El juez Juan José Escalonilla, instructor del caso Neurona, ha archivado por segunda vez la línea de investigación abierta por el supuesto desvío de dinero de la caja de solidaridad de Podemos.
Podemos creó un fondo, una caja de solidaridad, al que los cargos públicos del partido donan parte de su sueldo para fines sociales y que la oposición llegó a calificar como “caja b”.
Ahora el juez Juan José Escalonilla, ha archivado por segunda vez las pesquisas sobre esta, después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara reabrir las investigaciones.
De este modo concluye, de nuevo que “no existen indicios racionales de la presunta comisión de un delito de administración desleal”, según consta en un auto emitido este mismo viernes, al que tuvo acceso EL PAÍS.
El medio ha asegurado que «el magistrado Escalonilla vuelve a rechazarlo de lleno tras analizar los informes de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), perteneciente a la Policía Nacional, en los que se rebaja en primer lugar a 30.000 euros la cantidad aportada a esta organización desde dicho fondo de la fuerza política de izquierdas».
El juez destaca que el dinero transferido a #404 Comunicación Popular se dedicó a “los fines propios de dicha asociación”, especializada en “comunicar iniciativas del movimiento popular y defensa de los derechos humanos”.
Esa cantidad, reflejada también en los cargos en las cuentas bancarias de la entidad, se destinó “estrictamente para el sufragio de gastos derivados de la realización de actividades correspondientes a los fines asociativos”, subraya el instructor, que enumera en su auto cómo se han comprobado los pagos, como los 6.800 euros abonados para el alquiler de un local; los 3.357 euros destinados al “diseño, editorial, maquetación y producción del anuario de actividades”.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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