Bolivia: cuando el pueblo protesta, el Gobierno de Rodrigo Paz lo llama terrorismo 

Más de mes y medio de movilizaciones, bloqueos y detenciones retratan el giro represivo de un Ejecutivo que prometió orden y ahora vende miedo.

EL DESGASTE COMO MÉTODO DE GOBIERNO

Bolivia lleva 46 días en una crisis social abierta contra el Gobierno de Rodrigo Paz. No son dos marchas aisladas, ni una rabieta sectorial, ni una protesta de trámite para llenar titulares. Son más de seis semanas de movilizaciones, bloqueos, detenciones, acusaciones cruzadas y una tensión política que el Ejecutivo ha decidido administrar como se administran las crisis desde la derecha: dejando que el conflicto se pudra mientras se criminaliza a quienes protestan.

Paz evita, de momento, sacar al Ejército. Ese dato importa. No porque convierta su respuesta en democrática, sino porque revela otra estrategia. Más lenta. Más calculada. Menos espectacular que los tanques en la calle, pero no necesariamente menos violenta. El Gobierno apuesta por desgastar las protestas con detenciones, presión política, división interna y un relato que intenta convertir el malestar social en amenaza criminal. Viejo manual. Cambian los nombres, cambian los despachos, pero la receta es la misma: cuando el pueblo corta carreteras porque no puede más, el poder habla de terrorismo.

El Ejecutivo boliviano acusa a los manifestantes de estar vinculados con el “terrorismo” y el “narcotráfico”. No es una palabra inocente. Nunca lo es. Llamar terrorista a quien protesta no busca describir la realidad, busca preparar el terreno. Sirve para que la represión parezca defensa del Estado. Sirve para que las y los trabajadores, campesinos, sectores populares y organizaciones sociales dejen de ser sujetos políticos y pasen a ser sospechosos. La protesta deja de ser una demanda y se convierte en expediente policial.

Ahí está el truco. Si las movilizaciones son legítimas, el Gobierno tiene que responder políticamente. Si son “narcoterrorismo”, ya no hay que escuchar nada. Solo detener, aislar, señalar, perseguir. Y mientras tanto se habla de orden. Siempre el orden. Esa palabra tan querida por quienes solo la pronuncian cuando el desorden lo provocan las de abajo y los de abajo. Porque el hambre no les parece desorden. La precariedad no les parece desorden. La exclusión de las mayorías no les parece desorden. Desorden, para ellos, es que el pueblo levante la cabeza.

Rodrigo Paz llegó al poder prometiendo estabilidad. Lo que aparece ahora es otra cosa: estabilidad para quienes mandan, incertidumbre para quienes resisten. Un Gobierno de derechas que se presenta como gestor sensato mientras activa una maquinaria de desgaste contra la protesta social. No necesita declarar una guerra abierta si puede imponer una guerra de nervios. No necesita sacar al Ejército si consigue que el miedo, las detenciones y la cooptación hagan el trabajo sucio.

CRIMINALIZAR AL PUEBLO PARA SALVAR AL PODER

La cooptación de dirigentes forma parte de ese mismo engranaje. No hay nada más útil para un Gobierno acorralado que romper desde dentro aquello que no puede derrotar de frente. Negociar con unos, aislar a otros, premiar la obediencia, castigar la persistencia. La vieja política de siempre. Muy institucional. Muy presentable. Muy sucia.

Y aquí conviene no caer en la trampa del relato oficial. Bolivia no vive una simple disputa de orden público. Vive una crisis política y social donde sectores populares denuncian abandono, deterioro económico y exclusión. Cuando un Ejecutivo responde a eso con etiquetas de “terrorismo” y “narcotráfico”, el mensaje es brutal: no quiere resolver la crisis, quiere deslegitimarla. No quiere escuchar el conflicto, quiere convertirlo en delito.

Las detenciones cumplen una función ejemplarizante. No solo afectan a quienes acaban esposados. Hablan a todo el mundo. Dicen: esto te puede pasar a ti. Dicen: cuidado con marchar, cuidado con bloquear, cuidado con organizarte. Y ese cuidado es una forma de censura social. Una censura sin necesidad de cerrar periódicos ni prohibir pancartas. Basta con convertir la calle en amenaza judicial.

El Gobierno evita el Ejército, sí. Pero ya tiene un vocabulario militarizado. “Terrorismo”. “Narcotráfico”. “Amenaza”. “Orden”. Las palabras abren camino. Primero se deshumaniza a quienes protestan. Luego se justifica el golpe. No siempre hace falta un uniforme para que avance la lógica autoritaria. A veces basta con un ministro hablando serio, una rueda de prensa y un titular obediente.

La derecha latinoamericana conoce bien ese idioma. Lo ha usado contra sindicatos, pueblos indígenas, campesinas y campesinos, estudiantes, vecinas y vecinos organizados. Todo lo que huela a poder popular acaba presentado como caos. Todo lo que cuestione el reparto de riqueza acaba envuelto en sospecha. El neoliberalismo siempre pide libertad para los mercados y obediencia para las mayorías. Cuando las mayorías no obedecen, llega la palabra mágica: seguridad.

Y claro que los bloqueos generan problemas. Claro que una protesta prolongada tensiona la vida cotidiana. Nadie serio lo niega. Pero la pregunta política es otra: qué tipo de país obliga a su gente a bloquear carreteras durante 46 días para ser escuchada. Qué tipo de Gobierno mira esa persistencia y decide responder con desgaste. Qué tipo de poder necesita llamar criminal a quien exige una salida.

La respuesta es incómoda, pero bastante clara. Un poder que no tiene proyecto para las mayorías necesita fabricar enemigos. Un Gobierno que no puede ofrecer justicia social ofrece orden. Un Ejecutivo que no quiere discutir las causas de la rabia discute la supuesta peligrosidad de quienes la expresan.

Bolivia vuelve a mostrar una escena conocida en demasiados lugares: las élites se blindan, los gobiernos hablan de estabilidad y el pueblo paga la factura. Si la protesta gana fuerza, se la infiltra. Si resiste, se la judicializa. Si se extiende, se la vincula con el crimen. Y si aun así continúa, entonces ya se abre la puerta a medidas más duras. Paso a paso. Sin prisa. Con la frialdad de quien sabe que la represión también puede administrarse por goteo.

Lo que está en juego no es solo la continuidad de Rodrigo Paz. Es el derecho de un pueblo a protestar sin ser tratado como enemigo interno. Porque cuando un Gobierno convierte 46 días de movilización social en una amenaza terrorista, no está defendiendo la democracia. Está defendiendo su silla.

Y cuando el poder necesita llamar terrorista al pueblo para seguir gobernando, lo que está confesando es que ya no tiene argumentos.