Durante décadas, su caso ha sido un ejemplo del ensañamiento judicial contra quienes desafían el status quo desde el compromiso social.
Manuel Pérez Martínez, conocido como ‘Camarada Arenas’, ha salido de la cárcel de Aranjuez a sus 80 años tras pasar un total de 32 en prisión. Su historia no es solo la de un militante comunista, sino la de un Estado que ha hecho de la represión una forma de gobierno. La Audiencia Nacional ha ordenado su liberación efectiva desde el 28 de enero, pero su caso refleja hasta qué punto la persecución política sigue vigente en España.
Desde su juventud, Pérez Martínez se sumó a la lucha política en la Organización de Marxistas-Leninistas de España (OMLE), antes de convertirse en secretario general del Partido Comunista de España (reconstituido), PCE(r), en 1975. Desde entonces, la prisión ha sido una constante en su vida: de 1977 a 1984 y desde el año 2000 hasta la actualidad. Arrestado en Francia y entregado a España, su proceso judicial se ha basado en la criminalización de su ideología más que en pruebas concretas.
En 2009, el Tribunal Supremo lo condenó a siete años por el secuestro y desaparición de Publio Cordón, a pesar de que la Audiencia Nacional lo había absuelto en 2007. No se presentaron pruebas de su implicación directa, pero se le acusó de ser “autor por omisión”. En 2012, se le sumaron 17 años más de condena en otro juicio, asegurando su permanencia en prisión hasta la vejez.
Su liberación no es un acto de justicia, sino la consecuencia del agotamiento de una condena desproporcionada. Durante décadas, su caso ha sido un ejemplo del ensañamiento judicial contra quienes desafían el status quo.
UN SISTEMA QUE PERPETÚA LA REPRESIÓN
Pérez Martínez no ha sido el único en sufrir la persecución del Estado. Durante años, el PCE(r) y el conjunto del Movimiento de Resistencia Antifascista han sido golpeados con detenciones, torturas y largas condenas. La criminalización de la disidencia política sigue siendo una constante en España.
El Estado ha utilizado la lucha antiterrorista como excusa para reprimir a militantes de izquierda, mientras deja impunes los crímenes del franquismo y protege a la ultraderecha. Se habla de democracia, pero la persecución de opositores políticos sigue vigente. El caso de Pérez Martínez es la demostración de cómo el aparato judicial puede ser utilizado como una herramienta de venganza política.
A lo largo de su vida, ‘Camarada Arenas’ ha mantenido su compromiso político. Ha denunciado la brutalidad del Estado, la corrupción de la clase política y la explotación capitalista, razones por las cuales ha sido perseguido sin descanso. En una de sus entrevistas más recientes, aseguró que la lucha de clases en España no ha terminado y que la revolución socialista es inevitable. No son palabras vacías: su vida es la prueba de que el poder teme a quienes no se rinden.
Mientras Pérez Martínez ha pasado tres décadas en cárceles españolas y francesas, banqueros, empresarios y políticos corruptos caminan libres. La justicia en España no es ciega, solo obedece a los intereses de quienes mandan.
Su salida de prisión no pone fin a la represión ni borra el sufrimiento de años de encierro, pero deja claro que la resistencia no se apaga entre rejas.
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