Mohammed al-Sbeih recuerda aquella ladera al sur de Belén como se recuerdan las cosas que una familia no debería tener que defender ante soldados, tribunales ni plataformas digitales. Era una pequeña granja en las colinas de Cisjordania. Tres generaciones cultivaron allí trigo y cebada. No era un decorado. No era una postal. No era una oportunidad de negocio para turistas con ganas de “aire fresco”. Era tierra trabajada, heredada, vivida.

Ahora esa misma parcela forma parte del asentamiento israelí de Neve Daniel. Y una vivienda situada allí se anuncia en Booking.com como alojamiento con jardín, terraza, zona de pícnic y un entorno “ideal” para encuentros al aire libre. El capitalismo turístico ha encontrado una fórmula obscena: convertir el despojo en experiencia rural

Estados Unidos e Irán han anunciado un acuerdo de paz. Así, en seco. Después de semanas de maniobras cruzadas, amenazas, mensajes grandilocuentes y diplomacia a golpes de red social, Donald Trump ha proclamado este domingo por la tarde que el pacto con la República Islámica “ya está cerrado”. Lo ha hecho, como suele hacer casi todo, en Truth Social. No en una rueda de prensa sobria. No ante Naciones Unidas. No en un escenario pensado para la prudencia. En su escaparate personal.

La anomalía democrática ya no cabe debajo de la alfombra. Dos tribunales superiores de justicia, el del País Valencià y el de Madrid, han admitido a trámite sendas demandas de agentes de la Policía Nacional contra una prohibición que huele a otro tiempo: la que les impide afiliarse a sindicatos de clase, interprofesionales, como CNT, CGT, UGT o CCOO. La pelea apunta directamente al artículo 28 de la Constitución, que reconoce la libertad sindical, y al artículo 14, que garantiza la igualdad y la no discriminación. Fechas y cifras importan: la norma que ahora se discute fue aprobada en 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, y afecta a un cuerpo donde la escala básica suma más de 70.000 agentes.

La democracia estadounidense tiene una liturgia muy solemne. Banderas, discursos sobre la libertad, himnos, padres fundadores, ceremonias patrióticas y presentadores de televisión hablando de “oportunidad”. Luego llega la letra pequeña. Y la letra pequeña dice esto: 88 grandes corporaciones que no pagaron ni un dólar de impuesto federal sobre la renta empresarial en el año fiscal 2025 gastaron unos 852 millones de dólares en lobby y contribuciones electorales durante los últimos ciclos políticos.

No es una anomalía. Es el sistema funcionando.

El 11 de junio, Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra Unión Cuba-Petróleo, CUPET, la empresa estatal cubana de petróleo y gas. No fue un gesto administrativo. No fue una nota técnica del Departamento de Estado. Fue otro giro de tuerca contra una población que ya vive entre apagones, falta de combustible, problemas de transporte, hospitales tensionados y una economía castigada por 65 años de embargo estadounidense. Lo llaman presión. Lo llaman democracia. Lo llaman “apoyo al pueblo cubano”. Pero cuando una sanción corta energía, encarece comida, complica medicinas y deja a la gente sin movilidad, el nombre honesto es otro: castigo colectivo.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y viejo militante del cambio de régimen, defendió la medida acusando al Gobierno cubano de usar la energía como herramienta de represión, enriquecimiento y control social. El guion es conocido. Primero se asfixia un país. Luego se acusa al país asfixiado de no respirar bien. Después se presentan las consecuencias del bloqueo como prueba de que hacía falta más bloqueo. La maquinaria imperial funciona así: provoca la herida, señala la sangre y vende la amputación como tratamiento.