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Cuando expulsar a opresores se castiga y el genocidio queda impune
LA JUSTICIA CASTIGA A QUIEN SE REBELA, PERDONA A QUIEN MASACRA
Más de un centenar de personas llenaron ayer la entrada de la Cidade da Xustiza de Vigo para respaldar a Samir Slim, hostelero de origen libanés, investigado por un presunto delito de odio por expulsar a un grupo de turistas israelíes de su bar. El vídeo que circuló en redes se convirtió en la excusa perfecta para abrirle un procedimiento judicial. Su verdadero «delito» fue otro: atreverse a plantar cara, en su propio local, a ciudadanos de un Estado que hoy arrasa Gaza, dejando tras de sí cadáveres de niñas y niños, hambre planificada y destrucción sistemática de vidas.
Samir no gritó consignas racistas, no incitó a la violencia, no levantó la mano contra nadie. Simplemente dijo basta a quienes, según sus palabras, lo trataron mal, y que además representan a un país que lleva meses pisoteando derechos humanos ante la pasividad internacional. En un mundo justo, Samir sería un ciudadano más defendiendo su dignidad; en este, es señalado como un criminal mientras los responsables políticos y militares de un genocidio siguen paseando por las alfombras rojas de Europa.
El apoyo popular fue claro: decenas de banderas palestinas, gritos de «Palestina vencerá» y un clamor unánime contra la doble vara de medir de una justicia que parece más ágil para proteger el orgullo turístico de ciudadanos israelíes que para perseguir crímenes de guerra televisados en directo.
UN JUICIO POLÍTICO DISFRAZADO DE DELITO DE ODIO
La comparecencia de Samir ante el Juzgado de Instrucción 4 duró más de una hora. A la salida, afirmó estar tranquilo y repitió que lo único que hizo fue contar la verdad completa, más allá de los segundos virales que marcaron su destino judicial. Lo dijo con firmeza: “Este es un país humano”. Pero, ¿qué humanidad hay en un sistema que convierte en sospechoso a quien se indigna ante el genocidio y se atreve a incomodar a quienes, con pasaporte en mano, forman parte de la maquinaria turística del apartheid?
En España, se están instalando peligrosos precedentes: mientras movimientos sociales y colectivos de derechos humanos son perseguidos bajo el pretexto de delitos de odio, quienes justifican o minimizan las matanzas en Gaza mantienen altavoces mediáticos y respaldo institucional. Los tribunales se convierten así en cómplices pasivos de una narrativa que blinda al ocupante y criminaliza al solidario.
La escena de Vigo ayer no fue solo un apoyo a un hostelero. Fue un grito colectivo contra la normalización del horror, contra la idea de que la neutralidad ante la barbarie es justicia. Samir lo resumió en una frase que debería grabarse en mármol: “Ya no se trata de Samir, sino del genocidio a un pueblo”.
Mientras tanto, los tribunales españoles guardan silencio sobre las empresas que siguen comerciando armas con Israel, sobre las administraciones que colaboran con un Estado investigado por crímenes contra la humanidad, y sobre la complicidad política de la Unión Europea en este exterminio a cámara lenta.
La foto de ayer en Vigo es un recordatorio incómodo para quienes creen que la justicia puede tapar el sol con un auto judicial. Porque lo único que hoy debería estar siendo investigado es el genocidio, no a quienes se niegan a blanquearlo sirviendo copas.
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