Rubén Sánchez lleva de nuevo a los tribunales a Vito Quiles por otra oleada de insultos y acusaciones 

El secretario general de FACUA inicia una nueva querella por injurias y calumnias tras el procesamiento del agitador ultra, cuyas publicaciones superan el millón de visualizaciones.

UNA NUEVA OFENSIVA JUDICIAL TRAS EL AUTO DE PROCESAMIENTO

Rubén Sánchez, secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, ha iniciado los trámites para presentar una nueva querella por delitos de injurias y calumnias contra Vito Zoppellari Quiles. No es un episodio aislado ni una simple disputa en redes. Llega después de que el agitador de extrema derecha haya seguido insultando y atribuyendo delitos a Sánchez incluso tras ser procesado en una causa anterior por hechos similares.

El primer paso ya está dado. Sánchez ha presentado en los juzgados de Madrid una demanda de conciliación, requisito obligatorio antes de interponer la querella. Ese acto debe celebrarse en los juzgados del domicilio de Quiles, aunque la querella se presentará de nuevo en Sevilla, ciudad en la que reside el secretario general de FACUA.

La nueva oleada de ataques arrancó la misma semana en que se conoció públicamente el auto de transformación en procedimiento abreviado dictado por la magistrada María José Moreno Díaz, titular de la Plaza 18 de la Sección de Instrucción de los Tribunales de Instancia de Sevilla. En esa resolución, la jueza señaló que “el conjunto de mensajes y vídeos” investigados resultaba “intolerable al deber ético y profesional del periodismo” y quedaba fuera del amparo de la libertad de expresión, al presentar indicios de injurias y calumnias delictivas.

Lejos de frenar, Quiles volvió a cargar contra Sánchez. Según la información publicada por FACUA sobre la petición de nueve años de prisión para Vito Quiles, el agitador llegó a presentar al secretario general de la organización como “líder de una organización delictiva”, responsable de una “red de extorsión” y de una “red de acoso”. También lo llamó “puñetero sinvergüenza” y “el mayor sinvergüenza acosador”.

MÁS DE UN MILLÓN DE VISUALIZACIONES Y NUEVE AÑOS DE PRISIÓN SOLICITADOS

La gravedad del caso no está solo en las palabras. Está también en su alcance. Las publicaciones que motivan esta nueva acción penal acumulan más de un millón de visualizaciones, una cifra que convierte el ataque en un fenómeno de difusión masiva. No hablamos de un exabrupto perdido en internet. Hablamos de una maquinaria de señalamiento con capacidad de arrastre, amplificación y daño reputacional.

En la causa ya abierta, el abogado de Sánchez, Francisco Tejado, ha solicitado nueve años de prisión para Quiles por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico. La petición se reparte en tres años por cada delito. A eso se suman dos delitos de injurias con publicidad, por los que reclama multas de 12.000 euros cada una, calculadas a razón de 20 euros diarios durante 20 meses.

La acusación pide también que Quiles sea inhabilitado para desarrollar cualquier actividad vinculada al supuesto ejercicio del periodismo durante el mismo periodo de condena por las calumnias. Es una petición relevante, porque toca una cuestión de fondo: dónde termina la opinión, dónde empieza la difamación y qué ocurre cuando el disfraz de periodista sirve para lanzar acusaciones sin prueba contra adversarios ideológicos.

La defensa de Sánchez reclama, como responsabilidad civil, una indemnización de 60.000 euros tanto a Quiles como a Edatv, el pseudomedio de Javier Negre, señalado como responsable civil subsidiario. También solicita que el acusado grabe un vídeo leyendo el fallo de la sentencia y que ese vídeo sea publicado en su perfil de Twitter, en su canal de Telegram y en el canal principal de Edatv en YouTube.

El siguiente paso será que el juzgado traslade el escrito de conclusiones provisionales de la acusación a la representación procesal de Quiles. A partir de ahí, la defensa tendrá un plazo de 10 días para presentar su escrito. La extrema derecha lleva años confundiendo libertad de expresión con licencia para destruir reputaciones. Esta vez, esa estrategia puede acabar sentada ante un tribunal.