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El homenaje a las víctimas de la DANA se convierte en su propio juicio público. Ni su partido, ni la ciudadanía, ni las víctimas creen ya una palabra.
UN FUNERAL CONVERTIDO EN JUICIO POLÍTICO
El 29 de octubre de 2025 ya no fue un aniversario. Fue una condena.
El funeral de Estado por las 229 víctimas de la DANA en València acabó siendo el epitafio político de Carlos Mazón. Los gritos de “asesino”, “dimisión” y “Mazón a prisión” retumbaron entre las paredes de Calatrava. Las familias, a quienes ignoró durante un año entero, le devolvieron en público lo que durante meses le gritaron en la calle: su desprecio, su hartazgo y su verdad.
“El funeral ha sido un punto de inflexión”, reconocía a elDiario.es un cargo del PP valenciano. No fue un acto institucional, sino una escena de ajuste moral. Estaban los Reyes. Estaba Feijóo. Y estaba Mazón, pero ya no estaba su credibilidad.
Quienes aún le defendían se quedaron sin argumentos. Quienes callaban empezaron a hablar. Dentro del partido cunde la idea de que el ciclo está acabado. Que ya no hay relato capaz de sostener lo insostenible.
“El problema de Carlos es que no sabes qué es verdad”, admitía un diputado del PP. La frase, brutal y certera, resume su entierro político. En el PP valenciano y nacional ya lo asumen: el “caso Mazón” es una losa. Los afiliados, dicen, están “hartos de mentiras”, y hasta los cuadros intermedios reconocen su incomodidad por tener que salir a defenderlo públicamente.
LAS HORAS INCONFESABLES DEL 29 DE OCTUBRE
Las revelaciones continúan y cada dato encaja en un retrato devastador. Se sabe que Mazón pasó por su casa, que acompañó a la periodista Maribel Vilaplana a un aparcamiento tras una comida copiosa en El Ventorro, y que desapareció durante las horas críticas de la tragedia.
Mientras las alertas se multiplicaban y los cauces se desbordaban, el presidente estaba fuera de escena. Las llamadas de emergencia no encontraban respuesta. A las 12:30, la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, intentó localizarlo sin éxito. Quería comunicarle la petición urgente de la delegada del Gobierno para activar la UME. La solicitud no se realizó hasta más de dos horas después. A las 19:10 volvió a intentarlo: tampoco contestó. En ese tiempo, el agua ya se había llevado decenas de vidas.
La cronología judicial le acecha. Este lunes 3 de noviembre declarará ante la jueza de Catarroja la periodista que lo acompañó aquel día. Su testimonio puede dinamitar lo poco que queda en pie. Mazón no solo está políticamente hundido: puede estar a un paso de verse imputado.
El funeral fue su escenario final. Aislado, pálido, sin aplausos espontáneos, rodeado de rostros tensos y cámaras que captaban cada gesto, Mazón escuchó los gritos de las familias como si fueran una sentencia. Porque lo eran. El pueblo valenciano, testigo directo de su ausencia aquel 29 de octubre de 2024, le devolvió su silencio con indignación.
Dentro del PP, Francisco Camps huele la sangre. Su entorno asegura que “todo se precipitará en semanas”. Feijóo, presente en el acto, ya no puede fingir ignorancia. Vio la escena. Escuchó los gritos. Sabe que su barón valenciano está amortizado. Lo que queda ahora es decidir cuándo y cómo lo dejan caer.
Un año después de la tragedia, Mazón sigue atrapado en el mismo parking, en la misma mentira y en la misma mesa de El Ventorro.
El problema ya no es su coartada. Es que ya nadie se la cree.
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