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Tiene entre 50.000 y 100.000 dólares en acciones de Pfizer y participa en inversiones dentro de otros gigantes del sector como Abbott Laboratories, Viatris e Intellia Therapeutics.
La magistrada que supervisa las audiencias previas al juicio de Luigi Mangione, Katharine H. Parker, posee inversiones millonarias en la industria que el acusado denunció con balas. Sus lazos no son casuales ni anecdóticos. Su marido, Bret Parker, fue vicepresidente y abogado de Pfizer y aún cobra una pensión ejecutiva de la farmacéutica.
Según documentos financieros de 2023, la jueza tiene entre 50.000 y 100.000 dólares en acciones de Pfizer y participa en inversiones dentro de otros gigantes del sector como Abbott Laboratories, Viatris e Intellia Therapeutics. No se trata de una cuestión ética abstracta: es un conflicto de intereses en un caso donde el poder sanitario privado es el protagonista.
Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, dejó un manifiesto en el que denunciaba la corrupción de las aseguradoras, acusándolas de lucrarse a costa de negar tratamientos médicos a pacientes que los necesitaban. Es decir, su crimen fue una respuesta a la realidad de un sistema que pone el beneficio por encima de la vida.
Y ahora, la persona que decidirá su futuro es alguien que ha amasado riqueza gracias a ese mismo sistema. No es necesario que haya una conspiración en la sombra: el simple hecho de que su fortuna dependa de la salud del sector es suficiente para que su imparcialidad quede en entredicho.
JUSTICIA Y NEGOCIO, UNA LÍNEA BORROSA
La imparcialidad judicial en Estados Unidos es una quimera cuando la élite legal y empresarial comparten los mismos intereses y círculos de poder. No hay acusaciones de corrupción directa contra la jueza Parker, pero la pregunta no es si ella actuará de manera sesgada, sino si el sistema judicial puede seguir pretendiendo que es neutral cuando está estructuralmente diseñado para proteger los intereses corporativos.
Este no es un caso aislado. En la Corte Suprema, jueces como Clarence Thomas han sido denunciados por aceptar viajes y regalos de multimillonarios con causas pendientes en los tribunales. ¿Cómo puede la ciudadanía confiar en un sistema que permite que quienes deciden sobre la vida de la gente tengan inversiones en las mismas empresas que dictan su destino?
El caso Mangione ha avivado un debate incómodo sobre el poder de las aseguradoras privadas. Pero ahora, con la revelación de los vínculos financieros de la jueza Parker, la cuestión va más allá. El problema ya no es solo la brutalidad del sistema sanitario estadounidense, sino la maquinaria judicial que lo protege.
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