Begoña Gómez y el jurado popular: cuando la justicia se entrega a nueve ciudadanos sin herramientas suficientes 

El posible juicio a la esposa del presidente vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: quién debe decidir sobre delitos complejos cuando la presión mediática ya ha dictado sentencia antes de entrar en sala.

NUEVE PERSONAS ANTE UNA MAQUINARIA QUE NO PERDONA

La causa contra Begoña Gómez ha dejado de ser solo una causa judicial. Hace tiempo que es otra cosa. Una pieza más en esa trituradora política, mediática y judicial donde la presunción de inocencia se convierte en estorbo, el procedimiento en espectáculo y la toga en decorado. El 15 de junio, la esposa del presidente del Gobierno compareció ante el juez Juan Carlos Peinado en una audiencia previa de carácter protocolario. Sobre la mesa, el posible juicio contra ella, contra su asesora Cristina Álvarez y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

La fase de instrucción queda ya encaminada hacia la Audiencia Provincial de Madrid. Y ahí aparece la bomba procesal: un juicio con jurado popular. Es decir, nueve personas elegidas entre la ciudadanía podrían acabar decidiendo sobre un asunto contaminado desde hace meses por tertulias, titulares, filtraciones, bronca parlamentaria y esa mezcla tan española de ruido judicial y cálculo partidista. Qué podía salir mal.

La institución del jurado popular nació con una promesa noble: acercar la justicia al pueblo, impedir que la toga fuese un coto cerrado de las élites jurídicas, introducir una mirada ciudadana en causas graves. Sobre el papel, suena democrático. En la práctica, muchas veces se parece demasiado a lanzar a varias personas corrientes a una sala blindada, ponerles delante cientos de folios, periciales, estrategias de defensa, lenguaje técnico y presión pública, y luego pedirles que resuelvan como si todo fuese evidente.

Aquí está el problema. No la ciudadanía. No la gente común. El problema es un sistema que presume de participación popular mientras abandona a las y los jurados ante procedimientos que pueden superar a profesionales con años de carrera. Después, cuando algo falla, se culpa al jurado. Muy cómodo. Muy español. Muy de lavarse las manos desde arriba.

Los datos no son menores. Más del 90% de las sentencias con jurado popular son condenatorias. Y una de cada cinco acaba siendo revocada por el Tribunal Supremo. Dicho de otra manera: el mecanismo condena mucho y se equivoca lo suficiente como para que el debate no sea una rareza académica, sino una urgencia democrática. Porque una condena no es una opinión. Una condena destruye vidas, familias, reputaciones, trabajos y futuros. A veces para siempre.

La causa de Begoña Gómez llega a este terreno minado con todos los ingredientes para el desastre: polarización, exposición pública, presión de la derecha política, ansiedad mediática y un juez convertido ya en personaje central de la trama. Y cuando un proceso entra en esa dimensión, el jurado no decide en el vacío. Nadie decide en el vacío. Las y los ciudadanos que se sienten en esa sala llegarán de una sociedad que lleva meses escuchando versiones, acusaciones, insinuaciones y relatos interesados. La neutralidad absoluta es una fantasía. La pregunta es si el sistema está preparado para compensar esa contaminación. Y la respuesta, viendo los antecedentes, no invita precisamente a dormir tranquilos.

VEREDICTOS QUE PESAN COMO UNA LOSA

España tiene ejemplos suficientes para no tratar este debate como una extravagancia. El caso de Dolores Vázquez sigue siendo la herida más evidente. Fue condenada en 48 horas por el asesinato de Rocío Wanninkhof. Pasó 17 meses en prisión hasta que el ADN de Tony King demostró su inocencia. No fue un error pequeño. Fue una catástrofe judicial, humana y mediática. Una mujer convertida en culpable perfecta por prejuicios, ambiente social y una maquinaria que necesitaba cerrar el caso. Cuando la justicia se deja arrastrar por el clima de época, la verdad llega tarde. Si llega.

También está el caso Asunta Basterra. Un juicio de un mes, con 130 testigos y peritos, pruebas científicas complejas y una deliberación de cinco días. El jurado condenó a los padres de la niña a 18 años de prisión, y el Supremo confirmó la sentencia. Aquí, el sistema sostuvo el veredicto. Pero la pregunta sigue ahí: cuánta información puede procesar una persona sin formación jurídica cuando se le entrega una causa cargada de informes, contradicciones, periciales y presión social.

Las defensas de Rosario Porto y Alfonso Basterra, como la de Ana Julia Quezada, señalaron precisamente ese problema: la posible falta de imparcialidad en casos donde la opinión pública ya había construido un relato antes del juicio. Y no es un argumento menor. Porque el jurado no sale de un laboratorio. Sale de la misma televisión, de las mismas redes, de los mismos titulares y de la misma conversación pública que cualquier otra persona. La diferencia es que luego debe decidir sobre prisión, culpabilidad y daño irreparable.

La defensa de José Bretón llegó a hablar de un acusado “crucificado por la sociedad”. En su caso, el fallo fue unánime y la pena de 40 años de prisión fue ratificada. Pero la frase sirve para entender una tensión real: hay procedimientos en los que el veredicto social parece empezar antes que el judicial. Y eso no es justicia popular. Es populismo punitivo con solemnidad procesal.

La controversia no se limita a crímenes mediáticos. También afecta a delitos de enorme complejidad técnica, como los relacionados con corrupción. Ahí aparece el caso de Francisco Camps y su absolución en el conocido caso de los trajes. Una decisión discutida, discutible y convertida durante años en símbolo de las grietas del sistema. Porque juzgar corrupción no es solo escuchar a testigos y valorar emociones. Es seguir rastros económicos, relaciones de poder, favores cruzados, contratos, indicios y zonas grises construidas precisamente para no dejar huella.

Se ha llegado incluso a plantear la reforma de la ley del Jurado. No por capricho. La idea tomó fuerza tras la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi de la absolución del etarra Mikel Otegi, ordenando repetir el juicio. También se han dado situaciones extremas, como la intervención de la Audiencia de Granada para disolver un jurado antes de un veredicto de culpabilidad que consideraba infundado en el caso de una doctora procesada por omisión del deber de socorro. Cuando una instancia superior tiene que frenar un veredicto antes de que nazca, algo chirría demasiado.

El mantra resume la desconfianza con crueldad: “si soy culpable, que me juzgue un jurado; si soy inocente, que lo haga un juez”. Es una frase exagerada, sí. Pero no sale de la nada. Sale de una experiencia acumulada donde emoción, presión pública y falta de formación pueden pesar más que la arquitectura jurídica del caso. Y eso, en una democracia seria, debería preocupar bastante más que el rédito partidista de turno.

La causa contra Begoña Gómez no inaugura el problema. Lo desnuda. Lo coloca bajo los focos en el peor momento posible, cuando la política se ha acostumbrado a usar los juzgados como plató y la prensa de trinchera convierte cada trámite en una sentencia anticipada. No se puede pedir justicia limpia mientras se alimenta una hoguera todos los días.

Porque al final la pregunta no es si el pueblo puede participar en la justicia. Claro que puede. La pregunta es si el Estado puede seguir usando esa participación como coartada mientras entrega causas complejas, hipermediatizadas y técnicamente exigentes a personas que no siempre reciben herramientas suficientes para resistir el ruido. Y el ruido, aquí, no es un detalle. Es el arma.

Cuando la justicia se convierte en espectáculo, el veredicto empieza a escribirse mucho antes de que hable el jurado.