policía facilitar la protesta pacífica. Si aumenta la tensión, tiene la obligación de intentar rebajarla.
• Si algunos manifestantes participan en acciones violentas, eso no significa que la protesta, por lo demás pacífica, se haya transformado en una reunión violenta. La policía debe garantizar que quienes mantienen una actitud pacífica puedan seguir protestando.
• Los actos de violencia cometidos por una pequeña minoría no justifican el uso indiscriminado de la fuerza.
• Cuando sea inevitable el uso de la fuerza para garantizar la seguridad de otras personas, la policía debe usar la fuerza mínima necesaria.
• La decisión de disolver una protesta debe adoptarse como último recurso, cuando hayan fracasado todas las demás medidas menos restrictivas.
• El gas lacrimógeno y el cañón de agua sólo deben usarse para disolver una protesta si la gente puede escapar del lugar. Sólo se podrá recurrir a ellos en situaciones de violencia generalizada y cuando otros medios más selectivos no sirvan para contener la violencia.
• NUNCA deben utilizarse armas de fuego para dispersar una multitud.