El Black Friday de Almeida con el suelo público 

Rebajar parcelas municipales en plena crisis habitacional es más que una venta: es un modelo de ciudad al servicio del ladrillo.

EL DESCUENTO COMO MECÁNICA DE SAQUEO

Madrid atraviesa una crisis habitacional profunda y conocida: 50.000 personas están en lista de espera en la EMVS, el precio de la vivienda ha subido un 51% en cuatro años y los salarios no acompañan. En cualquier ciudad que aspirara a ser habitable, estos datos obligarían a reforzar el parque público, proteger el suelo municipal y frenar el drenaje especulativo. En Madrid, pasa lo contrario. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha decidido poner en el mercado hasta 50 parcelas públicas en los Presupuestos de 2026, con capacidad para construir hasta 697 viviendas, todas ellas libres, todas ellas entregadas a la lógica del beneficio privado.

La operación tiene dos capas de obscenidad. La primera, la ya habitual: entregar suelo de todas y todos a promotoras que construirán sin límites de precio. La segunda es aún más grave. Quince parcelas se han rebajado respecto a su primera salida al mercado, con descuentos que llegan a casi un millón de euros. Como denuncia el concejal socialista Antonio Giraldo, “Almeida hará un Black Friday en suelo público” y la frase, más allá de la ironía, describe un patrón. En Haro 15 (Hortaleza), hoy se pretende vender por poco más de 500.000 euros lo que antes costaba 1,5 millones. En Pegaso 34B, el Ayuntamiento pedía 1,2 millones y ahora solo 370.000 euros. Rebajas de este calibre no responden a ninguna lógica de mercado. Son decisiones políticas.

El Ayuntamiento reconoce que estas parcelas quedaron desiertas en intentos previos. En lugar de revisar su modelo de ciudad, opta por bajar precios a niveles que las hagan irresistibles para cualquier promotora. El resultado es simple: el suelo público pierde valor y la ciudad pierde capacidad para garantizar vivienda digna. El patrimonio común se liquida al por mayor.

Frente a estas rebajas en chalés y unifamiliares, el consistorio sí ha elevado el precio de otras siete parcelas destinadas a bloques de pisos sin ningún límite de precio, con un incremento total de 10,1 millones, ajustándose al alza inmobiliaria. Un mensaje nítido: se baja cuando interesa a las promotoras, se sube cuando interesa a las promotoras. El equilibrio no es técnico, es ideológico.

EL MODELO QUE SE CONSOLIDA: MERCADO PARA ELLOS, INCERTIDUMBRE PARA TODAS

Mientras las y los madrileños esperan vivienda asequible, el gobierno municipal actúa como si la escasez fuera una oportunidad comercial. Si el Ayuntamiento construyera las casi 700 viviendas que caben en estas parcelas, el parque público aumentaría un 8%, un salto histórico para la EMVS. Pero esa decisión exigiría priorizar el derecho a la vivienda por encima del modelo inmobiliario. Y eso es incompatible con la política que comparten Almeida y Ayuso.

El Gobierno municipal renuncia a una herramienta esencial para contener precios, y lo hace en un contexto en el que cualquier análisis serio —como los de Tinsa, que detecta un 51% de incremento de precios— revela que Madrid está empujando a miles de personas fuera de sus barrios. Rebajar parcelas para chalés en mitad de la emergencia habitacional no es una torpeza: es una estrategia de clase.

La experiencia reciente lo demuestra. La parcela de Sierra Carbonera 39 se vendió por 384.912 euros a Gestión 100 SL. El ático de 52 m² que se construyó allí se vendió prácticamente por esa cifra. El resto del edificio se comercializó a precios por encima de 250.000 euros. Lo que se pierde es público; lo que se gana es privado.

Este proceso no ocurre aislado. Se integra en un ecosistema ya consolidado en Madrid: cesiones públicas a promotoras, alquiler asequible privatizado, criterios opacos en la selección de inquilinas e inquilinos, suelo municipal que cambia de manos sin un debate social real. Como recuerdan las y los socialistas, el Ayuntamiento impulsa “vivienda pública” mientras vacía el propio concepto por dentro.

El resultado está a la vista. Menos suelo público, más precariedad habitacional y una ciudad cada vez más hostil para quienes la sostienen. La vivienda se ha convertido en un sacrificio cotidiano para miles de familias. Y mientras tanto, el Ayuntamiento ejecuta su propio “viernes negro”: un descuento que en realidad es un despojo.

Hay ciudades que se venden. Y hay gobiernos que, por ideología, por cálculo o por sumisión al ladrillo, deciden rematarlas al mejor postor. Madrid corre ese riesgo. Y lo que se pierde no se recupera.