La impunidad del PP es posible porque el sistema judicial les protege. A pesar de la cantidad de pruebas y testimonios, Rajoy ha salido indemne de todas las causas.
Mariano Rajoy y el Partido Popular han vuelto a hacer lo que mejor saben: negarlo todo. A pesar de diez años de pruebas documentales, audios incontestables y una condena del Tribunal Supremo, el expresidente se presentó en el Congreso con su eterna displicencia, afirmando que no tiene constancia de la «Operación Catalunya» ni de las maniobras sucias de su Ministerio del Interior contra Podemos. Jorge Fernández Díaz, su exministro del Interior, fue más allá: con el cinismo habitual, negó incluso sus propias palabras grabadas, sugiriendo que podía tratarse de manipulaciones tecnológicas.
El PP no solo no rectifica, sino que reafirma sus mentiras. En la comisión de investigación, Rafael Hernando calificó la Operación Catalunya de «invención de la prensa» y negó la financiación irregular del partido, pese a que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han certificado que la sede del PP se reformó con dinero negro de la caja B.
El discurso del Partido Popular es un insulto a la inteligencia. Su estrategia está clara: negar las evidencias, despreciar las pruebas, escudarse en tecnicismos y, cuando todo lo anterior falla, recurrir a la burla. Rajoy se mofó de las acusaciones, restándoles importancia, como si las maniobras ilegales para espiar y sabotear a la oposición fueran meras anécdotas de la vida política.
UNA TRAMA POLICIAL Y POLÍTICA QUE NO EXISTE… PERO ESTÁ CONDENADA
La impunidad del PP es posible porque el sistema judicial les protege. A pesar de la cantidad de pruebas y testimonios, Rajoy ha salido indemne de todas las causas. No está imputado por la caja B del PP porque los delitos estaban prescritos. No ha sido investigado por la trama Kitchen porque el juez García Castellón, fiel a sus intereses, decidió trazar una «línea roja» para evitar que la investigación llegara hasta él. Mientras tanto, su exministro Fernández Díaz enfrenta una petición de 15 años de cárcel, pero el juicio se retrasará hasta 2026. Suficiente tiempo para que la maquinaria del poder encuentre una salida.
En esta dinámica de impunidad, los jueces han sido fundamentales. García Castellón bloqueó cualquier intento de avanzar sobre Rajoy y su cúpa, declarando secreto el material que podría incriminarle. Por otro lado, el Supremo condenó al comisario Eugenio Pino por filtrar información robada en la causa Pujol, certificando la existencia de la Operación Catalunya sin mencionarla explícitamente. Es un triunfo en la forma, pero un fracaso en el fondo. El sistema protege a sus peces gordos.
La narrativa del PP no solo busca minimizar la gravedad de estos hechos, sino que también intenta deslegitimar cualquier intento de justicia. Rajoy, con su tono de superioridad, se permitió ridiculizar a Podemos cuando Ione Belarra le señaló que un informe policial acreditó las búsquedas ilegales en bases de datos de diputados de su partido. La respuesta del expresidente fue despreciativa: «No creo que sean tan importantes para mi vida».
Pero la realidad es que en 2016, el PP y su brigada parapolicial estaban aterrorizados con la posibilidad de que Podemos alcanzara el Gobierno con el PSOE. Por eso maniobraron para sabotear a la formación de Pablo Iglesias. Por eso viajaron hasta Nueva York para buscar información que pudiese dañarlos. Y por eso usaron fondos reservados en operaciones sucias, tapadas por una judicatura mansa.
Mariano Rajoy ha vuelto a hacer lo que siempre hizo: mentir, negar la realidad y esperar que el tiempo borre la memoria colectiva. Y, por desgracia, hasta ahora, le ha funcionado.
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