Entramos en la semana judicial que busca convertir la política en un banquillo permanente 

Begoña Gómez, Mercedes González y Zapatero encadenan una agenda de tribunales y Senado que llega en pleno estallido del ‘caso Leire’ y con la derecha oliendo sangre.

UNA AGENDA HECHA PARA ASFIXIAR AL GOBIERNO

No habrá tregua. Pedro Sánchez entra en una semana diseñada para que cada día tenga su dosis de desgaste, su titular judicial, su tertulia envenenada y su sentencia mediática antes de que hable ningún tribunal. El lunes, 15 de junio, Begoña Gómez está citada ante el juez Juan Carlos Peinado. El martes, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá en el Senado por sus reuniones con Leire Díez. El miércoles, José Luis Rodríguez Zapatero deberá defenderse ante el juez José Luis Calama como primer expresidente del Gobierno imputado. Y todo esto ocurre con el llamado ‘caso Leire’ en ebullición.

La política española ya no vive pendiente del Parlamento. Vive pendiente del juzgado de guardia, del informe policial filtrado, de la declaración convertida en espectáculo y de la derecha parlamentaria usando cada diligencia como si fuera un programa electoral. Cuando no dan los votos, aparecen las togas. A veces con causa. A veces con humo. A veces con una mezcla perfecta para alimentar la trituradora.

La primera escena llega el lunes. Begoña Gómez comparece ante Peinado en una audiencia preliminar fijada para las 18:00 horas, justo el día y la hora del debut de la selección española en el Mundial de Fútbol. El detalle parece menor, pero no lo es. En esta España de símbolos, ruido y sobremesa judicializada, hasta el calendario se convierte en mensaje. Peinado ha llegado a advertir de posibles conductas “tendentes a eludir la acción de la Justicia” y ha incluido el apercibimiento de conducción por la fuerza pública. Duro. Muy duro. Y políticamente explosivo.

El problema es que la instrucción contra Gómez lleva casi dos años dando vueltas sin que hayan aparecido indicios sólidos capaces de sostener el relato apocalíptico construido alrededor de ella. Eso no significa que no deba investigarse nada. Significa algo más básico. Investigar no puede convertirse en una forma de castigo anticipado. La justicia no debería funcionar como una campaña de demolición por entregas, ni como un plató donde la acusación popular ultra marca el ritmo y la política corre detrás con la lengua fuera.

Antes de esa cita, Sánchez reunirá por la mañana a la Ejecutiva Federal del PSOE. Lo hará con el partido golpeado por el registro de la UCO en Ferraz y por el impacto del ‘caso Leire’. La consigna prevista es conocida: defender un “Gobierno limpio” y un “partido honesto”, presentar la ofensiva judicial como una campaña orquestada y resistir. Resistir otra vez. Pero aquí hay una incomodidad que no se puede tapar con argumentarios. Si hay cloacas, se investigan. Si hay operaciones políticas, se denuncian. Y si hay barro propio, se limpia. No se administra.

Ahí está el caso de David Sánchez, hermano del presidente, ya visto para sentencia, con acusaciones de ultraderecha que han pedido hasta seis años de cárcel pese a la fragilidad que el propio juicio ha dejado al descubierto. Ahí está también Begoña Gómez. Y ahí está una maquinaria donde la frontera entre control democrático y persecución política aparece cada día más emborronada. La derecha ha aprendido que una querella puede hacer más daño que una moción de censura. Sale más barata. Y llena más horas de televisión.

ZAPATERO, LEIRE Y LAS CLOACAS QUE TODOS FINGEN NO OLER

El martes llega el turno de Mercedes González. La directora de la Guardia Civil acudirá al Senado a petición del PP para explicar sus contactos con Leire Díez, señalada en la investigación sobre una presunta trama ligada a Santos Cerdán para entorpecer investigaciones judiciales. Según la versión oficial, hubo dos encuentros de carácter “personal” y un tercero en el que Díez habría pedido maniobrar en favor de un agente imputado en la trama Koldo. Interior sostiene que no se hizo ninguna gestión y que no volvieron a verse.

