El PP vuelve a demostrar que su “prioridad nacional” cabe entera en un reparto de sillones con la ultraderecha.
EL PRECIO REAL DEL PODER
Alfonso Fernández Mañueco ya tiene nuevo Gobierno en Castilla y León. Y el mensaje político no puede ser más claro: cuando el Partido Popular necesita conservar el poder, no negocia límites democráticos, negocia carteras. No levanta cordones sanitarios, reparte competencias. No frena a Vox, lo sienta en el Consejo de Gobierno y le entrega piezas estratégicas del tablero institucional.
Este 15 de junio, tres integrantes de Vox juraron sus cargos en el Ejecutivo castellanoleonés. El precio para sostener la presidencia de Mañueco no ha sido solo la llamada “prioridad nacional”. Ha sido bastante más. Ha sido cultura. Ha sido cambio climático. Ha sido política ambiental. Ha sido gestión del lobo. Ha sido familia. Ha sido ayudas sociales. Ha sido desregulación. Todo eso, colocado en manos de una fuerza que lleva años haciendo política contra los consensos democráticos mínimos, contra los derechos sociales y contra cualquier idea de protección colectiva que no pase por el orden, la frontera y el mercado.
Uno de los nombramientos más reveladores es el de José Alberto Díaz Pico, nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deporte. El cargo suena institucional, limpio, casi inocuo. Pero el perfil político no lo es. Durante la campaña dejó una frase que retrata bastante bien el mundo que quiere construir Vox: “Quien entre pegando una patada en la puerta o venga a delinquir, tiene un billete de vuelta a su país y a ser posible lo pagamos con el dinero de los sindicatos”. La frase no era una anécdota. Era un programa. Migrantes como amenaza, sindicatos como enemigo, cultura como campo de batalla.
Ahora Díaz Pico promete acabar con lo que llama “ideologización” de la cultura. Traducido del dialecto ultra: limpiar la cultura de todo lo que huela a memoria, feminismo, diversidad, clase trabajadora o mirada crítica. Dice que quiere alejarla de la “progresía”. Qué casualidad. Siempre empiezan por la cultura quienes quieren terminar controlando el relato de un territorio. No buscan una cultura libre: buscan una cultura domesticada.
Y aquí aparece la gran farsa. Vox habla de libertad mientras sueña con tutelar museos, teatros, bibliotecas, festivales y políticas culturales. El PP lo sabe. Mañueco lo sabe. Y aun así entrega la consejería. Porque en la política de la derecha española, la cultura no es un derecho ciudadano, sino una moneda de cambio. Algo que se puede ceder a cambio de estabilidad parlamentaria. Algo prescindible. Algo que molesta cuando piensa.
CLIMA, LOBOS Y DESREGULACIÓN: EL BOTÍN IDEOLÓGICO
El segundo nombre clave es Joaquín Pino, expresidente del sindicato agrario Asaja en la provincia de Ávila, ahora consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Aquí el movimiento es todavía más serio. Porque no hablamos solo de una cartera sectorial. Hablamos de competencias en cambio climático y control cinegético, incluida la gestión del lobo.
En una comunidad marcada por tensiones rurales, incendios, sequías, presión sobre ecosistemas y debate ambiental, Mañueco coloca áreas decisivas en manos de Vox. No es un detalle técnico. Es una señal política. La ultraderecha lleva años ridiculizando la emergencia climática, enfrentando mundo rural y ecologismo, convirtiendo la protección ambiental en una supuesta imposición urbana y vendiendo la naturaleza como obstáculo para el negocio. Ahora tendrá capacidad de gestión. De presupuesto. De norma. De freno. De retroceso.
La gestión del lobo no es un símbolo menor. Es una de esas cuestiones que la derecha extrema utiliza para fabricar guerra cultural en el campo. No le interesa resolver conflictos reales entre ganaderas y ganaderos, conservación, compensaciones, prevención y equilibrio territorial. Le interesa agitar. Le interesa enfrentar. Le interesa convertir al lobo en un enemigo útil y al ecologismo en una caricatura. Donde debería haber política pública seria, habrá propaganda con despacho oficial.
Y la tercera pieza ya era conocida, pero no por eso resulta menos grave. Carlos Pollán será vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, la cartera más polémica de las 11 que componen el Gobierno de Mañueco. La palabra “desregulación” no es neutra. Nunca lo es. Es la música habitual de quienes quieren menos controles para los de arriba y más disciplina para los de abajo. Menos trabas para el capital, más moralina para las familias. Menos Estado social, más caridad administrada con sesgo ideológico.
El nombre completo de la consejería parece escrito por una consultora neoliberal después de leer un manual de Vox: desregular, tutelar la familia, repartir ayudas sociales desde una mirada conservadora. Todo junto. Todo mezclado. Mercado libre para unos, vigilancia moral para otras y otros. Esa es la arquitectura.
En la parte del PP tampoco hay limpieza. Mañueco mantiene a Juan Carlos Suárez Quiñones, el consejero cuestionado por su gestión de los incendios del pasado verano. Lejos de apartarlo, lo recoloca al frente de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. En cualquier democracia con algo de pudor institucional, una gestión polémica de incendios tendría coste político. En Castilla y León, parece servir para seguir en el Gobierno con otra cartera. Así funciona la responsabilidad cuando gobierna la derecha: se exige hacia abajo y se evapora hacia arriba.
También asciende Isabel Blanco, vicepresidenta segunda, que sustituirá a Mañueco durante sus ausencias. Otro movimiento interno dentro de un Gobierno que se recompone no para proteger mejor a la ciudadanía, sino para sostener el equilibrio entre PP y Vox. El resultado es una administración autonómica convertida en tablero de supervivencia política.
Mañueco no ha sido arrastrado por Vox. Mañueco ha elegido esto. Ha decidido gobernar con quienes convierten la migración en amenaza, la cultura en sospecha, el clima en molestia, los sindicatos en enemigo y la política social en instrumento moral. No hay sorpresa. Hay método. El PP lleva años fingiendo que contiene a la ultraderecha mientras le abre la puerta, le sirve café y le entrega competencias.
Castilla y León no ha recibido un Gobierno: ha recibido una factura política pagada con derechos, territorio y futuro.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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