La Comunidad de Madrid puso a vigilar la sanidad privatizada a quien tenía intereses dentro del negocio.
El modelo de privatización sanitaria en Madrid vuelve a enseñar las costuras. No por una anécdota administrativa, sino por una estructura que se repite desde hace casi dos décadas. Según la investigación de Público, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adjudicó en 2022 la supervisión de hospitales de gestión privada a Hill International Spain, una empresa que era accionista indirecta de uno de los centros que debía vigilar, el Hospital de Torrejón. La situación se prolongó hasta agosto de 2025. El conflicto de intereses no es una interpretación ideológica. Es una incompatibilidad descrita en los propios pliegos del contrato.
La Consejería de Sanidad afirma que todo “está ajustado a derecho”. La empresa, directamente, no responde.
Para entender el alcance del caso hay que retroceder. Gobernaba Esperanza Aguirre cuando Madrid impulsó siete hospitales bajo el modelo de “concesión de obra pública”. Constructoras y bancos levantaban los centros y gestionaban durante 30 años los servicios no sanitarios, mientras la atención médica quedaba en manos del Servicio Madrileño de Salud. Para “monitorizar” ese sistema se creó una Unidad Técnica de Control. Dependía del Sermas, pero su personal era privado. Desde 2007, ese trabajo lo hace Hill International Spain.
Durante años, esa empresa supervisó la actividad y las cuentas de los hospitales privatizados. En 2022, ya con Ayuso en la presidencia, el Gobierno madrileño amplió su contrato: Hill pasó a controlar también los hospitales en “concesión administrativa”, los centros con convenio singular (como la Fundación Jiménez Díaz o el Gómez Ulla) y contratos centralizados de limpieza, lavandería y seguridad. Más poder, más alcance y más dinero público.
EL CONFLICTO DE INTERESES QUE SANIDAD NIEGA
Uno de esos hospitales bajo concesión administrativa es el de Torrejón. Desde 2009 y hasta agosto de 2025, su gestora, Torrejón Salud SA, tuvo dos accionistas: el grupo Ribera Salud con un 89,47% y Concessia con un 10,53%. Concessia no es una firma cualquiera. Es una sociedad creada para invertir en concesiones públicas, en la que Hill International posee un 5,67%.
La empresa que auditaba la actividad y las cuentas del Hospital de Torrejón desde 2022 era, al mismo tiempo, accionista indirecta del propio hospital. Así de simple. Así de grave. Expertas y expertos consultados por Público coinciden en que la imparcialidad de la supervisión queda en entredicho. Hill International fue ratificada en abril de 2023 como miembro del consejo de administración de Concessia por un plazo de seis años. No era un vínculo menor ni desconocido.
Cuando Público preguntó, la respuesta fue el silencio. “No vamos a hacer ningún comentario”, contestó Hill International Spain. Sanidad, por su parte, negó el conflicto y lo redujo a un “problema de distribución de accionariado”. Una explicación que choca frontalmente con los pliegos del contrato.
Porque el contrato firmado en 2022 es explícito. El adjudicatario no puede “tener compromisos con terceros que puedan suponer encontrarse en una situación de conflicto de intereses”. Y añade algo más: no puede haber participado directa o indirectamente en la concesión del Hospital de Torrejón, que aparece citado de forma expresa junto a otros centros. Los pliegos exigen además una “declaración responsable” en la firma del contrato. Mentir en esa declaración es causa de resolución contractual y de prohibición para contratar con la administración. Ni la empresa ni la Consejería han aclarado qué declararon.
UNA RED FINANCIERA AL SERVICIO DE LA PRIVATIZACIÓN
Resulta difícil sostener que Sanidad no conocía el entramado societario. La creación de Concessia en febrero de 2008 fue pública y celebrada en la prensa económica. Trece cajas de ahorro y la entonces Gerens Hill International fundaron una gestora de concesiones con un objetivo claro: controlar 37 concesiones públicas por 2.000 millones de euros en 10 años. Hospitales, carreteras, aeropuertos y residencias de mayores. Negocio garantizado con dinero público.
La crisis financiera barrió buena parte de ese proyecto. Hoy Concessia mantiene solo siete socios bancarios y una inversión relevante: el 23% del Hospital Universitario de Burgos. En 2023, perdió 9,89 millones de euros, que se sumaron a 3,37 millones en pérdidas acumuladas desde 2020. Estuvo en causa de disolución y tuvo que reducir capital en 11,46 millones para sobrevivir.
Hill International tampoco nada en beneficios en España: perdió 654.000 euros en 2024, aunque facturó 13,54 millones, un 8,8% más que el año anterior. Mientras tanto, el Hospital de Torrejón ha recibido 121 millones de euros en compensaciones públicas en los últimos cinco años, incluidos 32,8 millones pagados en el verano de 2025 para evitar su insolvencia.
La privatización no es eficiencia, es transferencia de recursos. Es convertir la sanidad en un circuito cerrado donde las y los mismos actores construyen, gestionan, supervisan y rescatan. Donde quien vigila tiene intereses dentro y donde el dinero público tapa agujeros privados sin depurar responsabilidades.
Aquí no falla un trámite. Falla un modelo. Y mientras nadie asuma que la sanidad no puede estar en manos de quienes hacen negocio con su control, el conflicto de intereses seguirá siendo la norma y no la excepción.
🔗 Investigación completa de Público: https://www.publico.es/politica/gobierno-ayuso-adjudico-supervision-hospitales-gestion-privada-empresa-era-accionista.html
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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