El problema para el Gobierno es evidente. Durante meses, Interior negó de forma insistente esos encuentros. Después se confirmaron. Y cuando un ministerio niega algo que luego aparece en el sumario, el daño ya está hecho, aunque no exista delito. La política vive también de credibilidad. Y la credibilidad no se recupera con comunicados escritos a la defensiva cuando la oposición ya tiene montado el teatro.

PP y Vox intentarán acorralar a González. Lo harán con su estilo habitual: mucha indignación impostada, poca memoria y una enorme capacidad para señalar cloacas ajenas mientras pasan de puntillas por las propias. Porque si quieren hablar de cloacas, habrá que hablar de todas. También de la Kitchen. También de la guerra sucia del PP. También de esa tradición española tan repugnante de usar policías, medios amigos y juzgados como tuberías del poder. La derecha no descubrió las cloacas cuando dejó de controlarlas.

El miércoles llega el golpe más duro: Zapatero ante el juez Calama. El expresidente intentará desmontar la tesis de la UCO y del instructor, que sitúan parte de su actividad privada en torno a negocios con empresarios de reputación dudosa dentro de una presunta trama criminal dedicada, entre otras cosas, al tráfico de influencias. El caso se vincula al rescate de Plus Ultra, aprobado en 2021 por 53 millones de euros, y a los chats del empresario venezolano Rodolfo Reyes.

Aquí hay una pieza especialmente turbia: EEUU habría tardado cinco años en hacer llegar a España los chats que acabaron siendo claves para la imputación de Zapatero. El móvil de Reyes fue intervenido en 2021. La prueba llegó a la policía española en marzo, en plena escalada de tensión entre Sánchez y Donald Trump por la guerra de Irán. La defensa de Zapatero ha planteado dudas sobre la obtención del teléfono, la cadena de custodia y el uso fragmentario de las comunicaciones. No es un detalle técnico. Es el corazón del asunto. Una prueba mal obtenida puede envenenar todo un procedimiento.

Pero la situación de Zapatero se complicó el viernes 12 de junio. Calama abrió una pieza separada para investigarle por presunto delito fiscal y contrabando tras el hallazgo de joyas en el registro practicado el 19 de mayo en su oficina. El origen de esas piezas, según el juez, “en estos momentos no está justificado”. La tasación preliminar asciende a 1.323.915 euros. Una cifra que pesa como una losa. No condena a nadie por sí sola, pero políticamente es dinamita.

La joyería Ansorena valoró algunas piezas de forma muy elevada: un collar de oro blanco de 18 quilates con diamantes y dos esmeraldas naturales de Zambia aparece tasado en 278.000 euros; otro collar de oro blanco de 18 quilates con diamantes de origen tailandés, en 220.000 euros; otro con rubíes, en 155.000 euros. La normativa puede contemplar sanciones de hasta el 150% de lo defraudado y penas de hasta seis años de prisión por cada delito fiscal si se acredita la falta de declaración de bienes. Son palabras mayores. No propaganda. No espuma. Dinero, impuestos, aduanas y poder.

Mientras tanto, Sánchez viajará a Bruselas para el Consejo Europeo de los días 18 y 19 de junio y comparecerá formalmente en el Congreso el 24 de junio. Irá a hablar de Europa, sí, pero nadie finge ya que esa será la única cuestión. Tendrá que responder por la cascada de casos que golpean al PSOE, por Leire Díez, por Zapatero, por Begoña Gómez y por una legislatura convertida en carrera de obstáculos judiciales.

El Gobierno puede denunciar la ofensiva. Debe hacerlo si existen maniobras políticas. Pero también debe asumir algo elemental: no basta con presentarse como víctima cuando el país entero está viendo cómo la política se pudre entre sumarios, filtraciones, joyas millonarias, reuniones mal explicadas y una derecha que sueña con gobernar desde el barro.

España no necesita más cloacas con bandera; necesita que alguien levante la tapa y aguante el olor.