Ni Casado ni Cifuentes cursaron sus másteres, pero los jueces miran hacia otro lado 

El sistema de títulos sin esfuerzo académico que premió, entre otros, a los dos políticos del PP con sendos másteres, ha quedado sin castigo

Tanto en el currículum oficial de Pablo Casado como en el de Cristina Cifuentes figuraba el mismo máster que, aunque fue cursado en distintos años, ambos lo obtuvieron en el Instituto de Derecho Público, dependiente de la Universidad Rey Juan Carlos y dirigido por el fallecido Enrique Álvarez Conde. Se trata de unos másters muy sencillos de sacar, ya que los obtuvieron sin ir a clase, sin presentarse a los exámenes y sin realizar ningún trabajo, es decir, no hicieron nada para merecerlo.

Tanto el líder del PP como la expresidenta de la Comunidad de Madrid se enfrentaron por ello a sendos procesos judiciales, separados por algo más de dos años, de los que salieron airosos y sin ningún castigo judicial. En 2018, el Tribunal Supremo concluyó que no había ninguna prueba de que Casado hubiese cursado el posgrado y dejó claro que no había ido a clase ni cumpliera con el resto de requisitos académicos, pero la sala de lo Penal del Supremo rechazó imputar a Casado por cohecho.

El Tribunal consideró que los créditos fueron convalidados sin que él lo solicitase y atribuye acciones imputables a los responsables del máster. El alto tribunal dejó claro que el hecho de que el actual líder del PP se hubiese beneficiado no indica que haya existido un previo acuerdo ilegítimo con el profesor.

El máster de Cifuentes

Este lunes, la Audiencia Provincial de Madrid también ha decidido absolver a Cristina Cifuentes de inducción a la falsedad documental por el denominado caso Máster, pero ha condenado a la profesora Cecilia Rosado a un año y seis meses de cárcel como autora de la falsificación en documento oficial.

Cifuentes afirmó durante su declaración que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el TFM sin exponerlo ante el tribunal, algo que también hicieron otros alumnos.

«Actué de buena fe», afirmó en relación al acta que mostró a los medios el día que estalló la polémica, el 21 de marzo de 2018, al desconocer que contaba con firmas falsificadas, un hecho del que responsabilizó a la propia universidad.

Cifuentes dimitió el 25 de abril de ese año después de que a esta polémica se sumara la difusión de un vídeo en el que aparecía supuestamente robando unas cremas.

Aunque la Audiencia Provincial de Madrid no ha encontrado pruebas de que indujese la falsificación del acta sobre su TFM, confirma en su sentencia la información, que en 2018 había publicado elDiario.es y que dio origen al escándalo: Cifuentes se matriculó en 2011/2012 en el Máster en Derecho Autonómico de la universidad pública Rey Juan Carlos, financiada por la Comunidad de Madrid, y le quedaron pendientes dos asignaturas que fueron cambiadas de “no presentado” a “notable”, según revelaba la intranet de gestión de alumnos.

El hecho de que la funcionaria Amalia Calonge, instigada por el profesor Pablo Chico de la Cámara, realizase ese cambio de notas para que Cifuentes pudiese obtener el máster, es definido por el tribunal como una modificación “irregular”.

Según los jueces, no consta que la expresidenta madrileña realizase ningún tipo de trabajo ni examen para obtener los dos notables y concluyen que el desarrollo de este curso estuvo plagado de irregularidades, algo acreditado documentalmente.

En su declaración, la profesora Cecilia Rosado reconoció que falseó el acta a instancias de «presiones» de Enrique Álvarez Conde y Feito, pero Conde no ha podido declarar ya que falleció en abril de 2019.

Distinto castigo político

Aunque tanto en el caso de Pablo Casado como en el de Cristina Cifuentes las consecuencias judiciales han sido las mismas, no lo ha sido el castigo político. Cifuentes dimitió debido a la presión interna del PP y ante la posibilidad de que Ciudadanos, que le había dado sus votos en la investidura, forzase una moción de censura que diese el Gobierno de la Comunidad de Madrid al PSOE.

Por su parte, Casado aguantó al pie del cañón sin asumir responsabilidades. Una vez el Tribunal supremo archivó el caso, Casado ya había alcanzado la presidencia del Partido Popular tras aliarse con Cospedal.