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Más de un año y medio de instrucción, amenazas a la prensa y nuevas imputaciones para sostener un caso cada vez más político
UN JUEZ OBSTINADO, UNA INSTRUCCIÓN ETERNA Y UN BLANCO CLARO
El juez Juan Carlos Peinado ha decidido alargar aún más la instrucción contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, con una nueva batería de diligencias que rozan lo grotesco. Veinte meses después del inicio de una investigación sin pruebas concluyentes, el magistrado ordena más interrogatorios, más informes, más registros y una nueva imputación: la de Judith Alexandra Gómez, actual secretaria general de Presidencia, simplemente por ocupar el mismo cargo que tuvo Félix Bolaños cuando Cristina Álvarez —asistente de Begoña Gómez y también imputada— fue contratada.
El movimiento se produce tras la negativa de la Audiencia Provincial de Madrid a trocear la causa en dos procesos distintos —una maniobra que habría favorecido el relato de una macrotrama inexistente— y después de que la Fiscalía le recordara que no puede prorrogar causas tramitadas por la vía del jurado. Peinado ha estirado los límites legales y procesales hasta deformarlos, sin que hasta ahora nadie le haya puesto freno.
En su último auto, fechado en noviembre de 2025, Peinado cita a nueve nuevos testigos y pide a Moncloa que le facilite las agendas, los pasaportes y todos los registros de viajes de Begoña Gómez y su asistente, con la intención de cruzar datos que permitan justificar una acusación aún sin sustancia penal. Además, encarga a la UCO un informe que determine si esas actividades estaban relacionadas con “actividades personales o profesionales” de Gómez. ¿El objetivo? Mantener viva una causa sin base jurídica bajo un barniz de exhaustividad.
Pero el esfuerzo obsesivo por mantener el caso abierto contrasta con el silencio sobre el papel de las organizaciones de extrema derecha que ejercen como acusación popular. La petición de éstas para que se cite al presidente del Gobierno ha sido, esta vez, desestimada. Una decisión llamativa cuando se compara con la facilidad con la que el magistrado ha accedido a investigar hasta la vida laboral de una asesora y el historial completo de correos y mensajes privados entre ella y empresas desde 2018.
UNA INVESTIGACIÓN ORIENTADA POLÍTICAMENTE Y UN ATAQUE DIRECTO A LA PRENSA
Mientras presiona a Moncloa y a sus trabajadoras y trabajadores, Peinado mantiene imputado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martínez, y ya intentó sin éxito hacerlo también con el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Ahora, Judith Alexandra Gómez entra en la misma espiral procesal, citada para el 12 de noviembre.
La justicia deja de ser ciega cuando pone la diana sobre una persona por su vínculo con el poder político. Porque si Begoña Gómez no fuera la esposa de Pedro Sánchez, este caso no existiría. No habría informes de la UCO ni pasaportes requisados. No habría agendas personales escudriñadas ni nóminas intervenidas. El enésimo intento de convertir la vida privada de una mujer no electa en munición política sigue adelante gracias a un juez que, además, ha llegado a amenazar a la prensa crítica con querellas y multas económicas.
En efecto, el mismo magistrado que dedica recursos públicos a revisar las citas de una asesora exige 50.000 euros a elDiario.es por una entrevista con Óscar Puente. Un aviso a navegantes: quien ose cuestionar sus decisiones judiciales o su conducta será castigado. No es justicia, es intimidación. No es transparencia, es censura encubierta con toga.
Además, el auto incorpora una solicitud especialmente reveladora: Peinado pide un informe detallado sobre el número, funciones y cargos de las y los asistentes que han tenido los cónyuges de expresidentes anteriores. La idea no es comparar para detectar irregularidades. Es construir un relato de excepcionalidad y privilegio donde probablemente no lo hay. Un relato útil para quienes desean asociar el nombre de Sánchez con el clientelismo, aunque no haya rastro penal que lo sostenga.
En definitiva, la causa contra Begoña Gómez se ha convertido en un proceso de desgaste institucional dirigido por un magistrado que actúa con lógica de parte. La Fiscalía ha dejado claro que no procede prorrogar la instrucción. La Audiencia ya ha rechazado su estrategia de duplicación del caso. Pero el juez Peinado sigue adelante, como si lo suyo no fuera instruir un proceso penal, sino alimentar una narrativa para tertulias y portadas.
La justicia no es justicia cuando se convierte en instrumento de vendetta política. Y el tiempo lo confirmará.
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