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El magistrado sigue las órdenes de la Sala de Lo Penal que le obligaban a finiquitar el asunto.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha archivado la causa por la presunta financiación ilegal de Podemos tras la orden en este sentido de la Sala de lo Penal.
En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 acuerda, por tanto, dejar sin efecto las diligencias de investigación acordadas.
García-Castellón ha acordado poner fin a esta investigación después de que la Sección Tercera de la Audiencia Nacional emitiera un auto en el que le obligaba a archivar la causa por considerarla “prospectiva”.
En el auto de la Audiencia, el magistrado ponente, Alfonso Guevara, acusaba a García-Castellón de “usurpar” las funciones del Tribunal de Cuentas por tratar de fiscalizar la financiación de un partido político. Ad
La Sección tercera ha echado por tierra, hasta en dos ocasiones, los intentos de Manuel García-Castellón de investigar la financiación del partido creado por Pablo Iglesias. Así, tilda la citada investigación de “artificiosa” y “prospectiva” para tratar de sortear los límites legales.
Los magistrados -Alfonso Guevara, Carolina Rius y Carlos Fraile- apuntan a que el archivo decretado «al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito», no impide al Juzgado de García Castellón, «si así lo estimara», deducir «el testimonio oportuno para la investigación de delitos económicos y falsedades».
De acuerdo a los postulados de la Fiscalía, de los que informó el viernes elDiario.es, los jueces advierten de que el juez pretendía invadir derechos fundamentales, rastreando ingresos bancarios de personas físicas y jurídicas, o los desplazamientos de Juan Carlos Monedero a Venezuela, sin figurar ninguno de los citados como investigados en la causa.
Por todo ello, «la Sala no puede sino mantener su criterio de considerar las diligencias que se acuerdan como prospectivas», ya que, insiste, «desbordan claramente el único objeto de la causa», y critica al juez por ampliarlas «artificiosamente» para investigar «posibles delitos que no cabe entender relacionados con la financiación ilegal». «Máxime -prosigue- cuando no solo se pretende investigar económicamente a distintas personas físicas y jurídicas, insistimos, ajenas al objeto del procedimiento, sino que pretende «fiscalizar» la financiación de un partido político, siendo ello competencia del Tribunal de Cuentas».
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