Cómo se fabrica el miedo: del ‘MENA’ al ‘inquiokupa’ 

Con estos neologismos, la derecha diseña una realidad paralela en la que la solidaridad es ingenuidad y la pobreza, una amenaza.

El discurso de la derecha no se construye sobre datos ni sobre realidades sociales, sino sobre el miedo. El neologismo ‘inquiokupa’ es la última muestra de cómo se manipula el lenguaje para reforzar prejuicios y desviar la atención de los problemas estructurales de la vivienda en España. Con una palabra que no existe en ningún marco jurídico, el PP y Vox han logrado imponer la idea de que un inquilino que no puede pagar el alquiler es poco menos que un delincuente. La pobreza ya no es un problema, es una amenaza, y ellos han decidido ser sus jueces y verdugos.

El término ‘inquiokupa’ aterrizó de la mano de Vox, pero pronto fue adoptado por el Partido Popular, que lo ha usado sin complejos en el Congreso, en el Senado y en sus altavoces mediáticos. Alberto Núñez Feijóo ha vinculado directamente la protección a las familias vulnerables con el fomento de esta supuesta «plaga» de inquiokupas, aunque su propio partido votó a favor de estas mismas medidas en el pasado. Junts y el PNV han seguido la estela, pidiendo que «el Estado asuma las consecuencias de los impagos por inquiokupación», dejando claro que el problema, para ellos, no es el desamparo de miles de familias, sino el bienestar de los grandes propietarios.

LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA COMO ESTRATEGIA POLÍTICA

El PP, en su desesperada carrera por conquistar a la extrema derecha, ha adoptado el marco de Vox sobre la vivienda. No importa que los desahucios afecten a familias vulnerables, ni que los impagos se deban, en la mayoría de los casos, a alquileres abusivos en un mercado completamente desregulado. La fórmula es simple: el empobrecimiento de la población se convierte en un relato de inseguridad y el inquilino que no puede pagar se equipara con un «okupa», aunque el código penal no contemple nada semejante.

Alejandra Jacinto, abogada especializada en vivienda, explica que «se les pone el sufijo okupa para generar una categoría que no existe jurídicamente ni está reconocida en la legislación civil ni penal». El objetivo es claro: generar alarma social y convertir en sospechoso a cualquiera que no pueda hacer frente a un alquiler que se dispara sin control. Mientras, el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Almeida, lanza campañas con el eslogan «inquiokupación cero», reforzando una narrativa que solo beneficia a los grandes tenedores de vivienda.

Este método no es nuevo. Antes de los «inquiokupas», fueron los ‘menas’. Se despoja a las personas de su identidad y se les encasilla en términos creados para generar rechazo. No es un menor extranjero no acompañado, es un «mena»; no es un inquilino en apuros, es un «inquiokupa». Con estos neologismos, la derecha diseña una realidad paralela en la que la solidaridad es ingenuidad y la pobreza, una amenaza.

VIVIENDA: UN DERECHO SECUESTRADO POR EL MERCADO

El trasfondo de esta estrategia esconde una verdad incómoda para los partidos de la derecha: el acceso a la vivienda en España es un privilegio, no un derecho. Mientras el precio del alquiler sigue descontrolado y la vivienda pública es anecdótica, se criminaliza a quienes no pueden pagar en lugar de exigir responsabilidades a los especuladores. El problema no es que alguien no pague su alquiler, sino que cada vez más personas no pueden pagarlo porque el mercado es una jungla sin regulación.

El Gobierno ha tratado de frenar esta situación con el Real Decreto-ley 9/2024, que extiende hasta el 31 de diciembre de 2025 la suspensión de desahucios para hogares vulnerables. Pero la medida tiene tantas restricciones que la protección real es mínima: solo se aplica a personas en situación de dependencia, con menores a cargo o que cobren menos de 1.800 euros brutos al mes, y solo si la vivienda pertenece a un gran tenedor (alguien con más de diez propiedades). El escudo social es insuficiente y deja fuera a miles de familias que siguen sin saber si podrán pagar el alquiler el mes que viene.

Pero el relato de la derecha es más potente que la realidad: los propietarios son siempre las víctimas y los inquilinos que no pueden pagar, un problema que hay que erradicar. Feijóo ya ha planteado su «solución»: un seguro de impagos a cargo del Estado. Un rescate encubierto a los propietarios mientras se deja a los inquilinos en la cuerda floja.

Desde las entidades sociales advierten que la verdadera inseguridad es la residencial, no la jurídica. El trabajador de un centro de Cáritas lo explica así: «La mayoría de okupaciones no son en pisos de particulares, sino en descampados, casas abandonadas o con acuerdos con los propietarios. Son personas que han perdido todo y que solo buscan un techo donde vivir». Pero el PP y Vox no quieren hablar de eso. Es más fácil vender que los inquilinos pobres son criminales que asumir que el mercado inmobiliario es una trampa mortal.