La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no trasladar a tiempo a su legislación nacional la nueva norma europea para proteger a los denunciantes de casos de corrupción y otros delitos que afecten a intereses de la Unión Europea (UE), una directiva que los países debían haber aplicado el pasado diciembre.
El Gobierno ya adelantó en diciembre que la transposición llegaría con retraso porque entonces quedaban «algunos flecos» que esperaban resolver al inicio de este año para iniciar tramitación, aunque esperaban dar tal paso antes de que el Ejecutivo comunitario abriera el expediente sancionador.
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