El correo no era secreto: las mentiras del búnker de Ayuso se desmoronan en el Supremo 

Varias redacciones conocieron la confesión de González Amador antes que el fiscal general.

PERIODISTAS ANTE EL SUPREMO: LA VERDAD QUE DESMONTA LA FÁBULA DEL “SECRETO”

El 6 de noviembre, varias y varios periodistas declararon en el Tribunal Supremo. No acudieron a hacer ruido, sino a constatar un hecho incómodo para la ofensiva judicial y mediática lanzada por el entorno de Isabel Díaz Ayuso: el famoso correo con la confesión del empresario Alberto González Amador no era ningún “secreto de Estado” cuando llegó al fiscal general Álvaro García Ortiz.

Tres testimonios desmontan la acusación de revelación de secretos: Alfonso Pérez Medina (La Sexta), Marcos Pinheiro y José Precedo (elDiario.es) acreditaron que el correo —fechado el 2 de febrero de 2024— ya circulaba por redacciones días antes de que el propio fiscal tuviera acceso a él.

No es una opinión. Es una cronología documentada. ElDiario.es tenía el correo desde el 6 de marzo, junto a la denuncia de la Fiscalía y el expediente de Hacienda. Fue el núcleo de un trabajo periodístico riguroso que estalló el 12 de marzo en una exclusiva demoledora: “La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla”.

Le siguieron nuevas revelaciones sobre comisiones millonarias por mascarillas durante la pandemia y sobre el piso de lujo de Ayuso en el mismo edificio de una sociedad de su abogado. ¿Casualidades? No. Datos, documentos, periodismo.

Y fue entonces cuando empezó la intoxicación. Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, fabricó un bulo: que la Fiscalía había dado “órdenes de arriba” para frenar un pacto con González Amador. Sin pruebas. Sin fuentes. Solo una “deducción”, como él mismo reconoció ante el Supremo. Una deducción amplificada por altavoces mediáticos a sueldo y repetida hasta la náusea por opinadores sin escrúpulos.

EL JUICIO AL FISCAL GENERAL SE CONVIERTE EN EL JUICIO A LA MENTIRA

El ataque no era jurídico, era político. Y no contra González Amador, ni siquiera contra el fiscal general. El objetivo era otro: blindar a Ayuso y destruir a quienes se atrevieran a investigarla. Se criminaliza a quien expone el fraude. Se presenta como víctima al defraudador. Se grita “Estado contra el individuo” mientras se manipula desde el poder.

Pero el relato se agrieta. Pérez Medina (La Sexta) acreditó que tuvo el correo cinco minutos antes que García Ortiz. Lo recibió a las 21:54. El fiscal, según la UCO, a las 21:59. El Mundo, sin embargo, publicó su versión tergiversada a las 21:39. Es decir, antes de conocer el correo original. Sin leerlo. Fabricando titulares con retales de rumor.

“No tuve acceso ni conocía la existencia del correo del 2 de febrero”, declaró el periodista de El Mundo, pese a que su periódico tituló que el fiscal ofrecía un pacto al empresario. ¿Cómo pudo afirmarlo sin ver el correo?

La manipulación fue orquestada. Y el montaje tenía un objetivo doble: salvar al defraudador y dinamitar al fiscal. ¿El crimen? Hacer su trabajo. Que un fiscal general ponga orden en la Fiscalía, investigue a quien defrauda, no filtre información y defienda la legalidad es, en este país, motivo de escándalo… si el imputado es pareja de una presidenta autonómica del Partido Popular.

Mientras tanto, se sembraba la duda sobre el trabajo de medios independientes. ¿Por qué elDiario.es no publicó el correo hasta el 14 de marzo? Porque, como explicó Precedo, “preparar ocho informaciones lleva tiempo. Y respetamos a nuestras fuentes”. No se improvisa una investigación seria en 24 horas. No se publica sin contrastar. El rigor no es lentitud. Es responsabilidad.

Y fue precisamente esa responsabilidad la que trastocó los planes del gabinete de Ayuso. El bulo de Miguel Ángel Rodríguez obligó a elDiario.es a adelantar la publicación del correo para desmontar una mentira con hechos. Pero ya era tarde: la cloaca había sembrado la sospecha. La derecha mediática ya tenía el marco instalado. Y el fiscal, la diana pintada.

El mensaje de estos días en el Supremo es claro: no hubo filtración, porque no había secreto. Y no hubo delito, porque no hubo autor.

Aun así, la causa sigue adelante. Porque esto no va de justicia, va de poder. De blindar impunidad para las y los de siempre. De convertir los tribunales en trincheras. De usar a la prensa como arma o como escudo.

Y de silenciar al periodismo que no se arrodilla.