El PP convierte el Senado en una máquina de desgaste contra el Gobierno 

La mayoría absoluta de Feijóo en la Cámara Alta ha servido para disparar siete comisiones de investigación en apenas 31 meses: tantas como en los 38 años anteriores.

EL SENADO COMO TRINCHERA POLÍTICA

El 5 de noviembre de 2023, Alberto Núñez Feijóo dejó una frase que no era un eslogan. Era un programa de combate institucional: “Vamos a defender a España desde el Senado, desde los ayuntamientos y desde las autonomías”. Cuatro días después, el 9 de noviembre, el PP usó su mayoría absoluta en la Cámara Alta para reformar el reglamento y darle más poder a la Mesa del Senado sobre los tiempos legislativos. No era técnica parlamentaria. Era artillería.

Desde entonces han pasado 31 meses. En ese tiempo, el PP ha vuelto a tocar la normativa del Senado otras tres veces para aumentar su capacidad de influencia. Pero el verdadero salto está en otro lugar: las comisiones de investigación. Ahí se ve el método. Ahí se ve la operación. En menos de tres años, el PP ha impulsado siete comisiones en el Senado. Exactamente las mismas que se habían desarrollado en los 38 años anteriores.

La cifra no es menor. En toda la democracia, el Senado ha aprobado 30 comisiones de investigación. 21 se concentraron en las seis primeras legislaturas, incluida la Constituyente, entre 1978 y 1996. Muchas tenían un carácter más cercano a las actuales comisiones de estudio, con asuntos como el tráfico de drogas, la violencia en el deporte o la infancia. La Constitución permite investigar “cualquier asunto de interés público”, y la ley específica llegó en 1984. Pero el dato político es otro: entre 1986 y 2024 solo hubo siete comisiones. El PP ha igualado esa marca en una sola legislatura.

No es fiscalización. Es saturación. No es control democrático, es producción industrial de sospecha.

La senadora Carla Antonelli, de Más Madrid, lo resume con crudeza: en estas comisiones se están construyendo “juicios paralelos”. No se espera a las y los jueces. No se respeta la frontera entre responsabilidad política y condena mediática. Se cita, se filtra, se teatraliza y se fabrica una corriente de opinión antes de que exista sentencia. La Cámara Alta, que debería actuar como institución de equilibrio territorial, se convierte así en un plató con moqueta. Y bastante caro.

Joan Queralt, senador de Esquerra Republicana de Catalunya, introduce un matiz importante: algunas materias pueden merecer investigación política. El caso Koldo, por ejemplo, no es irrelevante. Pero una cosa es aclarar responsabilidades y otra muy distinta es utilizar la comisión como garrote permanente contra el Ejecutivo. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Y aquí lo son.

El PP, claro, vende otra película. Habla de “defender la democracia”, acusa al “sanchismo” de colonizar instituciones y señala al CIS de José Félix Tezanos como ejemplo de manipulación. Es el guion de siempre: cuando controlan una institución, la llaman contrapeso; cuando no la controlan, la llaman chiringuito. La neutralidad institucional les dura lo que tarda en aparecer una mayoría absoluta.

SIETE COMISIONES, UN MISMO OBJETIVO

La primera gran pieza fue la comisión del caso Koldo, probablemente la más rentable para el PP. Por allí han pasado figuras de primer nivel del PSOE y del Gobierno: Pedro Sánchez, Francina Armengol, Ángel Víctor Torres, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Salvador Illa, hoy president de la Generalitat de Catalunya. La comisión ha funcionado como una pasarela de desgaste político. Un desfile diseñado para colocar al Gobierno bajo foco constante, aunque buena parte de los hechos estén ya judicializados.

El senador socialista Alfonso Gil lo define sin rodeos: el PP quiere convertir el Senado en “un circo de siete pistas”. Y tiene razón en algo básico: una comisión de investigación debería servir para fijar responsabilidades políticas y proponer mejoras. No para duplicar procedimientos judiciales con cámaras, titulares y ventaja partidista. Gil recuerda también que PP y Vox están personados en el caso Koldo, lo que les da acceso a información procesal que no tienen todas y todos los parlamentarios. El engranaje no es casual. Es político, judicial, mediático e institucional a la vez.

La segunda comisión fue la de la DANA que golpeó el País Valencià. Aquí aparece la hipocresía en formato panorámico: el PP no llamó a declarar a Carlos Mazón en el Senado, pese a que era el president valenciano durante la gota fría. Mazón sí fue citado en la comisión del Congreso sobre el mismo asunto. La vara de medir, como siempre, depende del color del carné.

La tercera comisión investigó las causas del apagón de abril de 2025. La cuarta se centró en RTVE, convertida por el PP en otro de sus fantasmas favoritos. La del apagón ya cerró sus trabajos con una conclusión previsible: el Gobierno fue responsable del cero eléctrico y pudo evitarlo. Qué sorpresa. Un órgano controlado por la mayoría absoluta del PP concluye que el culpable es el Gobierno. La política convertida en trámite notarial de una sentencia escrita antes de escuchar a nadie.

La quinta comisión apunta al CIS. La sexta, nacida tras el accidente de Adamuz, investiga el estado de la red ferroviaria en España. Pero con truco: el periodo examinado arranca en 2018, justo cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno. Antonelli lo ridiculiza con una pregunta demoledora: “¿Que antes la gente iba en carretas?”. Exacto. Si se investiga la red ferroviaria, se investiga su deterioro histórico, sus recortes, sus privatizaciones, su abandono territorial, sus contratos y sus decisiones acumuladas. No solo lo que conviene al relato de Génova.

La séptima comisión se creó en febrero y se centra en la presunta corrupción alrededor de la SEPI. Con ella, el PP completa el tablero: Koldo, DANA, apagón, RTVE, CIS, Adamuz y SEPI. Siete comisiones. Siete frentes. Una misma estrategia.

La anomalía viene de lejos, pero ahora se ha disparado. En julio de 2016, Mariano Rajoy mantuvo la presidencia del Gobierno con mayoría conservadora en Congreso y Senado. En junio de 2018, Sánchez llegó a La Moncloa tras la moción de censura, y por primera vez la oposición conservó un poder real en la Cámara Alta frente a un Gobierno de signo contrario. El PP ya ensayó entonces el método con una comisión sobre la tesis doctoral de Sánchez. Aquello fue un aviso.

Entre 2019 y 2023, el PSOE y sus socios recuperaron mayoría en el Senado. La presión bajó. Pero las elecciones del 23J de 2023 devolvieron al PP el control de la Cámara Alta y abrieron el escenario actual: Gobierno progresista, Senado azul, y una derecha que usa la institución como lanzadera de desgaste.

El problema no es que el Senado investigue. El problema es que el PP lo haya convertido en una fábrica de munición política. Cuando una institución deja de buscar verdad y empieza a producir titulares, ya no fiscaliza al poder: trabaja para otro poder.