Una nueva jornada de huelga se ha saldado con fuertes cargas policiales en la que varias personas han resultado heridas.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha insistido en que ha solicitado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que retire la ‘tanqueta’ desplegada por las Unidades de Intervención Policial (UIP) ante las protestas en Cádiz, dado que los trabajadores del sector del metal «no son delincuentes» sino que están «legítimamente defendiendo sus derechos».
Por ello ha querido manifestar «en el nombre del Gobierno de España», un total «apoyo y solidaridad con los trabajadores trabajadoras de Cádiz», ya que «el derecho al conflicto colectivo y el derecho de huelga es un derecho constitucional que está además nuestra Constitución en la parte de protección de los derechos fundamentales».
«En este sentido es clave que respetemos los derechos de movilización y de manifestación que están llevando a cabo los trabajadores en defensa de sus derechos», ha añadido.
«En segundo lugar, me gustaría y hago un llamamiento para que las partes que están negociando alcancen legítimamente cuanto antes un acuerdo por el bien de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas. Y por el bien en definitiva, de Cádiz», añadía.
«Ayer me puse en contacto con el ministro del Interior al efecto de que fuera retirada la tanqueta del espacio en el que se encontraba ubicada. Estamos hablando, insisto, de derechos constitucionales de trabajadores, que no son delincuentes, legítimamente defendiendo sus derechos», ha sentenciado.
Por su parte Ione Belarra también ha argüido que «son trabajadores y están legítimamente defendiendo sus derechos. Nuestro apoyo y solidaridad con Cádiz. Los derechos de todas avanzan y han avanzado siempre gracias a los que se movilizan».
Del mismo modo también se expresaba Enrique Santiago: «Los derechos constitucionales de huelga, conflicto colectivo, manifestación deben protegerse por las autoridades, más durante la negociación de un convenio. El uso desproporcionado de la fuerza contra trabajadores en lucha por empleo, dignidad y futuro para Cádiz es inaceptable».
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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