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Un general del Ejército de Bolivia fue detenido por la masacre de Sacaba, convirtiéndose así en el primer funcionario golpista en pasar por la vía penal.
El general del Ejército de Bolivia, Alfredo Cuéllar, fue detenido por las autoridades fiscales por un presunto delito de asesinato perpetrado en la masacre de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, donde fallecieron más de diez personas por impacto de bala.
El abogado el implicado, Edwin Paredes, expuso que Cuéllar «solamente cumplió funciones administrativas, nunca tomó decisiones de operación».
De este modo se convierte en el primer arrestado por los hechos que ocurrieron tras el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales.
El abogado de Cuéllar para tratar de mitigar el recrudecimiento penal que puede serle aplicado a su defendido expuso que este simplemente actuó «en cumplimiento a un decreto y obviamente a una orden del Comando en Jefe (de las Fuerzas Armadas)».
Ese plan, continuó Paredes, «básicamente dice que no se debe utilizar armamento letal». Tras la declaración, ha sido detenido por las autoridades «al existir riesgo de fuga y obstaculización de la investigación, además de otros elementos en contra el efectivo militar», ha informado la fiscal Lizeth Martínez para La Razón.
¿Qué ocurrirá con los hechos de Sacaba?
Similar que en Senkata, en Sacaba se asesinaron por bala a una mayoría indígena boliviana que ejercía una movilización social que se oponían al golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales.
Tras este año de total impunidad el lunes llegó al país el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) convocado por la CIDH con el objeto de investigar las jornadas de violencia.
Esta llegada generó expectativas, donde, expresa el medio Izquierda Diario, «incluso el representante de la centro-derecha, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, manifestó que espera que el trabajo de esta comisión sea verdaderamente independiente ya que según él eso demostrará que en Bolivia no hubo golpe de Estado sino una verdadera rebelión popular».
Los miembros del equipo que llevará cabo la investigación explicaron en una rueda de prensa que los golpistas bolivianos llevaron a cabo “asesinatos individuales o colectivos; desaparición forzada de personas; tortura; detenciones irregulares o arbitrarias; actos de racismo o discriminación; lesiones a la libertad de expresión; persecución judicial o extrajudicial; incendio y destrucción de propiedad pública o privada; y, amenazas y hechos afines o similares cometidos en el curso de las tensiones socio-políticas, protestas y movilizaciones sociales”.
Al respecto el rotativo concluye que «es fundamental que se desarrolle la investigación de estos crímenes de lesa humanidad que han dejado a varias familias en luto, a muchas otras con graves lesiones a causa de la brutal represión policial y militar. De la misma manera investigar los casos de torturas y vejaciones de las que han sido objeto personas en su condición de detenidos por parte de efectivos policiales y que sus procesos investigativos están a punto de extinguirse por omisiones del Ministerio Público»,
Tampoco olvidan que así mismo debería investigarse «y dar con los responsables, materiales e intelectuales, del asesinato del periodista argentino Sebastián Moro que es también una de las víctimas del golpe de Estado».
La investigación, por lo tanto, se centrará en los hechos comprendidos entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019. Para ello, por el momento, se alude que requerirá mínimo de seis meses de pesquisas.
Durante este plazo, informan los medios locales, «el GIEI–Bolivia brindará avances parciales y un informe final de la investigación al Estado boliviano con sus respectivas recomendaciones».
El GIEI, ante todo, va a tener la libertad de convocar y acudir a todas las fuentes que consideren pertinentes para su investigación.
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