Peinado empuja a Begoña Gómez hacia el banquillo mientras la extrema derecha pide 24 años de cárcel 

La mujer del presidente comparece este 15 de junio ante un juez que amenaza con medidas cautelares en una causa sostenida por acusaciones ultras y cuestionada por la Fiscalía.

UNA CAUSA CON OLOR A PERSECUCIÓN POLÍTICA

Begoña Gómez comparece este 15 de junio ante el juez Juan Carlos Peinado en una audiencia preliminar que, sobre el papel, debería ser un trámite técnico. Pero aquí hace tiempo que el papel importa menos que la escenografía. El magistrado ha exigido su presencia personal, junto a la del resto de las y los investigados, bajo la advertencia de que podrían ser “conducidos por la fuerza pública” si no acudían. Así se construye un espectáculo judicial. Con frases de orden público. Con insinuaciones de fuga. Con una solemnidad impostada que sirve para convertir una causa discutida en una película de persecución.

La investigación lleva abierta más de dos años. Y ahora avanza hacia el juicio, salvo que la Audiencia Provincial lo frene. Peinado ha recibido ya los escritos de acusación de las organizaciones ultras que sostienen buena parte del procedimiento. Piden 24 años de cárcel para Begoña Gómez. Veinticuatro. No estamos hablando de una multa administrativa ni de una discusión académica sobre una cátedra. Estamos hablando de una petición penal descomunal formulada por acusaciones populares encabezadas por HazteOir y acompañadas por Vox, Iustitia Europa, Manos Limpias y otros actores de la derecha judicializada.

La desproporción no es un detalle. Es el mensaje.

El juez sostiene que, por la gravedad de las penas solicitadas, podría adoptarse alguna medida cautelar para evitar que las y los acusados “eludan” la Justicia. Y ahí aparece el absurdo con toga. Begoña Gómez se desplaza acompañada habitualmente por escoltas de la Policía Nacional. Juan Carlos Barrabés, también investigado, está gravemente enfermo según informes médicos incorporados a la causa. Aun así, el fantasma de la fuga se coloca sobre la mesa. No porque sea verosímil. Porque sirve para endurecer el relato.

La defensa de Gómez da por hecho que en la comparecencia se abordará la posibilidad de medidas como la retirada del pasaporte. Por eso acudirá personalmente, aunque en otras ocasiones había comparecido representada por su abogado, una opción prevista por la Ley del Jurado y aclarada por una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995. La diferencia no es jurídica. Es política. Cuando una causa se ha convertido en carnaza, cada ausencia se presenta como desafío y cada presencia como sospecha.

La Fiscalía, por su parte, ha pedido reiteradamente el archivo. No con ambigüedades. Ha acusado a Peinado de apoyarse en “hipótesis” y “alambicadas teorías” para intentar sentar a Begoña Gómez en el banquillo. El fiscal José Manuel San Baldomero ha reprochado al juez que convierta actividades profesionales, cotidianas e institucionales en una supuesta trama criminal. Dicho de otro modo: se fuerza una conexión para fabricar una arquitectura penal donde antes había relaciones profesionales, una cátedra universitaria y una montaña de sospechas sin cuerpo suficiente.

Cuando la Justicia se alimenta de insinuaciones, deja de parecer Justicia y empieza a parecer estrategia.

LAS ACUSACIONES ULTRAS Y LA MAQUINARIA DEL BANQUILLO

Las acusaciones populares atribuyen a Begoña Gómez delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. También piden 22 años de cárcel para Cristina Álvarez, asistente en la Moncloa, a quien acusan de haber ayudado en tareas vinculadas a captación de fondos, reuniones y supuestos negocios privados durante su horario laboral. La defensa lo niega y habla de una colaboración “ocasional”, limitada al envío de un número reducido de correos en momentos puntuales, sin menoscabo de recursos públicos.

La palabra clave aquí es “privado”. Se repite como martillo. Negocios privados. Intereses privados. Beneficio privado. Pero luego aparecen los datos y el decorado se agrieta. Según la Fiscalía, Begoña Gómez cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Universidad Complutense. No parece precisamente el botín de una organización criminal. No parece el gran saqueo nacional. Parece más bien una cifra incómoda para quienes necesitan vender una trama gigantesca y se encuentran con un importe que no sostiene el ruido.

La investigación gira en buena parte alrededor de la actividad profesional de Gómez en la Complutense. Peinado sostiene que, desde la llegada de Pedro Sánchez primero a la Secretaría General del PSOE y después al Gobierno, se tomaron decisiones públicas favorables a la cátedra que ella codirigió gracias a su “posición relacional”. Las acusaciones dicen que se valió de ser esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de manera irregular la Cátedra de Transformación Social Competitiva.

La defensa responderá que su relación con la Complutense empezó en 2012, cuando Pedro Sánchez no tenía responsabilidad pública alguna. También que fue ella quien creó el término “Transformación Social Competitiva”, que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria asumida en 2020, y que ese cargo no llevaba retribución económica. No es un matiz menor. Si una trayectoria empieza antes del poder institucional que supuestamente la habría favorecido, el relato de la influencia automática pierde parte de su encanto venenoso.

Otro frente es el software vinculado a la cátedra. Las acusaciones ultras dicen que Gómez se apropió del programa y lo colocó bajo su control en perjuicio de la Complutense. La defensa replica que el convenio preveía una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la universidad, que las empresas colaboradoras ingresaron sus aportaciones directamente en el patrimonio universitario y que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Y hay un dato decisivo: el software no llegó a finalizarse ni a usarse porque la Complutense canceló la cátedra. Sin uso, sin lucro y sin perjuicio patrimonial acreditado, la acusación empieza a parecer más una pancarta que una prueba.

Peinado también ha rechazado prácticamente todas las diligencias solicitadas por las defensas para la audiencia preliminar. La defensa de Barrabés pidió más de veinte testigos. El juez dijo que escucharlos no era “imprescindible” para decidir si abre juicio. También rechazó abordar los últimos informes periciales presentados por la defensa de Begoña Gómez, aunque estén incorporados al procedimiento. Curioso método: se avanza hacia el banquillo mientras se estrecha el margen para discutir lo que podría incomodar al camino hacia el banquillo.

Manos Limpias, el pseudosindicato que presentó la primera querella, ni siquiera parece cómodo con todo el paquete acusatorio. Ha pedido ir por libre por “diferencias radicales y profundas” con el resto de acusaciones. No ve claros tres de los cinco delitos atribuidos a la esposa de Pedro Sánchez ni tampoco la imputación de Cristina Álvarez. Hasta dentro del propio bloque acusador hay grietas. Pero la máquina sigue.

Tras escuchar a las partes, y decidir si impone o no medidas cautelares, Peinado tendrá que resolver en el mismo acto o en los tres días siguientes si abre juicio oral contra Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés. Todo apunta a que quiere dejar a las tres personas investigadas camino del banquillo antes de su jubilación, prevista para septiembre. La derecha lo llamará justicia. Sus terminales mediáticas lo llamarán limpieza. Las acusaciones ultras lo llamarán victoria. Pero cuando una causa avanza sobre hipótesis, penas infladas y sospechas convertidas en doctrina, lo que se sienta en el banquillo no es solo una persona: es la propia decencia institucional.