Ayuso intenta frenar la regularización de migrantes con bulos sobre sanidad, ayudas y “colapso” social 

La presidenta madrileña ha llevado al Supremo un relato construido sobre medias verdades y miedo mientras miles de personas ya usan esos servicios porque tienen derecho a hacerlo

La Comunidad de Madrid ha decidido convertir la pobreza y la irregularidad administrativa en una amenaza política. Otra vez. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso para intentar paralizar cautelarmente la regularización extraordinaria de personas migrantes impulsada por el Ejecutivo central. Y lo ha hecho utilizando un argumentario que mezcla tergiversaciones, alarmismo y un viejo truco de manual: señalar a quienes menos tienen para tapar el deterioro previo de los servicios públicos.

La vista se celebrará este viernes. Madrid sostiene que regularizar a miles de personas “desbordará” la sanidad, la educación y las ayudas sociales. El problema es que buena parte de esas personas ya utilizan esos servicios porque la ley española se los reconoce desde hace años. No es una hipótesis. Ya ocurre. Ya están aquí. Ya trabajan, estudian, cuidan mayores, limpian oficinas o sostienen sectores enteros de la economía precaria madrileña mientras parte de la clase política sigue hablando de ellas como si fueran una invasión administrativa.

La estrategia no es nueva. Primero se recortan recursos públicos durante años. Luego se deja que listas de espera, aulas saturadas y servicios sociales colapsados se conviertan en paisaje cotidiano. Y cuando el deterioro ya es inocultable, se busca un culpable más vulnerable. Las personas migrantes. Siempre útil para algunos gobiernos.

EL BULO DEL “COLAPSO” SANITARIO

Uno de los argumentos centrales del recurso madrileño asegura que la regularización “distorsionará completamente” la planificación sanitaria porque obligará a asignar médicos y centros de salud a cientos de miles de nuevos usuarios. El problema es que esas personas ya tienen acceso a la sanidad pública. La propia Comunidad de Madrid explica en su web cómo tramitar el DASE, el Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España. Es decir, el Gobierno de Ayuso denuncia ante el Supremo un supuesto colapso derivado de reconocer formalmente un derecho que su propia administración ya aplica en la práctica.

No hablamos de una novedad revolucionaria. Las personas en situación irregular pueden tener médico de cabecera, derivaciones a especialistas y atención sanitaria normalizada tras las reformas impulsadas en los últimos años por el Gobierno central. La diferencia principal tras la regularización será burocrática: cambiar un código administrativo por una tarjeta sanitaria ordinaria. Poco más.

Ignacio Peña, coordinador de Salud Entre Culturas, lo resume de manera bastante clara en el artículo de elDiario.es: “¿Cómo va a generar colapso en el sistema sanitario un derecho que ya está reconocido?”. Y esa frase destroza buena parte del relato construido por el Ejecutivo madrileño.

Porque el verdadero problema de la sanidad madrileña no empezó con las personas migrantes. Empezó con años de privatizaciones, infrafinanciación, fuga de profesionales, cierres de urgencias y deterioro deliberado de la atención primaria. Eso sí colapsa sistemas sanitarios. No una regularización.

Hay algo especialmente obsceno en todo esto. Madrid intenta presentar como una amenaza a personas que ya viven allí, ya cotizan muchas veces en la economía sumergida y ya sostienen sectores enteros invisibles. Personas que, además, suelen acudir menos a los sistemas sanitarios por miedo, precariedad o barreras administrativas. Pero el discurso necesita miedo. Y el miedo necesita enemigos simples.

EDUCACIÓN Y AYUDAS: EL VIEJO NEGOCIO DE ENFRENTAR A POBRES CONTRA POBRES

El recurso también habla de un supuesto efecto “irreversible” sobre la educación pública y las becas. Según la Comunidad de Madrid, las personas regularizadas accederán masivamente a Formación Profesional, educación para adultos y ayudas públicas. Otra vez el relato se cae cuando aparece la realidad.

Las personas sin papeles ya pueden estudiar FP o grados superiores en España. Ya lo hacen. El principal obstáculo no es matricularse, sino obtener el título oficial sin permiso de residencia. El propio artículo recoge el caso de Hilary, una joven peruana de 18 años que cursa FP de Estética en Madrid pese a no tener papeles. También el de Mario, otro estudiante peruano matriculado en Telecomunicaciones tras quedarse en situación irregular.

Es decir, Ayuso presenta como amenaza algo que ya sucede diariamente en las aulas españolas. Lo que cambia con la regularización no es el acceso al estudio. Lo que cambia es la posibilidad de vivir con menos miedo y obtener finalmente un título válido. Y eso parece molestar bastante a quienes necesitan mano de obra barata, invisible y dócil.

Con las becas ocurre algo parecido. El Gobierno madrileño habla de impacto inmediato cuando la normativa exige residencia legal previa a 31 de diciembre del año anterior al curso académico. En la práctica, muchas de estas personas no podrían optar a ayudas hasta al menos 2027. Pero el dato rompe el relato del alud inmediato y del supuesto saqueo de recursos públicos, así que desaparece del discurso político.

La manipulación alcanza también a la Renta Mínima de Inserción. El recurso alerta de una avalancha de solicitudes, aunque la propia normativa exige un año de residencia legal y efectiva en Madrid antes de poder acceder a ella. Eso significa que quienes regularicen ahora su situación no podrían pedirla hasta, como mínimo, verano de 2027.

Pero el objetivo nunca fue explicar requisitos administrativos. El objetivo es otro. Construir la idea de que las personas migrantes vienen a quitar algo. Una plaza. Una ayuda. Un médico. Una beca. Da igual que los datos no encajen. Da igual que muchas de esas personas ya estén dentro del sistema porque forman parte de la sociedad desde hace años. El discurso funciona porque convierte problemas estructurales creados por decisiones políticas en una pelea entre quienes sobreviven abajo.

Y mientras tanto, quienes han convertido la vivienda en un negocio salvaje, quienes privatizan hospitales, quienes degradan la educación pública y quienes entregan recursos colectivos al beneficio privado siguen apareciendo como simples gestores preocupados por el orden. Esa quizá sea la operación política más obscena de todas.