Casi la mitad de los votantes de EE.UU. considera que Trump es racista 

La deshumanización racial no es un desliz cultural: es un mecanismo político con siglos de recorrido.

La degradación política no es una anécdota. Es una estrategia. Y esta vez tiene cifras. Según una encuesta de YouGov para The Economist publicada el 18 de febrero, el 47% de las y los votantes estadounidenses considera que el presidente Donald Trump es racista. Solo un 24% cree que no lo es. El 29% restante dice no tener opinión.

No es una percepción aislada ni fruto de un clima pasajero. El sondeo llega apenas semanas después de que Trump republicara en su red social, Truth Social, un vídeo en el que el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama eran representados como simios. Una imagen con una carga histórica inequívoca. La deshumanización racial no es un desliz cultural: es un mecanismo político con siglos de recorrido.

Trump no publicó el vídeo en 2016. Lo hizo el 5 de febrero de 2026, siendo presidente. Y cuando estalló la polémica, no pidió disculpas. No reconoció el daño. No asumió la responsabilidad. Alegó que solo había visto “el principio” del vídeo y que “nadie sabía” que al final contenía imágenes racistas. “Yo no cometí ningún error”, afirmó.

El 6 de febrero, la Casa Blanca anunció que el vídeo había sido retirado y señaló a un supuesto miembro del equipo como responsable de la publicación. La portavoz Karoline Leavitt calificó las críticas de “indignación falsa”. Horas después, ante el malestar incluso dentro del Partido Republicano, se activó el protocolo de daños: borrar, minimizar, culpar a una persona sin nombre.

EL RACISMO COMO ESTRATEGIA DE PODER

La encuesta de febrero no es un fenómeno aislado. En enero de 2018, la misma pregunta arrojó que el 44% de la población veía a Trump como racista, frente a un 40% que no lo consideraba así. Ocho años después, el porcentaje de quienes lo defienden cae al 24%. Cada vez menos personas están dispuestas a negar lo evidente.

Entre quienes se identifican como republicanos, el dato es revelador: el 41% respondió que “no tiene opinión” sobre si Trump es racista. No es neutralidad. Es evasión. Cuando la mitad de un bloque político evita posicionarse ante una caricatura racista contra una familia negra, el problema no es de percepción, sino de normalización.

No se trata de una frase fuera de contexto ni de una ironía mal interpretada. Se trata de un patrón. Desde su primera campaña, Trump ha utilizado códigos raciales para movilizar a su base. La novedad no es el contenido. Es la impunidad.

En 2017, el entonces portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dejó claro que los mensajes en redes sociales del presidente debían considerarse “declaraciones oficiales”. Hoy, cuando conviene, la Casa Blanca sostiene que un vídeo compartido en plena madrugada no fue revisado adecuadamente. Sin embargo, es conocido que Trump utiliza sus cuentas personales a altas horas de la noche. La coartada del error técnico suena más a cálculo político que a descuido.

EL DOBLE RASERO Y EL DESGASTE DEMOCRÁTICO

El propio Barack Obama reaccionó en una entrevista con el youtuber Brian Tyler Cohen. Señaló que muchas personas encuentran este comportamiento “profundamente preocupante” y recordó el contraste con el escrutinio al que fue sometido durante su mandato. A él se le acusaba de “poco presidencial” por detalles superficiales. Hoy, un vídeo que reproduce un tropo racista centenario se despacha como ruido mediático.

La cuestión no es solo moral. Es institucional. Cuando la presidencia de Estados Unidos comparte material deshumanizador y luego rehúye toda responsabilidad, el mensaje es claro: el límite se ha desplazado.

En paralelo, decisiones judiciales recientes han señalado sesgos raciales en políticas migratorias de la actual administración. A principios de febrero de 2026, un juez federal frenó la intención de eliminar el Estatus de Protección Temporal para personas haitianas, argumentando que la medida estaba motivada, “al menos en parte”, por animadversión racial.

El racismo no opera solo en discursos virales. Se traduce en decretos, en políticas públicas, en quién tiene derecho a quedarse y quién no. Y cuando la figura presidencial se niega a reconocer la gravedad de un acto simbólico tan evidente, la señal hacia abajo es inequívoca.

La encuesta del 18 de febrero de 2026 no es un detalle demoscópico. Es un síntoma. Casi la mitad del país identifica un problema que el propio presidente se niega a admitir. Y mientras la Casa Blanca insiste en que no hubo error alguno, el desgaste democrático avanza sin necesidad de pedir permiso.