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La Audiencia Nacional condena al excomisario a tres años y seis meses de prisión por revelación de secretos con difusión a terceros en el caso Dina.
LA FILTRACIÓN QUE YA NO PUEDE PRESENTARSE COMO PERIODISMO
La Audiencia Nacional ha condenado al excomisario José Manuel Villarejo a tres años y seis meses de prisión por un delito de revelación de secretos con difusión a terceros en el conocido como caso Dina. El tribunal considera probado que accedió sin autorización y distribuyó a OkDiario y El Confidencial contenido procedente de la tarjeta de un teléfono móvil sustraído en noviembre de 2015 a Dina Bousselham, entonces asesora de Pablo Iglesias.
La sentencia, fechada el 5 de mayo, pone fin a la pieza separada 10 de la macrocausa Tándem, una de las ramas más relevantes de las llamadas cloacas del Estado. No hablamos de una anécdota sucia. Hablamos de una estructura donde información privada, aparatos policiales y altavoces mediáticos caminaron en la misma dirección: golpear políticamente a Podemos.
El fallo declara a Villarejo “autor criminalmente responsable” de un delito agravado por su condición de funcionario público. La pena incluye también una multa de 18 meses, con una cuota diaria de 10 euros, seis años de inhabilitación absoluta y el pago de las costas procesales. En el plano civil, deberá indemnizar a Dina Bousselham con 5.000 euros y a Pablo Iglesias con 1.000 euros.
La Administración General del Estado deberá responder de forma subsidiaria al pago de esas cantidades. La razón es demoledora: la Audiencia Nacional entiende que Villarejo prestaba servicios para el Ministerio del Interior y que el delito se cometió dentro de un “ejercicio anormal de sus funciones”. Dicho de otra manera: no era un señor actuando desde un garaje. Era un funcionario policial usando resortes del Estado para una operación ilícita.
LAS CLOACAS TAMBIÉN TENÍAN ALTAVOCES
La resolución subraya que la actuación del excomisario supuso la difusión a terceros de información personal sin cobertura legal, vulnerando el derecho a la intimidad de la víctima. Fuentes jurídicas de Podemos interpretan esa mención a la “difusión” como un elemento central: el reconocimiento judicial de que las cloacas no solo operaban desde despachos policiales, sino también mediante circuitos mediáticos dispuestos a convertir material privado en munición política.
La condena por revelación de secretos “con difusión a terceros” señala una cadena. Primero, el robo del móvil. Después, el acceso irregular al contenido. Luego, la circulación del material. Finalmente, la publicación o uso mediático de esa información en un clima de guerra sucia contra una fuerza política. En la sentencia aparecen citados expresamente OkDiario y El Confidencial como receptores de esas filtraciones.
Durante las primeras sesiones del juicio, la Fiscalía pidió tres años de cárcel para los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles por entregar a Villarejo el contenido de la tarjeta del móvil de Bousselham, facilitando que terminara en manos de Eduardo Inda, de OkDiario, y José María Olmo, de El Confidencial. Pozas y Rendueles reconocieron parcialmente los hechos y obtuvieron el perdón de Pablo Iglesias y Dina Bousselham.
La Fiscalía había solicitado para Villarejo cinco años de prisión al considerar acreditado que difundió el contenido del dispositivo con la finalidad de perjudicar a Podemos y a su entonces líder. El tribunal fija finalmente una pena inferior, pero mantiene lo esencial: la utilización ilícita de información privada con proyección pública. Y eso importa. Mucho.
Porque esta sentencia no borra el daño causado. No devuelve la intimidad violentada. No repara años de titulares, sospechas inducidas y campañas de intoxicación. Pero sí deja una constatación jurídica incómoda para quienes durante años llamaron “información” a lo que olía a operación policial desde lejos: la guerra sucia también se imprimía en portada.
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