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La ley que despenaliza la práctica de la interrupción del embarazo durante las primeras 14 semanas de embarazo entró en vigor el 5 de julio de 2010. Vamos hacia atrás
El Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) va saltando de polémica en polémica. Primero fue la posición de su presidente en contra de la eutanasia. Y ahora, la polémica llega por un boletín en el que el Colegio incluye la petición: “Ambulancia Vida necesita médicos voluntarios” y cuyo objetivo es disuadir a las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo.
Ese vehículo antiabortista, vinculado al grupo conservador Hazte Oír, estaciona los fines de semana frente a las clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo y pide a las mujeres que llegan a esos centros que suban para hacerles una ecografía y mostrar a la madre la realidad de su hijo y el latido de su bebé o se les muestra una reproducción de plástico de uno de 12 de meses, según su propia descripción.
Una portavoz del Colegio madrileño asegura que esta petición antiabortista no corresponde al organismo sino que es una iniciativa individual de José Ramos, miembro de la Junta Directiva del Colegio, en calidad de vocal de Médicos Jubilados, y responsable de la revista Séniors que la entidad envía a médicos jubilados. El boletín ya ha sido retirado de la página web de la organización.
«El tendrá esas convicciones o le habrán pedido el favor y, conociéndole, estoy convencida de que lo ha hecho sin pensar que tuviera la mayor trascendencia», señala la portavoz, que atribuye la publicación de ese llamamiento a un error, aunque reconoce que no ha hablado con él directamente del asunto, tal y como recoge Cadena SER.
En septiembre de 2019, 62 organizaciones pidieron que acosar a mujeres y sanitarios en las clínicas abortivas fuese delito y es que el acoso a las mujeres a las puertas de las clínicas donde se practican abortos y a los profesionales que trabajan en ellas ha ido recrudeciéndose año tras año. Lo ideal sería tener un espacio alrededor de los centros a los que estos colectivos antiaborto no tengan acceso.
Las 62 organizaciones feministas, sindicales y civiles agrupadas en la Plataforma Pro-Derechos, explicaban que “se vulnera el derecho a la libertad de las mujeres, tanto a adoptar la decisión como a mantenerla, a la intimidad sobre su imagen y sus actos, y también el derecho a la igualdad y la no discriminación y constituye un delito de injurias cuando se producen los insultos y de coacciones, ya tipificadas penalmente”.
A pesar de que el aborto ha sido reconocido como derecho, en la Comunidad de Madrid algunas representantes políticas no siempre lo han reconocido así. En 2019, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, decía: “Para mí, el aborto no es un derecho, ni tampoco un delito, es un fracaso, porque el embarazo no deseado se puede evitar”.
Este 31 de mayo, el PSOE registró una proposición de ley en el Congreso, donde piden una reforma del Código Penal que incluye penas de prisión de entre tres meses y un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días para “el que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta”. Ahora, toca esperar a ver cómo evoluciona.
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