La gestión de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid ha llevado a la Renta Mínima de Inserción (RMI) a un punto crítico, dejando a miles de personas vulnerables en una situación de desamparo.
UN SISTEMA DESMANTELADO
La Comunidad de Madrid ha sido testigo de un alarmante deterioro en la prestación de la RMI, un apoyo vital para muchas personas en riesgo de exclusión social. Desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso al poder, este sistema ha sufrido recortes drásticos, evidenciando una falta de compromiso con los sectores más necesitados de la sociedad.
En el año 2023, de los 40 millones de euros presupuestados para la RMI, solo se gastaron 8.658.370 euros. La situación ha empeorado en 2024, con una inversión hasta marzo de apenas 486.769 euros, proyectando un gasto anual muy por debajo de los 15 millones presupuestados. Esta subejecución presupuestaria no es un error, sino una clara señal de las prioridades del Gobierno de Ayuso, que parece más interesado en mantener una imagen de austeridad que en atender las necesidades básicas de la ciudadanía.
Los datos son contundentes: en marzo de 2024, solo 1.122 personas fueron beneficiarias de la RMI, una cifra ridículamente baja en comparación con los más de 37.000 beneficiarios antes de la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta caída drástica en el número de beneficiarios refleja no solo la ineficacia en la gestión, sino también una desidia deliberada hacia las personas más vulnerables.
LA FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA Y EL INCUMPLIMIENTO DE PROMESAS
Cabe destacar que casi el 70% de las beneficiarias de la RMI son mujeres, subrayando una vez más la feminización de la pobreza. La promesa del Gobierno de Ayuso de aumentar la cuantía de la RMI hasta un 40%, equiparándola al IMV, no ha sido cumplida. Actualmente, la media de esta ayuda apenas supera los 400 euros mensuales, siendo la más baja de toda España. Esta cifra es una burla para quienes dependen de esta asistencia para sobrevivir.
La falta de compromiso del Ejecutivo regional no solo es evidente en la gestión de los fondos, sino también en la ejecución de políticas públicas que deberían proteger a los más vulnerables. El caso de la RMI es solo un ejemplo de una tendencia más amplia de desmantelamiento de los servicios sociales bajo la administración de Ayuso, que ha priorizado otros intereses por encima del bienestar de la ciudadanía.
La diputada socialista Lorena Morales ha denunciado que la renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid está al borde de la extinción total. “Esos recortes y esa falta de ejecución son a costa del sufrimiento de las personas más vulnerables, de las que más necesitan que el Gobierno regional les tienda una mano para volver a empezar”, ha señalado Morales, subrayando la hipocresía de una administración que se jacta de ser la región más rica mientras deja a sus ciudadanos en el abandono.
CONSECUENCIAS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) ha advertido que las bajas en la RMI están siendo absorbidas por el IMV. Sin embargo, señalan no conocer “el destino que está dando la Comunidad de Madrid a los fondos no ejecutados de la nómina de RMI”. La falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno regional es alarmante, y plantea serias dudas sobre la gestión de los recursos públicos.
La EAPN sugiere que la aprobación del IMV podría haber sido aprovechada para complementar ambas prestaciones, mediante una modificación normativa de la RMI en Madrid. Sin embargo, en lugar de buscar soluciones complementarias, ambas prestaciones se han vuelto incompatibles, dificultando aún más la ejecución de programas de integración social que desarrollan entidades sin ánimo de lucro.
“Otro dato que nos falta es el número de personas que no están recibiendo ninguna de las dos prestaciones porque tienen suspendida la RMI por estar pendientes de resolver su expediente de IMV”, denuncia la EAPN, subrayando la necesidad de una gestión más humana y eficiente que garantice una vida digna para todas las personas.
Este desmantelamiento de la RMI refleja una falta de empatía y compromiso con los sectores más desfavorecidos. Es imperativo que las autoridades regionales reconsideren sus prioridades y adopten medidas urgentes para revertir esta situación, garantizando que los fondos destinados a la RMI se utilicen de manera efectiva y lleguen a quienes más lo necesitan.
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