Criminalizar la protesta en Granada: cuando el antifascismo acaba en el banquillo y Vox sale intacto 

Cinco jóvenes antifascistas afrontan acusaciones graves tras el mitin de Abascal del 16 de abril, mientras las denuncias contra el entorno de Vox avanzan con una lentitud que huele demasiado a doble rasero.

EL ORDEN PÚBLICO COMO EXCUSA CONTRA QUIEN PROTESTA

Lo ocurrido en Granada el 16 de abril no es solo una crónica de tensión callejera. Es algo más incómodo. Es una fotografía bastante nítida de cómo funciona el poder cuando decide convertir la protesta en problema y tratar a quienes se movilizan contra el fascismo como si fueran el origen de la violencia.

La Policía Nacional ha trasladado al juzgado un atestado contra cinco jóvenes antifascistas por desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Dos delitos. Palabras mayores. Gente joven que acudió a protestar contra un mitin de Vox en la Plaza de las Pasiegas, junto a la Catedral de Granada, y que terminó citada en comisaría en mayo en calidad de detenida. El mensaje es bastante claro: si protestas contra la extrema derecha, prepárate para pagar abogado, vivir con miedo y esperar a que la maquinaria judicial decida cuánto tiempo de tu vida va a ocupar.

La criminalización no siempre empieza con una condena. A veces empieza con una citación, un atestado y dos años de angustia.

El contraste es obsceno. El mismo día también fue detenido un hombre que acompañaba al grupo de Santiago Abascal tras agredir con el mástil de una bandera a un policía. Acabó acusado de los mismos delitos: atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Pero, hasta donde se conoce, los únicos investigados por aquellos incidentes son esos cinco manifestantes antifascistas y ese un hombre del entorno de Vox. Cinco a uno. La aritmética policial también habla.

Según el relato publicado, aquella protesta había surgido de manera espontánea en redes sociales. No había una gran estructura detrás. Había jóvenes que rechazaban la presencia de Vox y de su ideología. Las y los manifestantes quedaron contenidos por un cordón policial en la calle Pie de la Torre. La tensión no nació de una pancarta. Nació cuando Abascal, desde la tribuna, señaló a quienes protestaban y anunció que el acto no empezaría hasta que fueran expulsados. Un minuto. Dos minutos. Y luego avanzarían. Él el primero.

Eso no es serenidad democrática. Eso es gasolina.

Después, según muestran los vídeos citados en la denuncia de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Abascal se dirigió hacia la zona donde estaban las y los jóvenes, rodeado de personas con banderas de Vox y de España. Algunas, según las denuncias, portaban porras que parecían extensibles. El grupo sobrepasó el cordón policial, tiró vallas y acabó provocando el choque frontal. Pero la maquinaria que se activa con contundencia mira, sobre todo, hacia quienes protestaban contra el fascismo.

Pablo, uno de los acusados, tiene 30 años. Los otros cuatro tienen entre 20 y 25 años. Hay estudiantes, trabajadores y jóvenes que ahora forman parte de la Plataforma Apoyo 16 de abril para defender su inocencia. Pablo lo resume sin adornos: ve un sesgo ideológico. Dice que la Policía actuó contra ellos, pero no contra quienes se saltaron el control policial y arremetieron contra la protesta. Cuesta mucho llevarle la contraria cuando el resultado conocido es este.

VOX AGITA, LA POLICÍA SELECCIONA Y LA DEMOCRACIA MIRA HACIA OTRO LADO

Hay dos denuncias contra responsables de Vox. Una la presentó la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía el 21 de abril ante los juzgados de Granada. Fue admitida a trámite, según la organización, e incluye posibles delitos de perturbación del derecho de manifestación, desórdenes públicos y tenencia de armas prohibidas por las porras extensibles que habrían portado algunos acompañantes de Abascal. La otra la presentó Podemos ante la Fiscalía, solicitando investigar lesiones, coacciones, desórdenes públicos y también tenencia de armas prohibidas.

