El PP valenciano, reducido a un juguete en manos de la ultraderecha 

Un partido en caída libre obligado a mendigar cada voto mientras Vox aprieta el cuello y marca la agenda

UN PODER AUTONÓMICO SECUESTRADO POR LA EXTREMA DERECHA

El PP valenciano atraviesa uno de los momentos más frágiles de su historia reciente. Con 229 personas fallecidas en la DANA de 2024, una dimisión a la carrera de Carlos Mazón y un liderazgo que se recompone a trompicones, el partido que durante décadas presumió de estructura territorial sólida se ha convertido en algo más parecido a un juguete roto en manos de Vox. La escena política de estos días lo resume todo: Juanfran Pérez Llorca registra una candidatura sin los apoyos cerrados, como quien firma un cheque que sabe que no puede pagar.

La maniobra no responde a convicción política alguna. Responde al miedo. Al cálculo. A la evidencia de que, sin Vox, el PP no gobierna. Y Vox lo sabe. Lo explota. Lo exprime. Sabe también que la debilidad estructural del PP valenciano, erosionado por la gestión de la catástrofe de 2024 y por un proceso sucesorio confuso, le permite tensar la cuerda tanto como quiera. El partido ultra ya ni disimula: habla de plazos como si fueran una herramienta de tortura política. Se presenta con la mano tendida o con la mano en el cuello según el día. Marca tiempos, ritmos y silencios. Genera incertidumbre porque la incertidumbre es poder.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, lo dejó claro al afirmar que registrar una candidatura no implica apoyo. Una frase breve convertida en un recordatorio humillante: el PP valenciano carece hoy de la autonomía para garantizar su propia investidura. Lo que en otro contexto sería un trámite burocrático se convierte aquí en un mensaje: si queréis seguir en el Palau, tendréis que aceptar nuestras condiciones sin rechistar.

UNA HUELLA QUE DEFINE UN PROYECTO POLÍTICO

Las condiciones ya están sobre la mesa: endurecimiento de las políticas contra migrantes irregulares, boicot al Pacto Verde Europeo, construcción de presas y la laminación de cualquier avance medioambiental o social. No es nuevo. Es el mismo manual con el que Vox condicionó los presupuestos de 2025 y la investidura de Mazón. Pero ahora el contexto es más degradado. Más áspero. Más vulnerable. El PP llega a esta tercera negociación sin autoridad, sin narrativa y sin margen.

Lo que debería ser un pacto de gobernabilidad se ha convertido en una especie de humillación pública. Si la derecha valenciana pretendía mantener distancia simbólica con la ultraderecha al inicio del ciclo electoral, lo ha conseguido justo al revés. La imagen que proyecta es la de un partido incapaz de tomar decisiones sin consultar con la formación de Santiago Abascal. No hay autonomía. No hay liderazgo. No hay proyecto. Hay dependencia.

El espectáculo de estos días confirma algo que se venía intuyendo desde la DANA: el PP valenciano perdió el control político el mismo día que perdió el control de la emergencia. La ciudadanía vio en directo una gestión que improvisaba con vidas humanas y ahora ve en directo una política que improvisa con instituciones. La debilidad posdiluvio ha sido el caldo perfecto para que Vox ocupe todo el espacio que necesitaba.

Los ultras incluso se permiten marcar los debates del primer pleno tras la investidura, imponiendo la discusión sobre zonas de bajas emisiones y una ofensiva contra la tasa de residuos. Ambas medidas forman parte de un proyecto más amplio: la restauración de un neoliberalismo fósil que margina a las mayorías sociales y agrada a los intereses que gobiernan desde los despachos empresariales. Vox no oculta su visión de país. El PP valenciano tampoco la combate. Se limita a sobrevivir políticamente como puede.

Al mismo tiempo, los ultras bloquean y condicionan la Renta Valenciana de Inclusión con enmiendas que buscan levantar muros administrativos contra migrantes en situación vulnerable. Las enfermeras y enfermeros que atienden los centros de salud, las y los trabajadores sociales que sostienen servicios públicos y las y los jueces que lidian con realidades de pobreza estructural saben lo que significa traducido al día a día: más precariedad, más exclusión y más violencia institucional.

En paralelo, Vox exhibe sin pudor su incomodidad con Pérez Llorca. No con su ideología, idéntica a la suya en la mayoría de cuestiones. Con su pasado empresarial, revelado por investigaciones periodísticas, que les obliga a remarcar distancia para no ser arrastrados a un nuevo escándalo. No es una objeción ética. Es un cálculo reputacional. Hasta la ultraderecha necesita parecer pulcra cuando empieza un ciclo electoral.

A todo ello se suma el escenario del 21 de noviembre, cuando el candidato deberá declarar como testigo en la instrucción de la DANA. Otra fecha simbólica. Otra grieta. Otro recordatorio de que la DANA no solo arrasó territorios. Arrasó también discursos. Porque aquel día, mientras la gente se ahogaba, el Gobierno valenciano se afanaba en negar alertas, improvisar decisiones y construir relatos exculpatorios que hoy vuelven como bumerán judicial.

El PP valenciano intenta que aquella tragedia no condicione estas negociaciones. Imposible. Todo está conectado. Un partido debilitado por su gestión es un partido que no puede imponerse ante sus socios, sino que acepta sus imposiciones. Y Vox aprovecha esa herida abierta para consolidar su dominio.

Mientras tanto, Feijóo intenta mantener las formas desde Madrid, fingiendo que este espectáculo no compromete su estrategia nacional. Pero lo compromete. Lo retrata. Lo coloca frente al espejo de un país que observa cómo su proyecto territorial se sustenta sobre alianzas que no controla, dinámicas que no dirige y socios que le dictan la agenda.

En València se está escribiendo algo más que una negociación. Se está escribiendo el manual de cómo la derecha española ha entregado su autonomía política a quienes no creen en la democracia que dicen defender.

La pregunta no es si el PP valenciano llegará a la investidura. La pregunta es qué quedará de él cuando termine este proceso. Porque un partido que asume como normal gobernar bajo tutela, deja de gobernar. Y empieza a obedecer.