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Cuando el país atacado no puede responder, no es defensa. Es una guerra unilateral.
En política internacional hay una trampa retórica que se repite desde hace décadas. Se llama “ataque preventivo”. Consiste en presentar una agresión militar como si fuera un acto defensivo. Como si lanzar misiles sobre otro país fuera una forma de protegerse. Como si destruir ciudades ajenas fuera una política de seguridad.
Pero hay una realidad difícil de esconder: que el otro no pueda responder a tu ataque no lo convierte en legítimo. Solo significa que la guerra es desigual.
El discurso oficial estadounidense lleva años repitiendo el mismo argumento. Washington asegura que sus bombardeos son operaciones quirúrgicas contra el terrorismo, acciones necesarias para proteger la estabilidad internacional o golpes precisos contra amenazas emergentes.
El resultado, sin embargo, es otro: un mapa del mundo marcado por ataques militares constantes.
Y durante los mandatos de Donald Trump, esa lógica no se redujo. Continuó y, en algunos casos, se intensificó.
UNA PRESIDENCIA MARCADA POR LOS BOMBARDEOS
La primera gran guerra que Trump heredó fue Afganistán. Una guerra iniciada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que ya llevaba casi dos décadas cuando llegó a la Casa Blanca.
Lejos de cerrarla, la continuó. En 2017, por ejemplo, su gobierno lanzó la llamada “madre de todas las bombas” contra posiciones del Estado Islámico en el este del país, uno de los mayores explosivos no nucleares utilizados por Estados Unidos en combate.
Afganistán siguió siendo escenario de bombardeos durante toda su primera legislatura.
Siria fue otro frente abierto. El 7 de abril de 2017, Estados Unidos lanzó 59 misiles Tomahawk contra la base aérea siria de Shayrat por orden directa de Trump.
Un año después, en abril de 2018, Washington volvió a bombardear posiciones del gobierno de Bashar al-Assad junto a Francia y Reino Unido.
Las operaciones militares estadounidenses en Siria no desaparecieron tras esos ataques. Continúan hasta hoy.
Irak tampoco dejó de ser un escenario militar activo. Aunque la guerra a gran escala terminó formalmente años antes, Estados Unidos sigue realizando bombardeos y operaciones militares desde 2014, con ataques periódicos contra objetivos del ISIS.
Yemen fue otro caso especialmente brutal. Durante el primer año de Trump, los ataques estadounidenses con drones y bombardeos en Yemen y Somalia se dispararon hasta 161 operaciones, más del triple que el año anterior.
Uno de los episodios más conocidos fue la operación militar en Yakla en 2017, que terminó con víctimas civiles y generó una fuerte polémica internacional.
Somalia también vivió un aumento de los ataques. En 2017, la administración Trump declaró amplias zonas del país como “áreas de hostilidades activas”, lo que facilitó multiplicar las operaciones militares y los bombardeos contra Al-Shabaab.
Libia tampoco quedó fuera del radar. Entre 2017 y 2019, Estados Unidos lanzó múltiples bombardeos contra posiciones del ISIS en el país, interviniendo militarmente años después de la caída de Muamar el Gadafi.
LA SEGUNDA LEGISLATURA: GUERRAS EN MÁS CONTINENTES
La segunda presidencia de Trump amplió el mapa militar.
En diciembre de 2025, Estados Unidos lanzó ataques con misiles contra presuntos objetivos del Estado Islámico en el estado de Sokoto, en Nigeria.
La operación sorprendió incluso a parte de la población local, que cuestionó la presencia real de grupos yihadistas en la zona atacada.
Ese mismo periodo vio otro escenario de escalada: el Caribe.
Desde 2025, Estados Unidos ha atacado embarcaciones acusadas de narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico. Estas operaciones han causado más de un centenar de muertos, según distintos informes.
El problema es que Washington no ha presentado pruebas públicas de que esas embarcaciones estuvieran realmente vinculadas al narcotráfico.
Expertos independientes de Naciones Unidas han denunciado que algunos de estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y violaciones del derecho internacional.
América Latina también entró en la ecuación militar.
El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una gran operación aérea en Caracas que terminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, trasladado posteriormente a Estados Unidos para enfrentar cargos judiciales.
Y ese mismo año llegó otro frente potencialmente explosivo.
En 2026, Estados Unidos bombardeó instalaciones militares y nucleares iraníes, en una ofensiva que elevó la tensión regional y abrió el debate sobre la legalidad de iniciar una guerra sin autorización explícita del Congreso estadounidense ni mandato de Naciones Unidas.
Porque ahí está el núcleo del problema.
El lenguaje político ha aprendido a disfrazar la guerra.
Se habla de “operaciones limitadas”, “misiones de precisión” o “defensa preventiva”.
Pero lanzar misiles sobre otro país sigue teniendo el mismo significado que tenía hace siglos.
Se llama guerra.
Y si el país atacado no puede responder, no es porque no quiera.
Es porque la correlación de poder en el mundo permite que algunos Estados bombardeen mientras otros solo cuentan los muertos.
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