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Pese a que el país solo cuenta con el 2,7% de la población mundial, el 12,4% de los muertos por coronavirus en el mundo son brasileños.
Este martes por la noche se reunieron senadores brasileños para discutir sobre un informe que recomienda que el presidente Jair Bolsonaro sea acusado por 11 delitos, entre ellos el de homicidio por omisión, por presunta negligencia en su respuesta a la pandemia de COVID-19, y por llevar al país a la segunda mayor cantidad de muertos por coronavirus en el mundo: más de 600.000.
La pésima gestión de la pandemia por parte del presidente brasileño ha llevado al país a convertirse en el séptimo país del mundo en cuanto a decesos por número de habitantes. Pese a que el país solo cuenta con el 2,7% de la población mundial, el 12,4% de los muertos por coronavirus en el mundo son brasileños.
El relator del informe, el senador Renan Calheiros, presentará el texto este miércoles oficialmente en el Senado donde debe ser votado el día 26. De salir adelante, la acusación pasaría a la Fiscalía, un órgano afín a Bolsonaro.
Cargos contra más de 70 personas y 2 empresas
El informe de la Comisión de Investigación Parlamentaria del Senado (CPI) recomienda que también se presenten cargos contra más de 70 personas y a dos empresas por un total de 24 delitos, la mayoría de los cuales tienen que ver con la defensa de medicamentos ineficaces para tratar el covid-19.
Según Calheiros, Bolsonaro, muchos de sus ministros y otros integrantes del Gobierno actuaron para que el covid-19 se propagase lo más rápido posible. «Con este comportamiento, el Gobierno, que tenía el deber legal de actuar, consintió la muerte de brasileñas y brasileños», señaló. Además, los senadores creen que la política negacionista del Gobierno tuvo un papel clave en ese trágico resultado.
El texto de cerca de 1.200 páginas, al que tuvo acceso El País, indica que el mandatario dejó que el virus de la covid-19 se expandiera para intentar que la población alcanzara la inmunidad de rebaño con el objetivo de que la economía del gigante sudamericano se reactivara cuanto antes.
Los posibles 11 delitos de Bolsonaro
Previsiblemente, Bolsonaro será acusado de 11 delitos, en base al Código Penal, la Constitución y el Estatuto de Roma: delito por epidemia con resultado de muerte, infracción a medidas sanitarias preventivas, uso irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos, charlatanismo, prevaricación, genocidio de indígenas, crimen de responsabilidad, crimen contra la humanidad y homicidio por omisión, aunque el texto aún puede sufrir modificaciones hasta su votación la próxima semana.
El informe comprueba la existencia del llamado ‘gabinete paralelo’, compuesto por médicos, políticos y empresarios que asesoraban a Bolsonaro «con la intención de inmunizar a la población por medio de la contaminación natural, abogando por la inmunidad de rebaño» y actuando “en contra de las orientaciones técnicas del ministerio de Salud”.
Además, el presidente promovió públicamente el uso de cloroquina y la ivermectina contra el coronavirus, medicamentos sin eficacia probada. Y a todo esto hay que sumar un «deliberado atraso» en la compra de vacunas, primero por falta de entendimiento con la farmacéutica Pfizer y luego por sospechas de corrupción en la compra de las vacunas Covaxin y Sputnik V, que finalmente no fueron adquiridas por el Gobierno federal y que acabó costando la vida de miles de personas.
El gerente general de Pfizer para América Latina, Carlos Murillo, les dijo a los senadores que las primeras ofertas de la vacuna fueron hechas entre agosto y septiembre de 2020 con el compromiso de entregarlas ese mismo año, pero no se cerró el acuerdo con la farmacéutica hasta marzo cuando ya Brasil registraba más de 3.000 muertos al día por covid-19. Este retraso en la adquisición de vacunas llevó a la escasez de dosis y a la reducción del ritmo de vacunación y a que aumentara la mortalidad por el virus.
En los últimos días hubo fuertes tensiones entre los senadores y las dos acusaciones más graves contra Bolsonaro no consiguieron el consenso de todos los miembros de la comisión que ha llevado a cabo la investigación, sobre todo porque algunos no veían clara la base legal para acusar a Bolsonaro de homicidio por omisión en el combate al coronavirus y genocidio de indígenas por su “intención de someter a ese grupo específico de población al riesgo de contagio” (dado que habría que comprobar una intención deliberada de provocar la muerte).
La redacción final del informe se conocerá a partir de este miércoles, cuando se haga la lectura oficial, y se votará la semana que viene, y aunque se prevé que se apruebe sin problemas, el procurador general, responsable de acusar formalmente al presidente, ha demostrado reiteradamente que no tiene ninguna intención de incomodar a Bolsonaro.
También preocupa que el informe sea rechazado como consecuencia del desacuerdo respecto a los crímenes más graves atribuidos al presidente y a alguno de sus ministros y por diferencias políticas regionales entre los miembros de la comisión.
Los parlamentarios también deberán determinar si presentan cargos contra tres hijos de Bolsonaro por haber participado en la red de desinformación liderada por el presidente. Después, la pelota estará en el tejado de la Fiscalía.
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