Israel frente al tribunal del mundo: el aislamiento judicial de un Estado paria 

La impunidad está dejando de ser una opción

La maquinaria jurídica internacional ha comenzado a cerrar el cerco. El pasado 24 de abril, la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó dos decisiones de enorme trascendencia: mantener las órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant, en calidad de responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza. Lo hizo rechazando de plano los intentos del Estado israelí de suspender o anular estas órdenes.

Por primera vez, una instancia judicial internacional coloca en el centro del banquillo al liderazgo israelí actual, señalando sus crímenes no como “excesos” o “errores” de una operación militar, sino como parte de un patrón sistemático de destrucción de la vida palestina. Las cifras no mienten: más de 51.000 personas asesinadas desde octubre de 2023, 595 de ellas niñas y niños solo en el último mes. Cifras que no pueden esconderse detrás de la retórica del “derecho a defenderse”.

Las decisiones de la CPI no solo se mantienen vigentes. La respuesta judicial ha sido unánime, rotunda, demoledora, incluso en la segunda resolución que devuelve el caso a la Sala Preliminar por cuestiones de procedimiento. En ningún caso se ha invalidado la jurisdicción ni las órdenes de arresto. La narrativa del “triunfo jurídico” que ciertos medios israelíes han intentado vender se deshace ante una lectura mínima de los textos oficiales.

La CPI no juzga a Estados, pero sí a las y los dirigentes que ordenan o ejecutan crímenes tipificados como genocidio, crímenes de guerra o lesa humanidad. Por eso, estos procedimientos apuntan directamente a la cúpula militar y política israelí. Y no terminan ahí: la fiscalía de la CPI tiene más órdenes de arresto en preparación, lo que ha disparado las alertas internas en Tel Aviv, donde desde hace años se elaboran listas secretas de militares susceptibles de ser juzgados fuera del país.

LA HAYA Y LA RESPUESTA GLOBAL ANTE UN RÉGIMEN DE APARTHEID

Mientras la CPI juzga personas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya analiza las responsabilidades estatales. Entre el 28 de abril y el 2 de mayo, más de 40 Estados y organizaciones internacionales participaron en audiencias públicas que cuestionan abiertamente a Israel por violar de forma sistemática el derecho internacional humanitario. Las pruebas presentadas no dejan lugar a dudas: bombardeos deliberados sobre escuelas, hospitales, convoyes de la ONU, patrimonio cultural, plantas de agua y zonas de refugio para civiles desplazados.

Israel ni siquiera se presentó a defenderse, demostrando una vez más que su estrategia es el desprecio absoluto al sistema internacional que dice respetar. Mientras tanto, países como Colombia, Bolivia, México, Chile, Brasil o Panamá hicieron lo que corresponde a los Estados responsables: señalar las violaciones de derechos y exigir justicia.

El silencio mediático en torno a estas audiencias es otra forma de complicidad. La estrategia israelí de desinformación (Hasbara), alimentada por 150 millones de dólares en propaganda, intenta ocultar lo evidente: Israel está siendo juzgado por destruir un pueblo entero, por aplicar una política de exterminio. El cerco de la justicia internacional se cierra mientras la maquinaria de propaganda se oxida ante la magnitud del crimen.

Más allá de las alegaciones técnicas, los testimonios escuchados en La Haya hablan de masacres, hambruna inducida, desplazamiento forzoso y una intención clara de vaciar Gaza de vida humana. Las normas jurídicas están ahí: el crimen de genocidio no requiere el exterminio total, sino la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional o étnico. Y eso es lo que se está juzgando.

La ONU, la UNRWA, y otras agencias han denunciado que desde el 2 de marzo no entra ayuda humanitaria en Gaza. La población está siendo asesinada no solo con bombas, sino con el hambre, con la sed, con enfermedades evitables. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos lo dijo sin ambages el 3 de abril ante el Consejo de Seguridad. Pero la mayoría de los medios occidentales miran para otro lado.

Israel ha cruzado todas las líneas rojas del derecho internacional: ha bombardeado zonas designadas como “seguras”, ha asesinado a más de 280 trabajadores de Naciones Unidas, ha destruido intencionadamente instalaciones humanitarias, y ha convertido la Franja de Gaza en un campo de exterminio al aire libre.

Y, mientras tanto, Estados como Costa Rica negocian un Tratado de Libre Comercio con este régimen. Panamá se niega a reconocer al Estado palestino. Estados Unidos arremete contra la relatora de la ONU Francesca Albanese, que ha descrito con precisión quirúrgica el genocidio en curso. Lo que algunos llaman diplomacia, otros lo llaman colaboración activa con el crimen.

A pesar de todo, algo ha cambiado: la justicia internacional se está moviendo, aunque tarde. Ya no se trata solo de denuncias morales, sino de procedimientos jurídicos en curso, de órdenes de arresto activas, de informes oficiales que hablan de genocidio con todas sus letras. Y eso tiene consecuencias.

En 1998, se firmó en Roma el Estatuto que dio origen a la CPI. En 2025, el Primer Ministro de Israel no pudo asistir al funeral del Papa celebrado precisamente en Roma. La simbología importa. La justicia avanza. El mundo observa. El Estado de Israel empieza a parecerse cada vez más a la Sudáfrica del apartheid.

Quienes hoy callan serán mañana señalados por encubrir el genocidio.