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Silencios, evasivas y un ático de lujo en Chamberí que sigue acumulando más incógnitas que certezas.
¿QUIÉN HA PAGADO REALMENTE EL ÁTICO?
El contrato de alquiler con derecho a compra firmado por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, fijaba una renta de 5.000 euros al mes y un precio final de 1,127 millones de euros, con una rentabilidad pactada para el propietario. El fiscalista Javier Gómez Fidalgo, casero e intermediario, asegura ahora que es un “tema privado”.
En abril, González Amador declaró en sede judicial que aquel acuerdo era “un favor”. Pero el propio propietario lo desmintió.
¿Fue un alquiler corriente o un trato de privilegio destinado a mantener a flote al novio de la presidenta en plena tormenta judicial?
¿QUÉ PASA CON LOS TIEMPOS Y LAS PRÓRROGAS?
El contrato inicial expiraba en agosto de 2024. Sin embargo, se amplió un año más “a petición” de González Amador, en pleno proceso judicial por fraude fiscal. Llegado agosto de 2025, el plazo vuelve a caducar y la incógnita sigue viva:
- ¿Ha comprado ya el ático?
- ¿Lo ha devuelto al casero?
- ¿Se ha renovado otra vez el acuerdo con condiciones que desconocemos?
La opacidad es absoluta, y lo único confirmado es que el inquilino continúa disfrutando de un inmueble de 950.000 euros que ya le ha costado más de 120.000 en alquiler.
¿DE DÓNDE SALE EL DINERO?
La entrada de 350.000 euros que González Amador pagó por otra vivienda del mismo edificio coincide con la cantidad defraudada a Hacienda, según la investigación judicial. Además, soporta una hipoteca de 3.000 euros mensuales por ese piso y el alquiler de 5.000 por el ático, lo que suma 8.000 euros al mes solo en vivienda.
¿Cómo cuadran esas cifras con un empresario investigado por fraude, al que se le exige devolver dinero a la Agencia Tributaria?
La respuesta, de momento, es el silencio de Ayuso, la negativa del casero a dar explicaciones y el “no tengo ni idea” de su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez.
Si todo es legal, ¿por qué tanto secreto?
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