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La privatización, los contratos basura y los sueldos indignos dibujan un panorama tercermundista en quienes arriesgan la vida frente al fuego
SALARIOS DE MISERIA FRENTE A UN RIESGO DE VIDA O MUERTE
En pleno verano, con los incendios forestales devorando hectáreas en todo el Estado español, las y los bomberos forestales trabajan hombro con hombro bajo condiciones radicalmente distintas. Según ElDiario.es, las diferencias salariales alcanzan cifras obscenas: mientras en Castilla y León hay brigadistas que cobran 1.170 euros al mes, en Catalunya los equipos GRAF alcanzan los 3.600 euros. Una brecha de más de 2.400 euros por hacer el mismo trabajo, enfrentarse al mismo fuego y jugarse la misma vida.
La contradicción es tan brutal que en un mismo incendio se encuentran profesionales con salarios que apenas rozan los 1.000 euros al mes junto a quienes triplican esa cantidad. El resultado no es solo injusticia social, sino también un dispositivo desorganizado, desigual y profundamente precario.
En Castilla y León, donde casi la mitad del personal está privatizado, las condiciones se definen como “tercermundistas”, en palabras de Jorge Nieto, de CCOO. A esa precariedad se suman contratos de apenas cinco o seis meses, jornadas de hasta 20 horas y una “fuga de cerebros” permanente porque la profesión no garantiza estabilidad ni dignidad.
EL NEGOCIO DEL FUEGO: PRIVATIZACIÓN Y DESIGUALDAD
El mapa de la extinción se ha convertido en un mosaico caótico de empresas privadas, mancomunidades, diputaciones y administraciones públicas. En Castilla y León, la Junta de Mañueco juega con fuego: solo un 20% de la plantilla es funcionaria o laboral, mientras que un 40% depende de Tragsa y el resto de una treintena de contratas privadas. Un sistema pensado para abaratar costes y disciplinar a la plantilla, no para proteger montes y pueblos.
La externalización llega al absurdo de contratar personal inexperto a través de portales como Infojobs para enfrentar emergencias de magnitud histórica. ¿Puede alguien sin formación ser enviado a primera línea de un incendio en Zamora o León? La respuesta es obvia, pero el mercado manda.
Mientras tanto, en comunidades como Extremadura o Galicia, los salarios rondan los 1.300-1.400 euros mensuales, a veces con contratos de apenas tres meses. En estas condiciones, ¿cómo hablar de profesionalización, de prevención o de eficacia? La precariedad no solo debilita el dispositivo, también pone en riesgo vidas humanas.
Por contraste, las BRIF del Estado, también dependientes de Tragsa, han conseguido mejoras gracias a décadas de lucha sindical: 26.000 euros al año (unos 1.860 al mes) y contratos estables de 12 meses. Pero incluso quienes han arrancado avances reconocen que lo suyo no son buenas condiciones, sino que las del resto son indignas.
La desigualdad no se reduce al salario. Mientras algunos descansan en hoteles tras jornadas de riesgo, otros duermen en polideportivos con sacos de dormir compartidos. La precariedad se cuela hasta en el derecho a dormir tras enfrentarse a las llamas.
El capitalismo ha convertido incluso el fuego en un negocio. La privatización no solo precariza, también mata. Y cuando se juega con los derechos de quienes protegen los bosques, lo que se está vendiendo barato es la seguridad colectiva.
En un país donde se multiplican los discursos patrioteros sobre “los héroes del fuego”, lo que hay detrás son contratos basura, empresas exprimiendo hasta la última hora de jornada y gobiernos que hacen caja con la destrucción del monte.
La desigualdad salarial entre los bomberos forestales es un incendio silencioso que nadie quiere apagar.
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