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El PP vuelve a demostrar que su “prioridad nacional” cabe entera en un reparto de sillones con la ultraderecha.
EL PRECIO REAL DEL PODER
Alfonso Fernández Mañueco ya tiene nuevo Gobierno en Castilla y León. Y el mensaje político no puede ser más claro: cuando el Partido Popular necesita conservar el poder, no negocia límites democráticos, negocia carteras. No levanta cordones sanitarios, reparte competencias. No frena a Vox, lo sienta en el Consejo de Gobierno y le entrega piezas estratégicas del tablero institucional.
Este 15 de junio, tres integrantes de Vox juraron sus cargos en el Ejecutivo castellanoleonés. El precio para sostener la presidencia de Mañueco no ha sido solo la llamada “prioridad nacional”. Ha sido bastante más. Ha sido cultura. Ha sido cambio climático. Ha sido política ambiental. Ha sido gestión del lobo. Ha sido familia. Ha sido ayudas sociales. Ha sido desregulación. Todo eso, colocado en manos de una fuerza que lleva años haciendo política contra los consensos democráticos mínimos, contra los derechos sociales y contra cualquier idea de protección colectiva que no pase por el orden, la frontera y el mercado.
Uno de los nombramientos más reveladores es el de José Alberto Díaz Pico, nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deporte. El cargo suena institucional, limpio, casi inocuo. Pero el perfil político no lo es. Durante la campaña dejó una frase que retrata bastante bien el mundo que quiere construir Vox: “Quien entre pegando una patada en la puerta o venga a delinquir, tiene un billete de vuelta a su país y a ser posible lo pagamos con el dinero de los sindicatos”. La frase no era una anécdota. Era un programa. Migrantes como amenaza, sindicatos como enemigo, cultura como campo de batalla.
Ahora Díaz Pico promete acabar con lo que llama “ideologización” de la cultura. Traducido del dialecto ultra: limpiar la cultura de todo lo que huela a memoria, feminismo, diversidad, clase trabajadora o mirada crítica. Dice que quiere alejarla de la “progresía”. Qué casualidad. Siempre empiezan por la cultura quienes quieren terminar controlando el relato de un territorio. No buscan una cultura libre: buscan una cultura domesticada.
Y aquí aparece la gran farsa. Vox habla de libertad mientras sueña con tutelar museos, teatros, bibliotecas, festivales y políticas culturales. El PP lo sabe. Mañueco lo sabe. Y aun así entrega la consejería. Porque en la política de la derecha española, la cultura no es un derecho ciudadano, sino una moneda de cambio. Algo que se puede ceder a cambio de estabilidad parlamentaria. Algo prescindible. Algo que molesta cuando piensa.
CLIMA, LOBOS Y DESREGULACIÓN: EL BOTÍN IDEOLÓGICO
El segundo nombre clave es Joaquín Pino, expresidente del sindicato agrario Asaja en la provincia de Ávila, ahora consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Aquí el movimiento es todavía más serio. Porque no hablamos solo de una cartera sectorial. Hablamos de competencias en cambio climático y control cinegético, incluida la gestión del lobo.
En una comunidad marcada por tensiones rurales, incendios, sequías, presión sobre ecosistemas y debate ambiental, Mañueco coloca áreas decisivas en manos de Vox. No es un detalle técnico. Es una señal política. La ultraderecha lleva años ridiculizando la emergencia climática, enfrentando mundo rural y ecologismo, convirtiendo la protección ambiental en una supuesta imposición urbana y vendiendo la naturaleza como obstáculo para el negocio. Ahora tendrá capacidad de gestión. De presupuesto. De norma. De freno. De retroceso.
La gestión del lobo no es un símbolo menor. Es una de esas cuestiones que la derecha extrema utiliza para fabricar guerra cultural en el campo. No le interesa resolver conflictos reales entre ganaderas y ganaderos, conservación, compensaciones, prevención y equilibrio territorial. Le interesa agitar. Le interesa enfrentar. Le interesa convertir al lobo en un enemigo útil y al ecologismo en una caricatura. Donde debería haber política pública seria, habrá propaganda con despacho oficial.
Y la tercera pieza ya era conocida, pero no por eso resulta menos grave. Carlos Pollán será vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, la cartera más polémica de las 11 que componen el Gobierno de Mañueco. La palabra “desregulación” no es neutra. Nunca lo es. Es la música habitual de quienes quieren menos controles para los de arriba y más disciplina para los de abajo. Menos trabas para el capital, más moralina para las familias. Menos Estado social, más caridad administrada con sesgo ideológico.
El nombre completo de la consejería parece escrito por una consultora neoliberal después de leer un manual de Vox: desregular, tutelar la familia, repartir ayudas sociales desde una mirada conservadora. Todo junto. Todo mezclado. Mercado libre para unos, vigilancia moral para otras y otros. Esa es la arquitectura.
En la parte del PP tampoco hay limpieza. Mañueco mantiene a Juan Carlos Suárez Quiñones, el consejero cuestionado por su gestión de los incendios del pasado verano. Lejos de apartarlo, lo recoloca al frente de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. En cualquier democracia con algo de pudor institucional, una gestión polémica de incendios tendría coste político. En Castilla y León, parece servir para seguir en el Gobierno con otra cartera. Así funciona la responsabilidad cuando gobierna la derecha: se exige hacia abajo y se evapora hacia arriba.
También asciende Isabel Blanco, vicepresidenta segunda, que sustituirá a Mañueco durante sus ausencias. Otro movimiento interno dentro de un Gobierno que se recompone no para proteger mejor a la ciudadanía, sino para sostener el equilibrio entre PP y Vox. El resultado es una administración autonómica convertida en tablero de supervivencia política.
Mañueco no ha sido arrastrado por Vox. Mañueco ha elegido esto. Ha decidido gobernar con quienes convierten la migración en amenaza, la cultura en sospecha, el clima en molestia, los sindicatos en enemigo y la política social en instrumento moral. No hay sorpresa. Hay método. El PP lleva años fingiendo que contiene a la ultraderecha mientras le abre la puerta, le sirve café y le entrega competencias.
Castilla y León no ha recibido un Gobierno: ha recibido una factura política pagada con derechos, territorio y futuro.
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