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La demanda civil es una segunda vía abierta por la familia de Franco mientras sigue adelante la querella por injurias y calumnias que presentaron en la vía penal
Los nietos de Franco llevan a juicio a los dos directores del programa «En el punto de mira» de Cuatro, a la propia cadena, a los periodistas de investigación Mariano Sánchez Soler y Jorge Otero Bada, el exconcejal de Sada Carlos Babío y Jimmy Giménez Arnau y tres reporteros, al considerar que investigar su fortuna genera «odio» contra la familia.
En el programa, el periodista Mariano Sánchez Soler, autor de la obra «Los ricos de Franco», afirmó que «el apellido les sirvió para hacerse multimillonarios» y calculó su patrimonio en unos 500 millones de euros, algo que el abogado de la familia niega y para rebatir tales afirmaciones ha difundido recientemente el testamento del dictador en el que se señala que la herencia oficial que dejó a su viuda e hija ascendía a 28,5 millones de pesetas, apenas 171.290 euros.
En relación a las declaraciones de otro periodista demandado, Javier Otero Bada, quien cuestionaba el origen de los 12 millones de pesetas con los que Franco compró «una única finca» y apuntaba al desvío para uso personal del dictador de donativos de guerra o para la reconstrucción del Alcázar, o ayudas a huérfanos, se indica que tales «afirmaciones son tan miserables como inciertas».
Tanto el abogado de Sánchez Soler como las representaciones legales del resto de los demandados destacan el ataque a la libertad de expresión y el derecho a la información que supone la demanda civil de los Franco, por la que reclaman una indemnización de 50.000 euros.
La demanda civil se resolverá el próximo 17 de marzo y en la audiencia previa celebrada la semana pasada los nietos de Franco insistieron que en el capítulo «La herencia de los Franco» del programa «En el punto de mira», emitido el 23 de julio de 2018, tenía un alto contenido difamatorio y de desprestigio que promovió contra ellos «una situación de hostilidad, incitando a la discriminación, el odio o la violencia».
Según la demanda, en el capítulo «se recogen afirmaciones propias y de terceros, que en ningún momento se ajustan a la verdad, en contenidos manifiestamente falsos y temerario desprecio a la misma”.
Los nietos de Franco reclaman 50.000 euros de indemnización
Tal y como señala el abogado de la familia, además de generar «odio» y «descalificación», se promovió «el enfrentamiento que hacia el anterior jefe del Estado se ha establecido en fechas en que la memoria de aquellos acontecimientos resultaba una pacífica concesión al pasado y un necesario olvido del conflicto que en aquella operación se genera».
Además, los nietos de Franco se quejan además de que en la emisión se excluye «cualquier connotación que pueda resultar propicia al régimen anterior, se discriminan los daños y consecuencias de actuaciones de los bandos y las circunstancias que dieron lugar a la Guerra civil, en una anacrónica e inadecuada utilización parcial de la memoria» y que todo ello es parte de una «campaña de desprestigio» contra ellos.
La querella presentada por Francisco Franco Martínez-Bordiú y Jaime, María del Mar, María Aranzazu, José Cristóbal y María de la O Martínez-Bordiú Franco, se llevó a cabo un año después de la emisión del programa y, aunque en un principio fue inadmitida, tras el recurso de apelación presentado por los Franco, la juez decidió abrir diligencias contra los querellados el pasado 20 de junio, tal y como informa La Vanguardia.
EL juzgado acordó citar a los querellados el pasado 27 de agosto, aunque la citación quedó aplazada después. El pasado 3 de diciembre prestaron declaración todos ellos en el Juzgado de Instrucción número 39.
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Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
Cuando un Gobierno habla de ocupar Gaza por fases, ya no estamos ante una guerra: estamos ante un plan.
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El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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