La RTV pública valenciana tantea como fichaje estrella al exdirector del ‘chiringuito’ lingüístico de Ayuso mientras se hunde su credibilidad
Una televisión pública que apaga manifestaciones y enciende viejas corridas de toros dice mucho del proyecto de país que se está cocinando.
EL FICHAJE QUE EXPLICA UNA DERIVA
À Punt prepara un nuevo programa de política en diciembre y el favorito para presentarlo es Toni Cantó, exportavoz de Ciudadanos en Les Corts, exdiputado de UPyD y antiguo director de la Oficina del Español del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. No es un accidente, es una declaración de intenciones. El actor ya figura desde septiembre como tertuliano en Va de bó y ha hecho pruebas de plató en el mismo set que conducen Nacho Cotino y Màbel Martí. También suena otro aspirante, Daniel Valero, delegado de El Español en la Comunidad Valenciana, pero la apuesta que más se repite es la de Cantó.
El currículum reciente del candidato no es menor. En junio de 2021 Ayuso le colocó al frente de la Oficina del Español, un departamento sin competencias claras que terminó siendo referencia de cómo se fabrica un aparato ideológico con dinero público. Su retribución rondó los 75.000 euros anuales. A los cinco meses ya pedía a Génova un escaño por Valencia. En septiembre de 2022 anunció que lo dejaba y en diciembre de 2022 entró Ramiro Villapadierna. Con los Presupuestos de 2025 la oficina se quedó sin partida propia y fue absorbida; su último director había salido en diciembre de 2023. El “proyecto” se cerró dos años después de haber cumplido su función política: servir de escaparate y de altavoz.
Cantó ha pasado, además, por 7NN, una televisión alineada con Vox. Si À Punt lo eleva a rostro de ‘prime time’, la señal es nítida: la radiotelevisión pública valenciana no solo tolera la agenda de la derecha más agresiva, la normaliza en horario central. El problema no es un nombre, es el plan. Un plan que convierte una herramienta de servicio público, pagada por las y los valencianos, en un aparato de propaganda.
LA RTV PÚBLICA QUE EDITA LA REALIDAD
El contexto es demoledor. La cobertura del primer aniversario de la DANA ha sido un catálogo de omisiones. El 25/10/2025, mientras miles de personas marchaban en València contra el entonces president Carlos Mazón, À Punt decidió emitir una corrida de toros de 1997. A la protesta en directo se le opuso un archivo despolitizado para que nada molestara en pantalla. La plantilla ha pedido la dimisión de la dirección por una deriva ideológica que hiere la función pública de la cadena.
Las fechas importan y aquí queman. El 29/10/2024, día de la DANA, Mazón abandonó el CECOPI para irse a comer en El Ventorro; el 28/09/2025, con el sistema Es-Alert activado, volvió a estar ausente por un acto de partido en Murcia. Cuando, el 15/09/2025, en el recién estrenado Va de bó conectaron con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la pregunta en directo sobre la ausencia de Mazón se cortó en seco y el control devolvió la señal al plató. El vídeo censurado circula en redes. No es un fallo técnico, es un recorte editorial que protege al poder.
Durante el último año judicial, la jueza de Instrucción de Catarroja ha tratado de delimitar responsabilidades por una tragedia con 229 víctimas mortales. En esa ruta, À Punt ha sido señalada por modificar imágenes que incomodaban a Mazón e incluso por camuflar a un diputado del PP como si fuese juez en un programa. El 02/11/2025 se conoció además el cese de Victòria Rosselló, jefa de Meteorología, una voz crítica y con autoridad profesional que sostuvo, con datos, que la DANA era previsible y que la respuesta del Consell fue tardía. Cuando se purga a quien sabe y se premia a quien grita, el servicio público se convierte en un decorado.
La cadena está, además, bajo investigación por posible “mala praxis” tras el apagón informativo durante la manifestación contra Mazón. Las audiencias, mientras tanto, caen. Y caen por una razón que no cabe en un share: la ciudadanía reconoce cuándo una tele pública deja de ser suya. A la sociedad se le puede ocultar una pregunta, pero no se le puede tapar la hemeroteca que acumula cortes, apagones y decisiones editoriales siempre en la misma dirección.
La RTV pública no es un plató al servicio de quien manda hoy, sino un contrato con la ciudadanía que paga cada mes su nómina. Ese contrato exige pluralidad, rigor, contexto y, sobre todo, independencia. Convertir el ‘prime time’ en una pasarela de viejos conocidos de la industria de la propaganda es enviar a las familias trabajadoras un mensaje claro: su derecho a una información veraz y de interés general es prescindible si molesta a los intereses de partido.
Las y los periodistas, las productoras, las editoras y editores, las realizadoras y realizadores de À Punt saben hacer otra televisión. Lo han demostrado cuando se les ha dejado trabajar. Pero si la línea política de la dirección se impone a la línea informativa, todo se degrada. Asfixiar preguntas incómodas, invisibilizar protestas masivas y colocar a perfiles abiertamente partidistas como caras amables de la casa pública es el mismo patrón que ya vimos en otros canales públicos capturados. El resultado es siempre el mismo: desinformación, clientelismo y descrédito.
No es solo València. Es un síntoma en toda Europa: la privatización ideológica de lo común. Se externaliza la ética, se subcontrata la honestidad y se licita el ‘prime time’ al mejor postor. Se trata a la audiencia como a un mercado cautivo, cuando es ciudadanía con derecho a saber. El periodismo público no puede convertirse en un negocio de amigotes ni en una pista de aterrizaje para carreras agotadas al calor de sueldos públicos.
229 vidas, 25/10/2025, 28/09/2025, 15/09/2025, 02/11/2025, 75.000 euros. Las cifras no son ornamento, son un rastro. Seguirlo es entender por qué hoy se tantea fichar a Toni Cantó: para que nada cambie donde todo debería cambiar. La televisión pública que se arrodilla ante el poder político es una fábrica de silencio. Y el silencio, aquí, es cómplice.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…