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Cinco décadas después de la Marcha Verde, el Estado español ha enterrado su responsabilidad como potencia administradora, favoreciendo los intereses de Rabat y traicionando el derecho internacional
CINCUENTA AÑOS DE COMPLICIDAD Y CÁLCULO MILITAR
En noviembre de 1975, mientras el dictador Franco agonizaba, España dejaba atrás el Sáhara Occidental. Lo hacía en silencio, mirando hacia otro lado, mientras la Marcha Verde orquestada por Hasan II se abría paso sobre el territorio con total impunidad. Desde entonces, la política exterior española ha consistido en una cadena ininterrumpida de traiciones, cobardías y estrategias de desgaste para mantener una falsa neutralidad que siempre ha favorecido a Marruecos.
España sigue siendo, según Naciones Unidas, la potencia administradora del Sáhara Occidental. Pero actúa como si no lo fuera. El compromiso con el referéndum de autodeterminación, recogido en el plan de paz de la ONU de 1991, fue vaciado de contenido por todos los gobiernos posteriores. La realidad es que el referéndum jamás se celebró, porque Marruecos se negó a permitirlo. Y España, en lugar de ejercer presión diplomática, se acomodó en la inacción.
Detrás de esa inacción había un cálculo cínico: permitir que Marruecos siguiera consumiendo recursos y energía militar para controlar el territorio ocupado —llegando a desplegar 120.000 soldados— y evitar así que pudiera destinar fuerzas a presionar por Ceuta, Melilla o las islas. Era una estrategia de desgaste ajeno: dejar que el Reino alauita se desangrara en el Sáhara para desviar su ambición territorial de otras zonas bajo soberanía española.
El precio de esa estrategia lo pagó, como siempre, el pueblo saharaui. Condenado al exilio, a la ocupación, al olvido. Abandonado por quienes firmaron su entrega a espaldas del derecho internacional.
EL GIRO GEOPOLÍTICO QUE CULMINA EN TRAICIÓN
El viraje definitivo se fue gestando durante décadas, pero tuvo un acelerón tras los atentados del 11M. Desde entonces, España aceptó como moneda de cambio la complicidad con Rabat a cambio de “seguridad”: lucha contra el narcotráfico, control de flujos migratorios y cooperación antiterrorista. La dignidad del pueblo saharaui quedó convertida en una ficha más de esa partida sucia.
El cambio no fue solo estratégico, también simbólico. En diciembre de 2020, Donald Trump proclamó —violando abiertamente el derecho internacional— que el Sáhara era marroquí. A cambio, Marruecos reconocía a Israel. La geopolítica del chantaje se impuso sobre la legalidad. Y España no solo no protestó, sino que dio un paso más en su entrega.
La aprobación de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad en 2025 ha coronado este proceso de abandono. La ONU sigue mencionando la vía de la autodeterminación, pero ahora califica la propuesta de autonomía de Marruecos como “la opción más viable”. Palabras envenenadas que blanquean la ocupación y entierran décadas de lucha saharaui.
Mohamed VI ya celebra el 31 de octubre como Día de la Unidad, dando por hecho que el Sáhara le pertenece. Lo hace con el aval diplomático de las potencias y con la complicidad tácita de España, incapaz siquiera de mirar a los ojos a su propia sociedad, mayoritariamente solidaria con el pueblo saharaui.
No se trata de una victoria marroquí, sino de una derrota ética española. Una rendición. España ha elegido apaciguar a quien la chantajea con avalanchas migratorias, incumplimientos aduaneros y amenazas veladas. Y ha decidido hacerlo a costa del pueblo que debía proteger.
La diplomacia del chantaje ha ganado. Pero la historia no absuelve a quienes traicionan la justicia.
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