La Policía, según fuentes de la Jefatura Superior granadina citadas en la información, aún no habría recibido ninguna petición del ministerio público para recabar información o practicar diligencias sobre esa denuncia. Curioso. Muy curioso. La rapidez aparece cuando hay que llamar a declarar a jóvenes antifascistas. La calma institucional llega cuando el foco se desplaza hacia Vox.

El castigo no siempre busca demostrar algo. A veces solo busca desmovilizar.

Pablo fue citado el 22 de mayo, más de un mes después de los incidentes. Antes, según su versión, agentes se personaron en un pub de Granada frecuentado por gente de izquierdas preguntando por participantes en la protesta. Una imagen muy vieja. Demasiado vieja. La de la policía entrando en espacios políticos, haciendo preguntas, marcando perfiles, convirtiendo el entorno militante en sospechoso por defecto.

Las consecuencias no son menores. Pablo recuerda que una acusación por atentado a la autoridad puede acarrear de uno a cuatro años de prisión. La de desórdenes públicos, de seis meses a tres años. Y el proceso puede durar dos años o más. Dos años de dinero en defensa, miedo laboral, estrés familiar y una sombra permanente sobre la vida cotidiana. Eso también es represión. Aunque venga con sello administrativo y lenguaje jurídico.

El precedente de los seis de Zaragoza pesa como una amenaza. Fueron condenados a más de cuatro años de cárcel por incidentes durante un mitin de Vox en 2019. No hace falta que la cárcel llegue mañana para que el miedo funcione hoy. Basta con saber que puede llegar.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sostiene que la alteración del orden no puede atribuirse a una protesta pacífica, sino a la decisión de forzar su desplazamiento movilizando a asistentes del acto de Vox. Y tiene razón en lo esencial: ninguna convocatoria política puede exigir la expulsión de terceras personas del espacio público porque incomodan. La calle no es propiedad de Abascal. Granada tampoco.

Podemos, que denunció primero ante la Junta Electoral de Zona y luego ante la Fiscalía, habla de hechos “muy graves” y de sorpresa por la marcha de la investigación. De momento, según Alejandra Durán, hay cinco atestados policiales contra manifestantes antifascistas y solo uno por la parte de Vox. Durán señala la “arenga” de Abascal y la presencia de personas con porras extensibles prohibidas. Vox, por su parte, dice que no sabe quién llevaba esas porras y llega a presumir que podían ser policías de paisano. La explicación parece escrita con una mezcla de descaro y desprecio por la inteligencia ajena.

Podemos también señala en una ampliación de denuncia el posible vínculo entre Abascal y una de las personas que habría portado una porra. El líder de Vox le escribió en X: “Gracias, querido Enrique”. La respuesta fue que estaba “a muerte” con él. Luego vendrán las tertulias a explicar que el problema es la izquierda radical.

Y aquí entra el Gobierno. Porque esto no ocurre en el vacío. Ocurre con Fernando Grande-Marlaska al frente de Interior y con un Ejecutivo que presume de progresista mientras permite que la extrema derecha convierta la calle en escenario de intimidación y que la Policía cargue judicialmente contra quienes protestan. La democracia no se defiende llamando radicales a quienes plantan cara al fascismo. Se defiende impidiendo que el fascismo use las instituciones como escolta.

La denuncia de la Asociación Pro Derechos Humanos pide reclamar a Vox todo el material audiovisual del mitin y de los incidentes, identificar a la empresa de seguridad, exigir información policial sobre quienes portaban armas prohibidas y pedir a la Subdelegación del Gobierno el detalle del dispositivo del 16 de abril. Eso sería lo mínimo. Lo mínimo en un país serio. Lo mínimo en una democracia que no quiera parecer fuerte con las y los jóvenes antifascistas y dócil con quienes agitan turbas desde una tribuna.

Porque lo que está en juego no es solo el caso de Granada. Es el derecho a decir no. A protestar. A ocupar la calle. A señalar al fascismo sin acabar convertido en expediente. Y cuando un Estado empieza a tratar la protesta antifascista como amenaza y la provocación ultra como paisaje, ya no está garantizando el orden público: está ordenando quién puede tener miedo y quién puede imponerlo.