«El derecho a huelga es un derecho constitucional»: Yolanda Díaz sale en defensa de los trabajadores de Cádiz 

Una nueva jornada de huelga se ha saldado con fuertes cargas policiales en la que varias personas han resultado heridas.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha insistido en que ha solicitado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que retire la ‘tanqueta’ desplegada por las Unidades de Intervención Policial (UIP) ante las protestas en Cádiz, dado que los trabajadores del sector del metal «no son delincuentes» sino que están «legítimamente defendiendo sus derechos».

Por ello ha querido manifestar «en el nombre del Gobierno de España», un total «apoyo y solidaridad con los trabajadores trabajadoras de Cádiz», ya que «el derecho al conflicto colectivo y el derecho de huelga es un derecho constitucional que está además nuestra Constitución en la parte de protección de los derechos fundamentales».

«En este sentido es clave que respetemos los derechos de movilización y de manifestación que están llevando a cabo los trabajadores en defensa de sus derechos», ha añadido.

«En segundo lugar, me gustaría y hago un llamamiento para que las partes que están negociando alcancen legítimamente cuanto antes un acuerdo por el bien de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas. Y por el bien en definitiva, de Cádiz», añadía.

«Ayer me puse en contacto con el ministro del Interior al efecto de que fuera retirada la tanqueta del espacio en el que se encontraba ubicada. Estamos hablando, insisto, de derechos constitucionales de trabajadores, que no son delincuentes, legítimamente defendiendo sus derechos», ha sentenciado.

Por su parte Ione Belarra también ha argüido que «son trabajadores y están legítimamente defendiendo sus derechos. Nuestro apoyo y solidaridad con Cádiz. Los derechos de todas avanzan y han avanzado siempre gracias a los que se movilizan».

Del mismo modo también se expresaba Enrique Santiago: «Los derechos constitucionales de huelga, conflicto colectivo, manifestación deben protegerse por las autoridades, más durante la negociación de un convenio. El uso desproporcionado de la fuerza contra trabajadores en lucha por empleo, dignidad y futuro para Cádiz es inaceptable».