Colombia elimina la imputación por interrumpir su embarazo hasta la semana 24.
Ninguna mujer colombiana podrá volver a ser juzgada por interrumpir su embarazo hasta la semana 24. La Corte Constitucional del país ha decidido, por cinco votos a favor y cuatro en contra, retirar el delito de aborto del código penal en ese plazo, aunque no ha logrado una mayoría para la despenalización total.
El trámite comenzó hace un año y medio a raíz de las organizaciones feministas, que han luchado contra la criminalización del abordo por la que son juzgadas unas 400 mujeres anualmente.
La decisión de este lunes llenó los alrededores de la Corte de cientos de personas que han celebrado el fallo: “¡América Latina será toda feminista!”.
La Corte informó del fallo en un comunicado en el que “exhortó” al Congreso y al Gobierno a legislar y garantizar que la decisión se cumpla en el menor tiempo posible.
Cabe recordar que hasta ahora Colombia solamente permitía el aborto en tres supuestos, violación, malformación del feto incompatible con la vida o riesgo para la salud física o mental de la mujer. Algo que fue aprobado en 2006 y que contemplaba el delito en caso de interrupción del embarazo fuera de estos casos.
En la práctica, explican desde El País, la posibilidad de una condena ha frenado el acceso al aborto legal y seguro. «El miedo a ser denunciadas separó a lo largo de estos 15 años a miles de mujeres de las clínicas legales, incluso encontrándose dentro de las causales. La mayoría de las demandas por el delito de aborto han partido del propio sistema de salud -entre el 59 y el 70% de las denuncias son de sanitarios- lo que siempre mandó un mensaje que se leyó como un “aquí no vengan”, explica Mariana Ardila, abogada de Women’s Link, una de las organizaciones que integran Causa Justa».
“Ganan las mujeres”, aseguraron las demandantes tras conocerse la decisión. Los sucesivos gobiernos colombianos nunca han entrado de lleno a legislar un tema que ni consideran prioritario ni les resulta beneficioso por la controversia que genera en la calle y ha sido la justicia la que ha dictaminado la nueva legislación.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
El OSCURO NEGOCIO de LOGRAR que te ENAMORES de una IA | #ReportajeSR
Durante años nos hablaron de la economía de la atención. Ahora, las grandes empresas tecnológicas han dado un paso más allá para monetizar algo mucho más íntimo: nuestro apego emocional. Desde dispositivos…
PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
Durante las últimas semanas hemos ido desgranando las figuras que convirtieron a la «PayPal Mafia» en una de las redes de poder e influencia más determinantes del planeta a través de los…
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