El lawfare como arma: los golpes blandos del siglo XXI 

Una estrategia sistemática para destruir a los líderes que desafían el orden neoliberal

El siglo XXI no llegó con menos golpes, solo cambiaron de forma. Ya no hacen falta tanques si tienes fiscales obedientes, titulares coordinados y tribunales serviles. La guerra judicial, conocida como lawfare, ha reemplazado los fusiles por autos de procesamiento, y los exilios por inhabilitaciones cuidadosamente temporizadas. América Latina se ha convertido en el laboratorio de esta técnica. La consigna es sencilla: si no pueden derrotarlos en las urnas, los sepultan entre códigos penales.

Daniel Jadue, Lula da Silva, Rafael Correa, Cristina Fernández y Evo Morales han sido sus objetivos. Cinco figuras clave en proyectos progresistas —con diferencias entre sí— pero todas enfrentadas a los intereses del gran capital y la lógica depredadora del neoliberalismo. Todas fueron perseguidas bajo el pretexto de la legalidad. Pero la legalidad, sin justicia, es solo una coartada.

1. Acusaciones sin pruebas y testigos reciclados

Los casos se montan con pruebas endebles o inexistentes, y testigos dispuestos a decir lo necesario a cambio de favores judiciales. Así encarcelaron a Lula en 2018, a pesar de que no existía documento alguno que lo vinculara con el famoso tríplex de Guarujá. La única “evidencia” fue un testimonio modificado tras un acuerdo penal con la fiscalía. Años después, el Supremo de Brasil anuló la condena por graves irregularidades.

En Chile, Daniel Jadue fue acusado en 2021 por un supuesto fraude durante la pandemia. En 2024 se ordenó su prisión preventiva sin pruebas de enriquecimiento personal y con declaraciones de testigos como César Ramírez, condenado por estafa. Lo mismo ocurrió con Correa en Ecuador: lo condenaron por un archivo Excel sin firma y correos sin peritaje. El patrón se repite.

2. Fines políticos disfrazados de justicia

El objetivo real no es castigar delitos, sino inhabilitar adversarios políticos incómodos. Lula fue excluido de las elecciones de 2018 cuando lideraba todas las encuestas. Jadue fue apartado de la alcaldía de Recoleta tras doce años de victorias y mientras se preparaba para una posible candidatura presidencial en 2025. Diversas organizaciones, como la Red Lawfare Nunca Más, denuncian que su encarcelamiento responde a un intento de proscripción política más que a una búsqueda de justicia.

3. Selectividad penal: la vara solo mide a la izquierda

Mientras los líderes progresistas son linchados judicialmente, los conservadores roban con total impunidad. En Chile, el caso Penta —una red de financiamiento ilegal de la derecha— terminó con clases de ética. En Ecuador, el escándalo del fondo de pensiones policiales Isspol aún no ha llevado a nadie a prisión. Y en Brasil, Michel Temer evitó ser juzgado gracias a la complicidad del Congreso, a pesar de las pruebas de corrupción presentadas.

4. Medios como fiscales auxiliares

Las portadas se sincronizan con las fiscalías. En Brasil, el grupo Globo convirtió la operación Lava Jato en un reality show contra Lula. En Chile, La Tercera publicó más de 500 artículos negativos sobre Jadue entre 2021 y 2024, según Francisco Herreros. En Argentina, Clarín convirtió los supuestos “cuadernos” de un chofer en verdad revelada sin verificación alguna.

5. Instituciones convertidas en herramientas

Los jueces y fiscales ya no actúan como garantes, sino como peones dentro de una estrategia política. Sergio Moro en Brasil coordinaba con los fiscales de Lava Jato, según reveló The Intercept Brasil. En Chile, la fiscal del caso Jadue tiene vínculos con la competencia directa de las Farmacias Populares: su concuñado es fundador de Farmacias Fracción.

6. Teorías jurídicas aberrantes

Donde no hay delito, se inventan conceptos jurídicos para condenar. En Ecuador, a Correa se le aplicó el “influjo psíquico”, una ficción penal para atribuirle delitos cometidos por subordinados. En Brasil, a Lula se le condenó con la “teoría del dominio del hecho”, deformada hasta hacerle responsable de todo lo que ocurría a su alrededor. En Chile, a Jadue se le acusa de “bicicleta fiscal”, una reinterpretación creativa de la gestión de compras en pandemia.

7. Sanciones anticipadas sin juicio

Prisión preventiva, exilio, arresto domiciliario. El castigo llega antes que la sentencia, para garantizar el daño político. Lula pasó 580 días en prisión. Evo Morales tuvo que exiliarse tras el golpe de 2019, en un contexto de acusaciones falsas de fraude desmontadas por el MIT. Jadue fue destituido como alcalde sin condena, por el simple hecho de llevar más de 45 días privado de libertad.

8. Calendario electoral como brújula judicial

Las fechas no son casuales. Las imputaciones, condenas y arrestos coinciden con ciclos electorales clave. Así fue con Lula en 2018, con Correa en 2020 y con Jadue en 2024. El calendario de las acusaciones está diseñado para dejar fuera de juego a los candidatos justo cuando son más competitivos.

9. Intereses económicos detrás del telón

Cada caso golpea sectores que desafiaban privilegios empresariales. Jadue puso en jaque al oligopolio farmacéutico chileno, que controla el 90% del mercado. Lula defendió la soberanía energética de Petrobras frente a las petroleras extranjeras. Correa y Cristina enfrentaron a grandes medios y grupos industriales. El lawfare, además de judicial y mediático, es económico y corporativo.

10. Eterna judicialización: desgaste como castigo

Si no logran encarcelar, los ahogan en procesos interminables. Correa, Lula y Jadue llevan años arrastrando acusaciones, audiencias, reformalizaciones y apelaciones sin fin. El objetivo no es una condena, sino el desgaste, el silencio forzado, la renuncia.

La justicia convertida en garrote político es la forma más perversa de dictadura encubierta. Y América Latina, su laboratorio perfecto.