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Cuando el fascismo intenta desfilar, lo mínimo es cerrarles la puerta
EL 20N COMO EXCUSA PARA DESAFIAR A LA DEMOCRACIA
La Delegación del Gobierno en Madrid ha decidido prohibir la manifestación que Falange pretendía celebrar este viernes con final en Ferraz. No es un gesto simbólico. Es una llamada de alerta. Y llega tarde. Demasiados años viendo cómo el franquismo sociológico se pasea por Madrid como si aún mandara, como si el 50º aniversario de la muerte de Franco fuera una invitación y no una advertencia histórica.
La Jefatura Superior de Policía ha sido clara: existe un riesgo cierto, real y acreditado de que la marcha acabe en violencia, daños al mobiliario urbano y agresiones. Lo dijo porque ya pasó. El 8 de noviembre, Núcleo Nacional incendió el centro de Madrid, quemó contenedores y lanzó objetos a la Policía. ¿Quiénes son. Los mismos que ahora quieren desfilar por Génova hasta Ferraz al grito de “No parar hasta reconquistar”.
El recorrido elegido no es inocente. Génova y Ferraz son las siglas ideológicas de un pulso político convertido en espectáculo para las cámaras. Es el camino perfecto para activar a ultras que se alimentan de símbolos, aniversarios y enemigos imaginarios. Y no, no se trata de limitar libertades. Se trata de proteger vidas.
En el informe policial se menciona la “carga política del enclave” y el riesgo de atraer a terceros con agendas violentas. Eso es lo que hace el fascismo desde hace un siglo: aprovechar cualquier rendija institucional para colarse en la calle, provocar, medir fuerza y exhibirse como si la democracia les perteneciera. La Delegación no tenía margen. Cambiar el recorrido no servía. Desplazar la fecha tampoco.
Lo que querían era Ferraz. Lo que querían era tensión. Lo que querían era cámara.
Y la democracia, esta vez, ha dicho no.
MEMORIA, IMPUNIDAD Y EL NEGOCIO FRANQUISTA
El mismo día que se tensa la calle, el Ministerio de Cultura inicia los trámites para extinguir otras cuatro fundaciones franquistas. No es casualidad. Las fundaciones son el último refugio del franquismo: sus cementerios ideológicos, sus cajas de resistencia y sus lavanderías históricas. Ahí se reescriben biografías de criminales, se blanquea la represión y se alimenta la nostalgia reaccionaria que luego estalla en las calles.
Durante décadas se les permitió operar como si fueran entidades culturales. En realidad fueron máquinas de propaganda, legitimación y odio. Y mientras ellas se financiaban, las víctimas del franquismo seguían esperando justicia, reconocimiento y reparación.
Esa memoria democrática que el PP y Vox llevan años atacando en ayuntamientos, parlamentos y redes vuelve a ser la diana. Por eso la ultraderecha quiere el 20N en Madrid: para contrarrestar cada avance, cada ley, cada acto de reparación. Para recordar que siguen ahí. Para intentar que el miedo vuelva a ser una herramienta.
Pero este año algo ha cambiado. Y no por convicción institucional, sino por necesidad: el clima es demasiado inflamable para regalar la calle a quienes celebran una dictadura. El informe policial no deja lugar a dudas: hay riesgo de discursos de odio, humillación a las víctimas y exaltación del franquismo. ¿De verdad hacía falta repetirlo en 2025.
La prohibición no soluciona todo. Falange, Vox y su constelación de grupos ultras seguirán buscando otros escenarios. La derecha seguirá fingiendo sorpresa cuando los mismos símbolos que rehabilitan en sus discursos aparezcan en la calle convertidos en amenaza. Y la izquierda institucional seguirá reaccionando a remolque.
Pero al menos hoy se ha impuesto un poco de sentido común.
Un sentido común que debería haber llegado hace décadas, pero que sigue siendo imprescindible en un país donde los herederos del fascismo creen que el espacio público es suyo por derecho de sangre.
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